La persecución de homosexuales en Venezuela nos recuerda oscuros capítulos de la historia LGBT+ latinoamericana que parecían superados
México, 1901
En noviembre de ese año, en el centro de la Ciudad de México, se organizó un baile de la alta sociedad. La diferencia con otros eventos similares es que este se trataba de un baile solo de hombres. Acudieron 42 hombres, de ellos, 24 se encontraban travestidos: maquillaje, vestidos elegantes, pelucas, aretes y todo lo necesario para cumplir con la fantasía. No era la primera vez que se organizaba algo así, pues era una de las formas clandestinas que las personas de la diversidad sexual tenían para socializar en esa época.
Lamentablemente en esta oportunidad fueron descubiertos por la policía. Los 42 fueron detenidos, aunque uno de ellos logró su inmediata libertad. Los rumores indican que era el yerno del dictador de la época, Porfirio Díaz.
¿Y cuál era la razón para detenerlos? De acuerdo a las autoridades, se estaba cometiendo el delito contra la moral y las buenas costumbres, lo que evidentemente es una interpretación arbitraria de la norma. Como también fue arbitrario el castigo: humillación pública, detención trabajos forzados, y un grupo de ellos – el de menores recursos – fue obligado a enlistarse en el ejército.
El caso – conocido como “El baile de los 41” – fue incorporado a la cultura popular mexicana, siendo usado para la burla y el escarnio de los homosexuales. De hecho, el número 41 pasó a ser una forma velada de hacer referencia a los homosexuales. Más grave aún fueron las consecuencias jurídicas, pues a partir de entonces y por décadas se hicieron comunes las redadas policiales, el chantaje, la tortura, las palizas y el encarcelamiento de homosexuales utilizando el artículo del Código Penal que tipifica el delito contra la moral y las buenas costumbres.
Lima, 1959
El 31 de enero, cientos de homosexuales y hombres travestidos participaron en una fiesta en el recordado restaurante La Laguna, en Barranco, el cual se ubicaba en el espacio donde hoy se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo. Este evento es conocido como “El baile de la laguna” y forma parte de la historia queer limeña. Quien mejor ha trabajado este episodio es el sociólogo Diego Galdo-González. La información aquí consignada pertenece a su trabajo The ball of La Laguna: Class, race, and gender in a mid-twentieth-century cross-dressing ball in Lima, Perú, publicado por la Universidad de Duke.
La fiesta fue a todo dar. Alrededor de doscientas invitaciones fueron cursadas por un grupo clandestino llamado Club Vive Como Quieras, y se enmarcaban en las celebraciones carnavalescas. La investigación señala que en la fiesta “algunos de los invitados participaron en un concurso de belleza y desfilaron por la pasarela vestidos de odaliscas, tigresas y princesas, con trajes que habían encargado con meses de antelación a modistas locales o importado de diseñadores extranjeros”.
Pocas horas después, en lo mejor de la fiesta, la sociedad reaccionó. El diario La Crónica recoge el testimonio del entonces prefecto de Lima: “El alcalde de Barranco, señor Campodónico, me llamó a la 1:40 de la madrugada del sábado 31 de enero (era casi domingo) para informarme de un incidente muy grave. Se estaba celebrando, en un restaurante llamado La Laguna, un baile con invertidos, algunos vestidos con atuendos femeninos. Inmediatamente, llamé al oficial jefe de la Guardia Civil y le notifiqué el incidente. Este oficial llamó, por teléfono, al capitán Carlos Padilla, de la Comisaria de Barranco…”. El baile fue suspendido cerca de las tres de la mañana.
Para el diario La Crónica la fiesta se trató de un «escándalo que avergüenza al Perú y que ningún hombre con moral y patriotismo podría soportar». Nuevamente, bajo el marco legal de “protección de la moral y las buenas costumbres” se inició una persecución de los asistentes, con detenciones arbitrarias, abusos y chantajes, acompañada de una cobertura mediática sensacionalista y abiertamente homofóbica.
Al igual que en el caso mexicano, esta ilegal actuación policial no fue una excepción sino que marco la regla en las décadas por venir. Por ejemplo, en 1996, hace menos de treinta años, la Comisión de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas – organización internacional hoy conocida con el nombre Outright International – denunció en una nota de prensa que “más de 600 personas fueron detenidas en una serie de redadas en clubes nocturnos gay de Lima a finales de enero y principios de febrero. Según relatos de personas detenidas en las redadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y de la policía municipal de Lima entraron en las populares discotecas gays Sagitario, 1031, Kan Yu, Papillón, Agata, Aruba, Stefany, Sabor y Rambler la noche del 26 de enero. Aunque los agentes afirmaron que sólo buscaban a los menores de edad o a quienes carecían de identificación adecuada, detuvieron a todos los presentes -un total de más de 300 personas- y no informaron a nadie del motivo de su detención”.
Venezuela, 2023
El domingo 23 de julio, hace poco más de dos semanas, la Policía Nacional Bolivariana allanó un sauna privado en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Ahí detuvieron a 33 hombres adultos que habrían estado participando en una orgía. No había nadie menor de edad y todos participaban del encuentro privado con consentimiento. Varios de los detenidos denunciaron que los policías les exigieron el pago de cientos de dólares para liberarlos en el momento.
El lunes 24 la policía publicó en redes sociales, para el escarnio público, la identidad de los detenidos, mostrando sus rostros, nombres, apellidos y objetos personales. La noche del miércoles 26, una jueza admitió la imputación hecha por la fiscalía por los delitos de ultraje al pudor, asociación ilícita y contaminación sonora.
Todo esto en pleno 2023.
En un comunicado firmado por más de cien organizaciones LGTB+ de América Latina se señala lo que a estas alturas debería ser evidente: “Perseguir y discriminar con base en la orientación sexual e identidad de género viola las garantías constitucionales y constituye una violación a derechos humanos. Todas las personas son iguales ante la ley y al mismo tiempo somos distintas de manera individual. No existe una única forma de sentir y amar, y tal diversidad no constituye delito, ni podría justificar detenciones arbitrarias, violencia o negación de derechos”. Los treinta y tres seguirán el proceso judicial en libertad, aunque en las últimas horas, debido a la presión nacional e internacional, la oficina del Fiscal General ha señalado que pedirán que el caso sea archivado.
Lo ocurrido en Venezuela no es solo un episodio más de indignante violación de derechos humanos por parte del régimen chavista, es también el recuerdo de una historia muy reciente en la región de persecución – en dictadura y en democracia – contra las personas de la diversidad sexual por el simple hecho de existir, de relacionarse, de querer vivir su identidad con libertad. Recuerdo que, a la luz de lo que viene ocurriendo en Venezuela, nos debe hacer tomar conciencia de la fragilidad que pueden tener los avances sociales conquistados. No podemos bajar la guardia.
¡Justicia para los 33!
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