Volver a tocar el fondo


Un nuevo y grosero ataque a la editorial estatal más importante


Después de la renuncia forzosa del desatinado y muy presumiblemente corrupto Wilmar Elera a la tercera vicepresidencia del Congreso, el 11 de agosto se eligió a su reemplazante, Alejandro Muñante, de las filas de Renovación Popular. Y tres días después, por motivos que al menos yo no he visto justificados, la mesa directiva decidió un cambio en sus responsabilidades organizacionales: dos oficinas que estaban bajo la tercera pasaron a la tutela de la primera vicepresidencia del parlamento, un cargo que ocupa desde hace unas semanas la ultrafujimorista Martha Moyano.

Una de estas oficinas es la de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Aprovechando que se trata de un puesto de confianza, inmediatamente Moyano removió a su jefe y lo reemplazó por la inefable Karina ‘Smart’ Beteta. Con la misma celeridad y amparada en la misma prerrogativa, doña Martha operó también en el otro despacho que acababa de heredar, el Fondo Editorial del Congreso (FEC). Así nombró para la jefatura a Milagros Takayama.

 Beteta es tristemente recordada por ser una de las presencias más chirriantes del periodo legislativo 2016-2021 que, como todos recordarán, fue truncado por la disolución del Congreso en setiembre del 19. Mucho menos popular, Takayama también formó parte de aquella aplanadora naranja. Es decir, y para que quede clarísimo, ni bien pudo Moyano nombró a dos de sus correligionarias para ocupar puestos relevantes.

¿Y quién es Milagros Takayama? Una abogada chiclayana que postuló al Congreso el 2011 y a regidora del distrito de José Leonardo Ortiz el 2014, en ambas ocasiones sin éxito. Su suerte cambió el 2016. Ya como parlamentaria integró la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde junto a Beteta, Luis Galarreta y otras entidades por el estilo se dedicó a blindar con pasión al exfiscal Pedro Chávarry. Luego del desafuero, la señora Takayama fungió de personera legal de Fuerza Popular, y se abocó a impugnar actas electorales del partido ganador de las elecciones del 2021. Su truculento desempeño le valió terminar siendo denunciada por el presunto delito contra el derecho de sufragio.

Esta es, amables lectores, la nueva jefa del Fondo Editorial del Congreso. ¿Tiene experiencia en el sector? No, ni un poquito. Pero eso no importa. Nada impide que un total extraño al trabajo editorial, alguien que nunca dirigió ni un boletín se haga del mando de una de las editoriales más esforzadas y valiosas del país. No hay que darle explicaciones a nadie, no se necesita justificar la elección por méritos o trayectoria. Basta con que lo quiera el (la) congresista a cargo. Esto porque se trata, repito, de un puesto de confianza. 

            Toca revisar esta reciente historia congresal de la infamia.

            En mayo del 2020 fue elegida como tercera vicepresidenta del Congreso transitorio María Teresa Cabrera, de Podemos Perú. Como podía hacerlo, nombró como jefe del FEC a Antonio Jáuregui, un exempleado de la oficina de Comunicaciones que se presentaba como especialista en “comunicación política y gubernamental, comunicación electoral, comunicación institucional, periodismo y voto electrónico”. Sin ningún afán de menospreciar su carrera ni sus logros (que no los conozco), debo decir algo que es una verdad grande como una catedral: el señor Jáuregui nunca, en toda su vida, había estado al frente de un solo proyecto editorial. 

Durante su gestión, Jáuregui contrató a cuatro personas adicionales al equipo permanente: al esposo de su exjefa en el Área de Comunicaciones, a un camarógrafo (el FEC no tiene ni una cámara); a un ingeniero que coordinaba el área de Audiovisuales también en Comunicaciones; y a una secretaria (cuando ya había una, lo que era más que suficiente). ¿Todo esto para qué? Para sacar adelante la ‘tienda virtual’. Entraron directamente a planilla, nada de CAS.

En diciembre del 2020 se eligió una nueva mesa directiva. Como tercera vicepresidenta del Congreso apareció Matilde Fernández, quien había sido amonestada por la comisión de Ética por aprovecharse de un vuelo humanitario para viajar a Cusco en plena pandemia. Siete meses después de su designación, Paredes removió a Jáuregui y, en su lugar, colocó a un tal Javier Eduardo Paredes. ¿Saben cuántos libros había editado este señor? Ninguno, claro. ¿Pero habrá trabajado en alguna editorial, no? No. ¿Ha publicado algún texto? Cero. Experiencia en la materia: nada.

Ese nuevo jefe del más importante sello editorial estatal es contador y abogado y tiene una maestría en Gestión Municipal y Desarrollo Local. Se desempeñó como profesor universitario de Contabilidad hasta el 2018. El 2019 fue asesor de la municipalidad de Ate, y durante 2019-2020, regidor de la de Surco. En marzo del 2020 se le apareció la Virgen y pasó a ocupar el puesto de asesor de la segunda vicepresidencia del Congreso, durante la mesa directiva de Merino. Trabajaba para el despacho de Guillermo Aliaga, de Somos Perú.

Cuando dicha mesa directiva cayó en desgracia ascendió Matilde Fernández, también de Somos Perú, a la tercera vicepresidencia. Y fue así que, de alguna manera, lograron reciclar partidariamente al amigo Paredes (que ya no podía ser asesor de Aliaga) poniéndolo en el FEC.

El penúltimo capítulo de este relato resultó un cambio para bien: Patricia Chirinos puede ser muy —muuuy— criticable, pero cuando le tocó el turno en julio del año pasado, escogió bien: nombró a Carlos Cabanillas, un periodista de muchísima trayectoria y experiencia editorial para dirigir el sello. Y estaba haciendo un buen trabajo, en el marco, además, de los festejos por los 25 años de la institución… hasta que llegaron los fujimoristas.

Ya vemos que no solo en el Ejecutivo se nombran incapaces solo por afinidad.

            El FEC es una institución seria que aporta mucho al diálogo, la investigación y el desarrollo de las ideas en el país, por lo que termina siendo una de las caras más amables del Congreso. Su jefatura tiene que dejar de ser un puesto de confianza, a merced de personas que desconocen el oficio; y, por el contrario, ser dirigida por profesionales experimentados que hagan carrera y trabajen en proyectos a corto, mediano y largo plazo, con objetivos y metas ponderables. Meritocracia. Eso garantizaría la autonomía y la calidad de las publicaciones de una editorial tan prestigiosa financiada con dinero público. No es —no debería ser— una agencia de empleos para copar de allegados. Los libros toman tiempo, la línea editorial se construye, no se improvisa. No puede cambiarse al jefe cada vez que es nombrado un nuevo vicepresidente que, además, haga un uso libérrimo de su poder. 

Pero así funcionan las cosas. Creen que cualquiera puede hacer ese trabajo. La cultura nacional no les importa, o de frente la desprecian. Porque son unos ignorantes y unos sinvergüenzas.


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