Preguntas frecuentes sobre la JNJ

Lo que necesitas saber sobre la grave amenaza contra la Junta Nacional de Justicia en 7 minutos

En los últimos días ha estallado un nuevo escándalo desde el Congreso de la República: un grupo de congresistas busca destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que significaría una abierta vulneración a la independencia y balance de poderes. 

Sé que es difícil llevar la cuenta de los escándalos y amenazas que se producen desde el Congreso peruano, pero este es particularmente grave y merece nuestra atención. De hecho, es la más grave amenaza al estado de derecho desde que se recuperó la democracia en noviembre de 2000. Para ayudarlos a entender el caso, este breve artículo trae un formato de preguntas y respuestas.

¿Qué es la Junta Nacional de Justicia?

Es el organismo constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales. Asimismo, nombra o destituye a los jefes de la ONPE y RENIEC. Su funcionamiento es independiente del Poder Judicial, del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo.

¿Esas labores no eran realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura?

Así era antes, pero a raíz del escándalo denominado “Los cuellos blancos del puerto” —donde se destapó una red de corrupción judicial que tenía como epicentro el distrito judicial del Callao— los entonces integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura fueron destituidos y fue reformada la institución. Es decir, la Junta Nacional de Justicia reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura.

¿Y qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia desde su creación?

Desde finales de 2019, cuando empezó a funcionar, la Junta Nacional de Justicia ha destituido o sancionado a 15 magistrados supremos y ha sancionado a más de 260 jueces. Los principales afectados han sido los llamados “hermanitos”, aquellos que estaban involucrados en la trama de corrupción conocida como “Los cuellos blancos del puerto”.

¿Qué es lo que busca ahora el Congreso de la República?

La congresista Patricia Chirinos —elegida por la región Callao, exmilitante del movimiento Chim Pum Callao fundado por Alex Kouri— ha presentado una serie de pedidos de investigación y denuncias constitucionales contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Su objetivo es lograr su destitución. El Congreso ha aprobado una investigación sumaria, la cual no garantiza el debido proceso, con el objetivo claro —así lo han expresado varios congresistas— de destituir a sus integrantes. Como explica el periodista Diego Quispe en esta nota, no existe una adecuada motivación para la investigación, y menos para la destitución. 

¿Acaso no es una atribución del Congreso investigar y denunciar constitucionalmente a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia?

Sí, la Constitución establece esas competencias. Sin embargo, no basta con analizar si un organismo tiene o no competencias legales para actuar: es necesario analizar la motivación y también cómo se ejercen esas competencias. Un árbitro de fútbol tiene la atribución de sacar tarjetas rojas y expulsar jugadores, pero esta decisión debe estar motivada por faltas graves y no por la intención de favorecer al equipo contrario en un partido. 

La tarea de nombrar y remover jueces y fiscales es muy delicada. Se necesita que los responsables de hacerla no tengan presiones o amenazas del poder político.

¿Pero acaso Vizcarra no destituyó a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura en el 2018?

No. Lo hizo el Congreso de la República, con mayoría fujimorista y con el respaldo de varias bancadas. Esto ocurrió a raíz de los audios de “Los cuellos blancos” y toda la evidencia recogida que demostraba la participación de los integrantes del CNM en el caso. Las faltas graves estuvieron plenamente documentadas y la destitución se realizó respetando el debido proceso y con altos estándares probatorios. 

¡La Junta Nacional de Justicia fue creada por Vizcarra y la llenó de caviares!

Aquí no hay una pregunta, pero igual la responderé, pues es una afirmación falsa que se repite mucho en redes. Ni Vizcarra creó la Junta Nacional de Justicia, ni eligió a sus integrantes. La reforma constitucional que creó a la actual JNJ fue aprobada por el Congreso de la República, de mayoría fujimorista, y fue ratificada con más del 80 % de los votos en un referéndum. Los integrantes actuales de la JNJ —entre quienes se encuentra una exministra de Justicia y un expresidente de Osiptel designados por Alan García en su gobierno— ganaron un concurso público el 2019. 

Recordemos, además, que ese concurso público fue realizado por personas que, en su mayoría, no podrían ser tildadas de “caviares” o algo similar. La comisión fue presidida por Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, e integrada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos; el contralor general de la República, Nelson Shack; el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; el del Poder Judicial, José Luis Lecaros; y los rectores Antonio Abruña de la Universidad Privada de Piura y Jorge Alva de la Universidad Nacional de Ingeniería, ambos en representación de las universidades del país.

Además, pese a no ser el caso, si la JNJ estuviese “llena de caviares”, no es legal ni ético destituir a autoridades por tener determinada ideología o mirada política, pues en el futuro un congreso socialista podría destituir a autoridades solo por ser liberales, o uno progresista a funcionarios que considera conservadores. Eso solo sucede en dictaduras como las de Venezuela o Nicaragua.

¿Por qué es tan grave esta amenaza contra la JNJ?

Si el Congreso de la República destituye de manera arbitraria a la Junta Nacional de Justicia, mañana puede hacer lo mismo con Julio Velarde y el directorio del Banco Central de Reserva, con el contralor, o con cualquier institución que le resulte incómoda. No basta con que el Congreso tenga la atribución y los votos, es necesario que respete la separación de poderes y los altos estándares que exige la Constitución para este tipo de procedimientos. De otra manera desaparece el balance de poderes, requisito indispensable de cualquier democracia. 

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