El proceso constituyente chileno 

Lo bueno, lo malo y lo feo de cara al plebiscito constitucional del domingo

Este domingo los chilenos irán a las urnas para decidir si aprueban o rechazan una nueva constitución. Con ello se debería poner fin a un proceso que tuvo su inicio en el estallido social de 2019, aunque las encuestas recientes auguran que, lejos de terminar, el proceso podría complicarse. 

Antes de analizar el producto final de este proceso —la constitución que se votará este domingo— hagamos un poco de memoria sobre cómo se inició este capítulo en la historia política de nuestro país vecino. 

Se conoce como estallido social a las masivas protestas que ocurrieron en Chile a finales de 2019. Se iniciaron como una protesta puntual sobre el alza de pasajes en el metro de Santiago, pero el mal manejo del conflicto por parte del gobierno y la frustración acumulada por una serie de problemas no resueltos, hicieron que en poco tiempo la revuelta creciera en intensidad y en extensión. En pocos días las protestas se habían extendido por todo Santiago y en las principales ciudades del país. La agenda ya no era solo el transporte, era también el sistema de salud, las pensiones, el modelo económico, la desigualdad, y una clase política que ya no estaba representando bien su papel.

El estallido social no tuvo un liderazgo claro, ni una agenda política única. Esto dificultó tremendamente la posibilidad de entablar un diálogo en espacios políticos formales para reducir la conflictividad. Además, el gobierno mostró gran torpeza al asumir un discurso de “mano dura”, que se tradujo en restricciones a los derechos fundamentales, presencia de militares en las calles, y documentados abusos por parte de la policía (carabineros), con un inusitado nivel de represion, lo que exacerbó aún más los ánimos. 

El conflicto social tuvo más de treinta muertes y alrededor de cuatro mil heridos, así como millonarios daños a la propiedad pública y privada. Un nivel de violencia que Chile no había vivido desde la recuperación de la democracia.

En un contexto de gran crispación y enfrentamiento, sin un norte claro, la clase política chilena logró encauzar el malestar por un camino institucional: la convocatoria a una consulta popular para determinar si se cambiaría o no la constitución vigente, que, pese a haber tenido varios cambios en democracia, seguía siendo la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Los intentos por cambiarla, como los realizados en el segundo gobierno de Bachelet, habían fracasado por tratarse de un tema muy polarizador entre izquierda y derecha. 

En esa primera consulta popular, la ciudadanía chilena tomó mayoritariamente tres decisiones importantes: la primera, es que se cambiaría la constitución; la segunda, que la propuesta de cambio la elaboraría una convención constituyente; la tercera, que esa propuesta sería sometido a una nueva consulta popular para ver si la ciudadanía la hacía suya o no. Esa convención encargada de la elaboración de la propuesta sería paritaria, con presencia no solo de los partidos políticos, sino también de independientes y representación directa de pueblos indígenas originarios. 

A las pocas semana se realizó la elección de los integrantes de la convención, cuyo resultado fue una asamblea con mucha fragmentación política y gran presencia de independientes. Debido, entre otras cosas, al desgaste político del gobierno de derecha, la convención estuvo ideológicamente más a la izquierda de lo que tradicionalmente ha sido la representación política de Chile, lo que influyó en el trabajo y el producto final presentado.

La Convención trabajó cerca de un año y dio como resultado la propuesta de constitución que se votará este domingo. Veamos ahora lo bueno, lo malo y lo feo de este proceso constituyente, para entender mejor las posturas y los ánimos de este referéndum. 

Lo bueno

Como hemos señalado, el proceso constituyente fue la salida institucional a una situación de conflictividad social que podría haber dañado seriamente a la democracia chilena. Esta solución mostró mucha madurez de casi la totalidad de los sectores políticos en Chile.

Otro aspecto positivo fue el nivel de involucramiento ciudadano en las consultas. El nivel de participación en las urnas fue el más alto desde que el voto es voluntario en Chile. 

Hay que destacar, también, que se haya “abierto la cancha” al permitir una mayor representación política de la ciudadanía por parte de independientes, entendiéndose el desprestigio por el que pasaban todos los partidos políticos en ese momento. Una elección solo de partidos hubiese disminuido el nivel de legitimidad ciudadana de la asamblea. También es positivo que se haya permitido una representación directa de pueblos indígenas, los que habían sido históricamente relegado de los espacios de poder. 

