Madres puneñas y presos salvadoreños

Dos imágenes nos cuestionan el valor de la vida en Latinoamérica 

Esta semana, un par de imágenes me han llevado a preguntarme cuál es el valor que le damos a la vida en nuestra región. Tengo semanas de incomodidad viendo cómo en el Perú se criminaliza la protesta de tal manera que se haya normalizado la muerte de unas 60 personas en menos de ese número de días y que a cada momento veamos cómo se le lanzan gases lacrimógenos o se meta presa a cualquier persona que quiera ejercer su legitimo derecho a la protesta.

Las imágenes de gases, balas y perdigones contra las mujeres que han venido de Puno a protestar por la injusticia de que se haya asesinado a sus familiares y amigos, con sus hijos cargados a la espalda —como es su costumbre— nos han traído, además, la insensible crítica a que, según muchos citadinos, ellas expongan así a sus hijos. Es decir que no se puede protestar, porque inmediatamente uno es blanco del ataque.

Causa dolor ver que nuestra sociedad todavía esté tratando de entender lo que nos sucedió en la década de los 80, cuando miles de peruanas y peruanos eran asesinados fuera de Lima y pocos nos dábamos por aludidos porque eso pasaba muy lejos, a personas, además, a las que no considerábamos iguales. ¿No está pasando ahora algo semejante? Ahora que tiran gases y abalean a gente, no es posible seguir tan cómodos desde nuestra posición aislada.

Durante estos días, a estas imágenes se le unieron otras provenientes de las megacárceles en El Salvador. En dicho país centroamericano el presidente Nayib Bukele ha construido grandes complejos para albergar a unos 40.000 presos y esta semana ha comenzado a llevar a ellos a cientos de hombres acusados de ser parte de la Mara Salvatrucha y otras pandillas que habían convertido a su país en uno de los más peligrosos del continente.

Así, asistimos a la visión de cientos de hombres semidesnudos y tatuados de pies a cabeza, engrilletados, desplazándose como ganado. Es como si hubieran dejado de ser humanos y se hubieran convertido en una subespecie que se puede reducir y maltratar. Todo se hace mucho más violento cuando sabemos, además, que no se ha seguido el debido proceso y que estos hombres ignoran qué clase de futuro les espera.

Lo más espeluznante es que la reacción en El Salvador en general ha sido favorable. Bukele busca reelegirse en 2024 y este operativo era necesario para que muchos votantes se sientan más seguros. No falta quien diga que los pandilleros se lo han buscado y que sus propios tatuajes no son más que una confirmación de que no tienen buenas intenciones. La mano dura es sin duda popular y tampoco se puede negar que los índices de criminalidad en El Salvador eran insostenibles.

Pero cuanto más se escarba, más se entiende que es una medida problemática y peligrosa. No solamente el gobierno cobra a los familiares de los presos 170 dólares mensuales para alimentarlos y resguardarlos con una ganancia reportada de 17 millones de dólares mensuales —y se puede pagar más para costearle ciertos “lujos” a los presos—, sino que con las leyes actuales cualquiera puede terminar en una de esas megacárceles sin ningún tipo de proceso judicial.

Pero los problemas no terminan ahí. Quienes tienen tiempo investigando a Bukele, como los periodistas del periódico El Faro —entre ellos Óscar Martínez—, afirman que “Bukele tiene que venderse como el mesías que destruirá a las pandillas porque piensa reelegirse en el 2024”, algo, además, que la Constitución salvadoreña no permite de momento. Otro agravante es que, según Martínez, el operativo coincidió con la publicación del requerimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de unos 13 líderes de la Mara Salvatrucha, que muestra que en 2019 Bukele negoció con sus líderes la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios y reducciones de penas con el requisito de un apoyo electoral. Así, un jurado en los Estados Unidos ha validado que durante tres años el gobierno de Bukele negoció con las mafias.

Recordemos, además, que el problema entrelaza a los Estados Unidos y a El Salvador de una manera trágica. Incluso antes de que comenzara la guerra civil en 1980, con la creación del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Entonces, los Estados Unidos ya enviaban armas y entrenaban  al ejercito salvadoreño y fue por ello que Óscar Romero le escribió una poderosa y conocida carta a Jimmy Carter en 1978. La violencia se incrementó y para fines de los 80 se reclutaba niños desde los 10 años tanto en el ejército como en la guerrilla. Muchos de ellos buscaron refugio en los Estados Unidos y fue allí, en Los Ángeles, donde comenzaron las Maras. Años más tarde, cuando fueron deportados de regreso a El Salvador, se convirtieron en parte del engranaje del crimen internacional.

¿Es la solución meterlos presos? Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha comenzado una controversia con Bukele en Twitter al decir que para combatir al crimen se necesitan escuelas, bibliotecas y universidades, y que esa fue la manera en que se combatió la violencia en su país.

La respuesta es seguramente más compleja. Yo solo le pido a mis amables lectores y lectoras que cuando vean imágenes que deshumanizan, sea que se trate de madres recibiendo gases lacrimógenos u hombres atados como ganado, se hagan preguntas sobre el valor de la vida. 

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