Hoy domingo es el esperado referéndum sobre la Constitución chilena
Como nos detalló Alberto de Belaunde en su columna esta semana, Chile se encuentra en una encrucijada y, si bien de momento todo parece indicar que una nueva constitución no será aprobada, algunos entre los que la apoyan no pierden las esperanzas. El proceso ha sido democrático y, sin importar el resultado, el debate constitucional no ha terminado en Chile.
Por un lado, muchos en el centro consideran que, aun de ser aprobada, la nueva Constitución deberá ser reformada, porque temen que propuestas como la de abolir el Senado para dar paso a una Asamblea Regional resultaría en el fortalecimiento de la Cámara de Representantes, algo que no piensan que sea beneficioso. Entre ellos, algunos consideran que si bien deben darse cambios para garantizar los derechos sociales o proteger el medio ambiente, la manera en que se propone lograrlos es demasiado maximalista, que el espacio para la ambigüedad es excesivo y que los acuerdos serían muy difíciles de obtener.
Desde la derecha, la propuesta de declarar a Chile un estado plurinacional y de reconocer los derechos de los pueblos originarios es vista como particularmente peligrosa. Esto ha llevado, incluso, a una campaña de desinformación que afirma que se busca cambiar hasta el himno nacional y la bandera. Mientras tanto, en los sectores de izquierda prevalece la noción de que la nueva constitución garantiza de manera implícita la igualdad de condiciones para las comunidades que han sido explotadas por siglos y que terminaría con las grandes desigualdades que caracterizan al país, donde el sistema de salud pasaría a ser público y se darían cambios en el sistema privado de pensiones.
Si bien existe un genuino deseo por el cambio constitucional y el proceso ha sido democrático, nada de esto garantiza que se llegará a un consenso sobre el futuro constitucional en Chile. De cierta manera, las divisiones que han caracterizado históricamente a esta sociedad siguen estando muy presentes.
En Chile el 10 % de la población concentra el 60 % del promedio del ingreso nacional, y los años de la dictadura de Augusto Pinochet, así como del régimen neoliberal que instauró y que se ha mantenido en gran medida en los últimos cuarenta años, no han hecho más que solidificar esta división económica y social. Los años de bonanza económica y la apuesta por una sociedad de consumo basada en el crédito no lograron que la sociedad cambie de manera profunda y, en gran medida, esto llevó al estallido social de fines del 2019 y al proceso constituyente actual.
Pero esta no es la primera vez que Chile busca hacer cambios profundos en su sociedad basándose en el cambio constitucional. Como lo muestra Pablo Ruiz-Tagle en su libro sobre la historia del constitucionalismo chileno, la convicción de que las nuevas constituciones pueden cambiar las realidades sociales y políticas no es nueva. Según el autor, en Chile han existido cinco repúblicas, siguiendo la concepción francesa de que cada periodo constitucional corresponde a una.
Ruiz-Tagle presenta a los experimentos constitucionales del siglo XIX en que se busca establecer las bases de la nación como la Primera República; la Segunda sería la propuesta autoritaria de Diego Portales en la década de 1830, que, según muchos historiadores, garantizó el éxito del centralismo chileno. La Tercera República, que llama liberal, coincidió con la expansión del voto y la supremacía del poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y estuvo en vigencia entre 1870 y 1924. La Cuarta República, que llama democrática y que presenta con un hiato de casi una década, comenzó realmente en 1932 y termina con la caída de Salvador Allende. De una manera similar, según Ruiz-Tagle la Quinta República no habría comenzado hasta 1990 con la salida de Augusto Pinochet.
Cabe discutir brevemente cómo la constitución de la Cuarta República buscó implementar cambios profundos en la sociedad chilena. El 11 de septiembre de 1924, un golpe de estado llevó al cierre del Congreso chileno, se expatrió al presidente y se suspendió el orden constitucional. Si bien se dio una nueva constitución en 1925, entre 1927 y 1931 gobernó Carlos Ibáñez como dictador y en 1932 se sucedieron una serie de dictadores militares hasta que al final de ese año se consolidó finalmente el gobierno constitucional. Este periodo fue fundamental para que se extendieran los derechos constitucionales a los individuos, así como para la consolidación de la industria bajo los auspicios del gobierno.
Esta constitución exacerbó el conflicto entre los individuos y el colectivo de tal manera que en las décadas subsiguientes resultó en el enfrentamiento entre los terratenientes y el Estado que buscaba reformar el agro en Chile, así como impulsar la minería. Según Ruiz-Tagle, estos conflictos que el sistema constitucional provocó terminaron por llevar en gran medida al colapso del sistema y a la intervención de los militares en 1973.
Las respuestas que se proponen en la posible nueva Constitución chilena buscan atender estos conflictos que siguen vigentes, e intenta hacerlo de una manera diferente a la propuesta con el sistema neoliberal instalado desde la década de 1970, pero queda ver todavía si existe realmente el consenso para lograrlo.
Pensar, escribir, editar, diseñar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos (y sus pódcast) cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar. Haz click en el botón de abajo para contribuir y, de paso, espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.
El rechazo venció (tendencia que hace meses se veía venir), por una razón (dentro de otras): la mayoría de chilenos no desea la “refundación” de su país, solo desean mejorar lo que se venía haciendo mal. El discurso de las izquierdas (que tuvieron amplia mayoría entre los constitucionales chilenos) siempre será seductor, romántico y emocionalmente eficaz, pero cuando ello se traduce a un texto constitucional, que regirá la convivencia futura de un pueblo ante el Estado, quedan en evidencia sus contradicciones y débiles cimientos prácticos. Temas como la plurinacionalidad, la relativización de la propiedad de los territorios (incluso de la propia capital chilena), la fragmentación del poder judicial, entre otros, se discutieron abierta y democráticamente en diversos medios, incluyendo el acceso al texto constitucional. Nadie que haya querido, podrá decir que no tuvo la oportunidad a informarse. Es muy importante para la política latinoamericana lo sucedido en Chile, y la reflexión de un pueblo que siendo de derechas, centros e izquierdas, dejó el mensaje de hacer los cambios necesarios, pero sin dejar de lado todo aquello que los llevó de ser un país miserable con el 85% de pobres a inicios de los 70s a ser el país con mayor crecimiento económico en américa latina, el de mejor calidad de vida en la región y el de mayor índice de movilidad social dentro de todos los países de la OCDE (fuente OCDE).