¿Es que el Tribunal Constitucional quiere ahuyentar la buena inversión privada?
A estas alturas parece ocioso exigir que los poderes del Estado se comporten como se debe en una sociedad democrática. En esta, donde todos somos iguales ante la ley, quienes reciben la delegación de poder de sus ciudadanos tienen que estar organizados de tal modo que ninguno pueda conducirse de manera arbitraria. Para ello se requiere candados que eviten las soluciones radicales; en otras palabras, los denominados pesos y contrapesos contra el abuso de poder.
Con todos sus problemas, la versión inicial de la Constitución vigente tenía unos mecanismos que, al menos, simulaban esos pesos y contrapesos: la censura, la cuestión de confianza, el cierre del Congreso y la posibilidad de recurrir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Recordemos, sin embargo, que todo está encadenado: al Tribunal lo elige el Congreso, la composición del Congreso depende de la cifra repartidora, y esa cifra repartidora fue la causante de que alguna vez tuviéramos un Congreso con supermayoría a pesar de que el partido ganador —Fuerza Popular— solo recibió el 25 % de la votación válida. Esta lista de “peros” en los eslabones no ha hecho más que seguir intocada porque nadie ha querido asumir el costo político de mejorar la representación aumentando, por lo menos, el número de congresistas.
A estas deficiencias en el diseño se agregó la práctica de varios congresos recientes que recibieron o formaron mayorías absolutas que hicieron más cambios a la Constitución del 93. Hoy, aquella constitución que tenía un mínimo de candados para protegernos del uso abusivo del poder, ha establecido un claro desbalance a favor del Legislativo.
Hasta hace poco, ante un Poder Legislativo poco reflexivo y populista nos quedaba el amparo y los procedimientos ante el Poder Judicial y, agotada esa instancia, ante el Tribunal Constitucional. Ahora, incluso el Tribunal Constitucional nos ha dejado desamparados, literalmente, al declarar que la Constitución es violada cuando un ciudadano o grupo de ciudadanos inicia procesos en el Poder Judicial para corregir procedimientos o disposiciones discrecionales del Congreso.
La nota de prensa del Tribunal Constitucional que informaba sobre esta decisión me dejó pensando en cómo esa decisión afectaría a la inversión y al crecimiento económico. Preciso mi inquietud: ¿a qué tipo de inversionistas le atraería un país con tal desequilibrio de poderes? Es claro que un país que no cuenta con pesos y contrapesos contra el ejercicio abusivo del poder será una tierra fértil para la arbitrariedad. Esta, a su vez, suele acomodarse con corrupción. El producto o servicio resultante será de baja calidad y los consumidores terminaremos maltratados, estafados y mortificados en una sociedad donde gana la desconfianza. Esta, a su vez, eleva los costos de transacción y con ello reduce el tamaño del mercado.
Aquí ya no importa si estoy de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, o con los derechos de todas las personas ante la ley, con el derecho a una muerte digna, o con la necesidad de un enfoque de género en el currículo escolar: aun si mi única motivación en la vida fuera promover la inversión privada y dinamizar la economía de mercado, el fortalecimiento del uso abusivo del poder a través de este fallo le da un “recto de derecha”, como diría un aficionado al boxeo, a la confianza necesaria para atraer inversión de calidad. Ninguna derecha liberal podría estar de acuerdo con este fallo.
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Esta señora no tienen la menor idea de lo que escribe. Los amparos nunca te «quedaban» para bloquear al congreso, eso es una aberración inconstitucional que viola el principio constitucional de la división de poderes. Lo ilegal es que un Juez cualquiera usurpe funciones e impida mediante cautelares que el Congreso funcione y ejerza una potestad exclusiva como nombrar TC o defensor.
Esa mayoría con cifra repartidora, era legal y el pueblo, ese que los socialistas invocan sin que lo respalde, le dio ese poder al fujimorismo. Solo en la ignorancia supina, formar alianzas y mayorías es algo ilegal, cuando justamente gran parte de la política se trata de eso para poder gobernar.
El TC ha dado sentencia ejemplar. Si no quiere que elijan a tal o cual persona, haga su partido, gane suficientes curules y obtenga mayoría, de lo contrario acate las reglas de la democracia en la que usted y su grupo es minoría… o sea, no manda, entiende???? Deje de violar la constitución que quienes destruyen la democracia son ustedes los socialistas.