Reflexiones a raíz de la publicación de “Ser mujer en el Perú”
Tengo en mis manos el libro “Ser mujer en el Perú: Dónde estamos y a dónde vamos” (Planeta, 2022), estudio realizado por la abogada feminista Josefina Miró Quesada y el investigador y juguero Hugo Ñopo. En él encontramos información valiosa que nos permite entender la desigualdad de género en el país, desde la situación de violencia, pasando por el acceso al empleo, la educación, la participación política, y otras facetas del desarrollo social de las mujeres.
Este trabajo ha sido posible gracias a un estupendo manejo de fuentes de información, así como el valioso esfuerzo de sistematización, interpretación y reflexión realizados por Josefina y Hugo, quienes vienen trabajando estos asuntos desde hace muchos años. El libro es una referencia imprescindible para cualquier persona que desee abordar este tema tan relevante desde la academia, la política o el activismo.
Leyéndolo, pensé en lo valioso que sería tener un libro así para abordar la problemática de la desigualdad que enfrentan los grupos que conforman la diversidad sexual en nuestro país. Lamentablemente, pedirle a Hugo y Josefina, o a otros investigadores, un libro sobre “Ser LGBT+ en el Perú” enfrentaría un escollo casi infranqueable: para el Estado peruano, principal generador de estadísticas socioeconómicas, esta comunidad no existe.
O, por lo menos, hace lo posible para que parezca que no existe. Por ejemplo, la comunidad LGBT+ es la única población en estado de vulnerabilidad que no cuenta con estadísticas oficiales producidas por el INEI. Si alguna autoridad local quisiera saber cuántos vecinos de su distrito son adultos mayores para poder diseñar un programa para ellos, podría acceder a la información geolocalizada con un gran nivel de precisión. Si algún académico estuviera realizando una investigación sobre comunidades indígenas amazónicas en determinada región, podría tener toda la información socioeconómica que busca. Si algún periodista quisiera escribir un informe sobre el acceso al empleo de las personas con discapacidad, también podría acceder a datos que ayuden a entender el panorama.
Nada de eso sucede con la comunidad LGBT+. Ni el Censo, ni la Encuesta Nacional de Hogares, ni ningún otro instrumento de medición del INEI incluye la variable de orientación sexual o identidad de género de sus ciudadanos.
Y esto no solo sucede con el INEI. Hoy, en pleno año 2022, ni siquiera podemos tener un aproximado del número de personas LGBT+ asesinadas por crímenes de odio en el país. Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial cuentan con esa información. Los pocos datos que existen son recogidos por organizaciones de la sociedad civil de los medios de comunicación y redes sociales, con las limitaciones evidentes que ello conlleva.
La poca información con la que se cuenta sobre la comunidad LGBT+ contribuye a entender el panorama, pero no es suficiente. Existe la Primera Encuesta Virtual Para Personas LGBTI, realizada por el INEI en 2017 e impulsada entonces por organizaciones de sociedad civil y mi despacho parlamentario, cuyas características metodológicas y técnicas evitan que pueda ser considerada como algo técnicamente representativo. También existen esfuerzos trabajados con el sector privado, como la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Estos esfuerzos de visibilización, producidos gracias a la voluntad de algunos funcionarios sensibilizados, permiten ejemplificar algunas de las situaciones de discriminación que sufre la comunidad LGBT+, pero no permiten tener información detallada y exacta sobre nivel educativo, acceso al empleo, situación económica, etc. Una encuesta virtual o un trabajo como el de Ipsos no suplirán nunca la evidencia que genera la estadística oficial.
¿Cómo se pueden generar políticas públicas que incluyan a este sector de la población, o reflexiones de fondo, como la que nos ofrecen Hugo y Josefina en torno a la mujer, si es que no contamos con las herramientas necesarias? Lo que no se ve no se pregunta, y si no se pregunta, no se investiga ni se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Vemos así la exclusión literal de un grupo de peruanas y peruanos por parte del estado al que pertenecen.
La tarea de visibilización no es fácil. Debido a los estigmas muy presentes en nuestra sociedad, muchas personas no quieren visibilizar su identidad de género y orientación sexual, y menos de cara al Estado. Sin embargo, es necesario que se emprenda el esfuerzo y se busquen mecanismos creativos para contar con esa información.
Las estadísticas oficiales de un país deben permitir conocer a profundidad las diversas problemáticas que ahí ocurren, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. Es parte de los elementos claves de un auténtico estado democrático, donde todos puedan aspirar a ser reconocidos como ciudadanos.