El mundo empieza a prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”
La semana pasada se celebraron dos fechas importantes: el lunes 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental, y el martes 11 fue el “día de salir del clóset”, expresión coloquial que ilustra el momento en el cual una persona LGBT+ se reconoce públicamente como tal. Para quienes estamos involucrados en esos temas, ambas efemérides están conectadas, y por ello aplaudimos que esa semana la congresista Susel Paredes haya presentado un proyecto de ley para prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en nuestro país. Se trata de un proyecto que originalmente presenté a inicios del año pasado, pero que quedó en los archivos al cambiar el Congreso. Considero un acierto que la congresista Paredes lo haya vuelto a presentar aprovechando estas importantes fechas.
¿Qué son las “terapias de conversión”? Son aquellas prácticas que buscan cambiar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona LGBT+. Pueden desarrollarse a través de actividades de contenido seudocientífico o religioso: una psiquiatra que le da pastillas a una mujer bisexual para suprimir su libido, un psicólogo que trata de convencer a un chico gay que es así por no haber tenido figura paterna, un líder religioso que realiza un exorcismo a una persona trans porque tiene el diablo adentro, una mujer lesbiana que es sometida a una “violación correctiva” por parte de familiares para que “aprenda a ser una mujer de verdad”.
Ninguno de estos ejemplos es hipotético. Todos se encuentran documentados alrededor del mundo por informes como el de OutRight International (2019), el de ILGA (2020), y el del experto independiente de Naciones Unidas(2020). En nuestro país, el tema de las mal llamadas “terapias de conversión” fue tratado en un valiente informe de investigación de las periodistas Melissa Goytizolo y Fabiola Torres para Ojo Público (2019). También fue el foco de un informe sobre salud mental de Más Igualdad Perú (2020), donde se señala que 4 de cada 10 personas LGBT+ encuestadas habían sido objeto de alguna de estas “terapias”, la mayoría de ellas cuando todavía eran menores de edad.
Decimos que está mal referirnos a estas acciones como “terapias”, porque este nombre debería dársele solo a aquellas prácticas que buscan solucionar un problema o una enfermedad. La terapia es algo que busca hacerte bien, o que estés mejor. En el caso de las prácticas de conversión, lo que se quiere es cambiar o suprimir parte de la identidad de las personas, algo inherente a ellas mismas y que resulta perfectamente saludable y válido.
No existe ningún sustento científico para validar este tipo de prácticas: la orientación sexual y la identidad de género no pueden ser cambiadas. El único sustento que existe está en la homofobia y transfobia presente en nuestras sociedades, que siguen viendo a las personas LGBT+ como si fuéramos enfermos o inmorales, pese a que hace décadas que este ominoso debate quedó zanjado.
Sin embargo, algo debe quedar muy claro: que estas “terapias” no funcionen no las hace inofensivas. Las personas sometidas a ellas pueden enfrentar graves problemas de salud mental, e incluso física. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis lo ha señalado muy claramente en la carta que envió en respaldo a la iniciativa legal: “Se sabe hoy que estas actitudes prejuiciosas e intentos de modificación, lejos de ser beneficiosas, contribuyen a producir malestar, sufrimiento, autorrechazo, conductas autodestructivas, incluyendo el sometimiento ‘voluntario’ a supuestas terapias de conversión”. En esa línea, la Organización Panamericana de la Salud ha llamado a estas prácticas «una grave amenaza para la salud y el bienestar, e incluso la vida de las personas afectadas».
Es por todo ello que el experto independiente de Naciones Unidas para estos asuntos ha indicado que las llamadas “terapias de conversión” son en sí mismas prácticas crueles, inhumanas y degradantes, y que en algunos casos pueden llegar a ser formas de tortura. De ahí la invocación pública a los países para que realicen todos los esfuerzos para erradicar estas prácticas, recordándoles sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.
Entre los países que ya cuentan con legislación en este asunto están Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Alemania y Malta; también varios estados de Estados Unidos, Australia, y autonomías en España. En la región latinoamericana, Ecuador y Brasil tienen prohibiciones claras, y la semana pasada el Senado mexicano aprobó una norma para erradicar estas prácticas. En Chile se ha presentado un proyecto de ley y pronto se hará lo mismo en Uruguay, Guatemala, Colombia y Argentina. En Venezuela, la Federación de Psicólogos se ha pronunciado en contra de estas prácticas y ha pedido a la sociedad actuar contra ellas.
En Perú, tanto la Defensoría del Pueblo, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer se han pronunciado a favor de la erradicación de estas prácticas. Ojalá que más organizaciones profesionales de médicos, psicólogos y psiquiatras sigan el camino de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y apoyen la propuesta con un mensaje claro en contra de las “terapias de conversión”. Su voz autorizada puede ayudar a salvar vidas. Porque, independientemente de cuál sea el resultado final del proceso legislativo, —la actual conformación del Congreso no deja mucho espacio para el optimismo—, estos pronunciamientos públicos ayudan a visibilizar la problemática y transmitir un claro mensaje de alerta. No hay nada que cambiar o curar, y el intentar hacerlo puede generar daños graves y tal vez irreparables a alguien que queremos o, incluso, a nosotros mismos.
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