Respecto al funcionamiento de la convención, es interesante que se hayan explorado mecanismos de democracia participativa, como la iniciativa popular de norma: posibilidad de que la ciudadanía presente a través de internet propuestas normativas para ser incorporadas al debate constitucional. Si las iniciativas conseguían un determinado número de ciudadanos adherentes, la convención estaba en la obligación de discutirla. 

Respecto al producto final, el texto constitucional, hay cierto consenso en señalar que su mayor fortaleza está en el reconocimiento de derechos fundamentales, como aquellos vinculados a la salud, el cuidado del medioambiente y el respeto a las libertades individuales. El texto entiende bien en este punto la idea de la constitución como “la casa de todos”, dando amplia cobertura a una serie de reivindicaciones sociales impulsadas por colectivos sociales en las últimas décadas.

Lo malo

El principal problema que tuvo la Convención fue de concepto: el ánimo con el que fue elegida la asamblea no era reflejo de la visión y tradición política del país. Los convencionales se confiaron de la legitimidad de origen que le daban los votos recibidos, olvidando que el producto final debía apuntar a una base más ancha, que legitimaría —o no— lo trabajado. Así, el discurso asumido fue refundacional y poco dado a la búsqueda de consenso.

En esto también influyó la falta de experiencia política de muchos de los convencionales, quienes no estaban preparados para la negociación política, la gestión de las frustraciones y otros aspectos claves en un órgano colegiado que busca sacar adelante un gran acuerdo llamado Constitución. 

Esa falta de experiencia en la cosa pública puede explicar que una de las principales debilidades de la propuesta constitucional sea el régimen político y el diseño institucional del Estado (esquema de descentralización, reemplazo del senado por una “cámara de las regiones”, regulación de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, omisión de regulación del sistema electoral, etc). Por este aspecto, un sector de la centro izquierda, vinculada a los gobiernos de la Concertación, ha anunciado que votará “rechazo”, pese a simpatizar con la idea de una nueva Constitución. 

La constitución tiene, además, un ánimo por momentos muy reglamentarista, que trata de abarcarlo todo con mucho detalle en sus más de trescientos artículos (número muy elevado, en comparación a otras constituciones). Y, aun así, se cuenta con poca precisión en aspectos críticos, como la creación de sistemas jurisdiccionales de los pueblos originarios, donde se ha concentrado mucho de las críticas de quienes buscan rechazar la propuesta.

Lo feo

Las altas expectativas generadas se enfrentaron a mucho desorden inicial en el funcionamiento de la convención, acompañado de bochornosos escándalos e innecesarias polémicas que minaron su apoyo ciudadano. La percepción de un sector importante de la población es que no se estuvo a la altura del reto histórico, tanto en fondo como en forma. 

A ello hay que sumar una campaña electoral donde, tanto desde quienes apoyan el “apruebo”, como quienes van por el “rechazo”, ha faltado madurez y ánimos de debatir más allá de identidades políticas. Un sector de la derecha ha querido pintar a la propuesta de constitución como una amenaza chavista, lo cual es manifiestamente una mentira. Un sector de la izquierda quiere vender la idea de que la solución a los problemas está en los enunciados constitucionales, lo que no solo es una sobresimplificación, sino un evidente engaño. A ello hay que sumar estrategias políticas cuestionables de ambos lados, lo que ha vuelto a generar mucha crispación política. 

De acuerdo a las encuestas, el domingo debería ganar la opción de “rechazo”. Es decir, la desaprobación de la propuesta de la nueva constitución. Es importante tener claro que lo del domingo no es una elección “izquierdas vs. derechas” (de ser así, probablemente ganaría el “apruebo”). Si bien de parte de la derecha todos se oponen a la nueva constitución, en sectores progresistas hay también grupos opositores, por los motivos antes señalados. 

Lo interesante está en que existe consenso en los sectores más razonables de oposición al proyecto que esto no puede significar que las cosas se retrotraen a antes del estallido social de 2019 y que es necesario viabilizar un nuevo texto constitucional. Desde el lado del “apruebo” no se pierden las esperanzas de una sorpresa de último minuto, aunque en ese sector quienes tienen más fuerza política son los que propugnan el “apruebo para transformar”, es decir, quienes apoyan la nueva constitución, pero creen que esta debe ser reformada de inmediato en algunos puntos muy criticados. 

Como vemos, sea cual fuese el resultado del domingo, el complejo proceso constituyente parece estar lejos de terminar en Chile. ¿Estarán prestando atención quienes creen por acá que impulsar una iniciativa así es la solución más simple a todos nuestros problemas? 

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