Los secretos del número de fallecidos

La data se ha abierto y no debe cerrarse más  

Ayer, 180.764 peruanos y peruanas no fueron a votar: son el total de compatriotas fallecidos durante la pandemia. El padrón electoral para estas elecciones se cerró el 11 de abril de 2020, cuando aún teníamos la esperanza de sobrellevar la pandemia de una mejor manera, pero un año después nos encontramos con esta realidad terrible que duplica las cifras que teníamos por oficiales. 

            Esta es la primera gran verdad que deberá afrontar nuestro futuro presidente. 

            Con este sinceramiento, el Perú se convirtió en el país con más número de muertes per cápita por COVID-19. Para algunos, este proceso era innecesario, pues las muertes ya ocurrieron y no deberíamos airear nuestros problemas con el mundo entero, en especial, con otros países que no tienen ningún interés en sincerar sus cifras ni su manejo de la pandemia. Pero de una pandemia no se sale por la reputación de una marca país, se sale por una serie de soluciones que empiezan con el conocimiento detallado de la situación.  

            Ya en los primeros meses de la pandemia diversos científicos en redes sociales notaron que nuestra data oficial de muertes no mostraba toda la realidad. Por iniciativa propia empezaron a analizar la información del Gobierno y a publicar reportes independientes, especialmente a través de Twitter. Con cada reporte la presión crecía, puesto que los desfases entre la data publicada diariamente por el MINSA aumentaban con respecto a la data publicada por el SINADEF, que recoge los certificados de defunción de todo el país. 

            Así nacieron iniciativas como Open Covid Perú ^[1], conformada por científicos e investigadores voluntarios. En abril de este año el gobierno institucionalizó su interés por sincerar las cifras y mejorar las herramientas epidemiológicas para el control de la pandemia y creó un grupo de trabajo integrado por científicos ad honorem (Ragi Burhum, Mateo Prochazka, y Patrick Wieghardt), un representante de la OPS-OMS (Edgardo Nepo), representantes de la sociedad civil Walter Albán y Rocío VIllanueva, representantes del Ejecutivo, del CDC de Perú y del Instituto Nacional de Salud. A diferencia del grupo de trabajo establecido en julio del año pasado, este equipo temporal dependía directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros y no del Ministerio de Salud.

            Este trabajo se basó en la apertura y transparencia de la información epidemiológica, pero no se trató solo de un tipo de metodología: es un esfuerzo que requirió apoyo institucional, disponibilidad y conocimiento de los voluntarios que trabajan ad honorem. Sobre todo, requiere transparencia para no limitar la labor de los científicos con información que podría ser incómoda para el Gobierno. En una entrevista que me fue concedida, el biólogo Patrick Wieghardt, reveló que la primera pregunta que realizó antes de unirse al equipo fue: “¿Cómo podemos asegurarnos que se nos daría la data necesaria para realizar nuestra labor?”. Esta suspicacia fue resuelta desde un primer momento por la Presidencia del Consejo de Ministros. Según Wieghardt, que el grupo fuera instalado desde la PCM ayudó a la institucionalización del proyecto, junto con que los científicos fueron “muy independientes” en sus labores. 

El reporte indica que el desfase entre las cifras oficiales fue por errores en los reportes, mas no en los registros. Es decir, los 180 mil peruanos fallecidos sí se encontraban registrados en diversas bases de datos, pero no se encontraban reflejados en los reportes del Ministerio de Salud, que al 22 de mayo pasado solo consideraba 68 mil fallecidos. El grupo de trabajo no ha “encontrado” nuevos casos, solo ha usado una metodología existente a la que incorporaron nuevos criterios para acortar el desfase de muertes. El primer error que causó este desfase fue haber incluido en el reporte diario solamente las defunciones que ocurrían con casos confirmadosde COVID-19. Según Wieghardt, este error causó principalmente el desfase de la primera ola cuando las pruebas eran limitadas y muchas muertes no fueron confirmadas como coronavirus. El segundo gran error se conocía desde mayo del año pasado y fue incluir solamente casos identificados el día previo a la publicación de la sala situacional. Por ejemplo, si un paciente con prueba positiva fallecía, pero los papeles del certificado de defunción no eran ingresados el mismo día –por falta de tiempo, colapso del sistema de salud, falta de personal, entre tantas otras fallas de nuestro sistema­–, no se incluía en la cifra oficial del MINSA, pero sí quedaba registrado en las otras bases de datos, como el SINADEF, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (NOTI) y los sistemas de información de los laboratorios que registran las pruebas moleculares, serológicas y de antígenos.

            Una posible crítica al nuevo reporte es que podría estar incluyendo más casos de los reales, puesto que en una pandemia las personas no solo mueren de COVID-19. Sin embargo, para resolver estas dudas, el equipo especificó criterios para considerar las muertes producidas por COVID-19. Entre ellas se encontraban los casos de pacientes confirmados por una PCR, prueba serológica, imágenes radiológicas (tomografías o resonancias), pacientes sospechosos con nexos con un caso positivo, casos sospechosos confirmados por la Red Nacional de Epidemiología, cuadros clínicos compatibles y la información de los certificados de defunción. Para aclarar totalmente esta interrogante, le pregunté a Wieghardt si un paciente positivo para COVID-19 que hubiera muerto atropellado habría terminado registrado. Me confirmó que no, puesto que las causas de fallecimiento detalladas en los certificados de defunción permiten excluir a este tipo de casos. 

            Al ser el Perú uno de los primeros países en sincerar sus cifras, la publicación de este reporte fue recogido por diversos medios internacionales y científicos especializados en el seguimiento de la pandemia. Por una parte, muchos investigadores aplaudieron el hecho y exigieron que más países se sumaran a actualizar sus cifras. La noticia también fue replicada en grupos que cuestionan el uso de las mascarillas y las cuarentenas como medidas eficaces para controlar la pandemia. El argumento era el siguiente: “Perú ha sido uno de los países con las cuarentenas más estrictas y el uso de la mascarilla más extendido y ahora es el país con más muertes por cápita”. 

            Conociendo la realidad de nuestro país, más allá de las pantallas, sabemos que la cuarentena estricta estuvo siempre lejos de nuestra realidad. Respecto a esto, un dato que precisa Wieghardt es que los contagios también se dieron dentro de los hogares. La cuarentena protege del virus, pero no si el virus está dentro de tu casa, algo que sucedió en nuestro país. 

Del reporte y del trabajo del equipo se recogen muchos aprendizajes, tanto positivos como los que no debemos repetir en esta y en futuras pandemias. Wieghardt destaca el rol de la ciudadanía, que demanda transparencia mediante las redes sociales; la posibilidad de comunicar los resultados de forma sencilla para que la población también los pueda entender –recomiendo revisar la sección de preguntas frecuentes del informe–; la necesidad de virar a un Gobierno digital y la de compartir la información para que pueda ser fiscalizada por la propia sociedad. 

            Una frase de Wieghardt es ideal para cerrar este artículo: “La puerta de la Open Data ya se ha abierto y no debe cerrarse”. 

^[1] El equipo está conformado por: Alexander Valerio Cruz, Anel Vásquez, Brenda Jauregui, David Castillo, Eva Javel, Juan Carlos Carbajal, Manuel Bellido, Nicolás Mendoza, Patrick Wieghardt, Ragi Burhum, Rodrigo Torres, Victor Sanchez, Wilmer Quispe