Lo que está en juego en la transferencia de educación a la alcaldía de Lima
Jose Luis es sociólogo, Máster en Gestión de Políticas Públicas. Papá de Nicolás. Con 15 años de experiencia como servidor civil y asesor en gestión pública a instituciones del Estado y la cooperación internacional. Convencido del poder del diálogo, la educación y la ciudadanía activa. Docente en la Escuela Nacional de Administración Pública. Promotor de la iniciativa Para Gobernarnos Mejor.
En realidad, queda corto referirse al proceso descrito en el subtítulo como una “transferencia de funciones”. Lo que realmente está por ocurrir en la capital peruana es la creación de una nueva autoridad educativa. Lo que la descentralización hará es redistribuir poder político para acercarlo al territorio, y este poder recaerá en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El Ministerio de Educación se concentrará en su rol rector y dejará la administración de 3.165 escuelas públicas y 25 institutos superiores, y la supervisión (si se hiciera) de 11.313 escuelas privadas, 65 mil maestros y auxiliares, y más de 3.5 miles de millones de soles.
Pero no solo se transfieren servicios, sepámoslo bien: en el caso de Lima, se trata del poder de conducir la educación para 2.354.900 estudiantes, es decir, un tercio de los estudiantes del país. Y más en realidad, porque —vaya recálculo— se trata de la agenda educativa de la tercera parte de la población del país.
Y es ahí dónde percibo el error de haber convertido este asunto en un desafío burocrático, en preocuparnos más en cumplir con el proceso de la transferencia y no en entender el alcance de su impacto en la vida de los limeños. Es como si no estuviéramos hablando de esto porque pareciera ser solo un acto administrativo.
En términos procedimentales, el proceso es limpio. Lentísimo, pero limpio. La descentralización se inició el 2002, pero recién en 2008 se concluyó la transferencia de 21 funciones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación a 25 gobiernos regionales, quedando solo pendiente la transferencia a la Municipalidad de Lima. Hace once años, en 2011, se aprobó el plan de acción para transferir la educación a Lima. Pasaron alcaldes que no quisieron recibir la función y ministros que no quisieron dejarla ir, hasta que este 2023 el proceso se retomó por voluntad del alcalde en funciones.
Pero esto no es municipalizar la educación. Recordemos que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un régimen especial: es, en términos reales, un gobierno regional para todos los efectos. Que se porte mediáticamente más como alcaldía que como gobernación es un tema de estilo político de quien ocupa el cargo.
Pero vamos al fondo. Subrayo tres elementos que creo que están en juego con esta decisión:
1. Para qué ciudad quieren asumir la educación.
Acercar la educación a un territorio permite des-sectorizarla. Es una oportunidad de mirar las condiciones que mueven la educación multisectorialmente, algo que un ministerio nunca va a poder hacer. Al pasar la educación a un mundo multisectorial, por supuesto que los resultados finales se potencian: la educación se introduce en una ecuación territorial multiactoral.
Para hacerlo, la MML tendría que reconvertirse. Agregar la educación a su misión institucional no es un elemento cualquiera. Esto no es gestión de residuos sólidos, seguridad ciudadana o limpieza y ornato público: esto es el derecho a la educación. Y, por tanto, responde al ejercicio de un derecho para lograr el desarrollo de una población y el desarrollo de un territorio. ¿Ya sabemos cuál es esa visión de Lima? Una Lima con muchas Limas dentro. Esa visión de la ciudad y el Proyecto Educativo de Lima deberían ser la primera piedra de la creación de esta autoridad.
Cómo la educación se suma a la ciudad de Lima, y cómo la ciudad contribuye a la educación: esa combinación es fortísima, pero hoy no existe.
2. Educación es un asunto de deliberación de toda Lima, no un acuerdo entre dos instituciones.
¿Con quiénes construimos ese proyecto educativo? ¿Por qué hacerlo ahora, o cuándo es el mejor momento? ¿Cómo representamos todas las visiones de Lima y sus limeños? ¿Cómo se recompone la relación de los vecinos y las familias con una municipalidad educativa y ya no solo con una municipalidad de serenazgo, limpieza pública y transporte urbano?
Asumir esa autoridad exige la más alta y plural deliberación, no un acuerdo entre dos instituciones que definen poderes en un acta.
3. La educación es un terreno de alta politización: que esa contienda no entre en las aulas.
No tengo que explicar demasiado lo que es obvio: la educación es un campo político.
A los partidos, las comunidades de fe, las familias y los sectores sociales les interesa saber lo que los estudiantes aprenden, qué les enseñan y por qué. Permanentemente, habrá una batalla contra lo que busque convertirse en intromisión curricular y favorecer intereses particulares.
Y aunque la autoridad ejercerá en su territorio para efectos de conducción, no somos un Estado federado; así que nunca será el rector de la educación. El currículo, sus enfoques y la política educativa nacional se TIENEN que respetar, sean o no de nuestro gusto partidario o personalísimo. La educación será agenda politizada, pero tenemos que proteger a los estudiantes de que esa contienda no condicione o limite sus aprendizajes, se meta en sus aulas, o en las decisiones de los docentes y el sistema.
Y, punto aparte, no subestimemos cómo se debe recibir organizacionalmente la competencia de Educación. Las gerencias de la MML no son unidades ejecutoras de presupuesto. Y la competencia de Educación supone ocho unidades ejecutoras de presupuesto en distintas UGEL, un volumen de administración que tendría riesgosos cuellos de botella en una entidad centralizada si no encuentra independencia y especialización en un organismo autónomo. Pero este es un campo técnico que, aunque central, no es tan importante como los puntos en juego que pretendo subrayar en este artículo.
No me malentiendan. Hay que acercar las decisiones al territorio, esa sigue siendo nuestra apuesta, pero no con el desorden que se hizo en la fallida descentralización, ni con la ingenuidad apolítica de quien agrega una función más en un reglamento.
En tiempos de alta polarización y precariedad institucional, el riesgo de tomar estas decisiones y fallar no es menor. Parafraseando el altisonante lema que desplegó la campaña del actual alcalde de Lima, la educación nos hará potencia mundial si llega a todas y todos, sin privilegios, sin atajos, sin intolerancias, sin inequidades. Esa es la potencia de ciudad que querríamos tener.
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