La historia de una institución importante y de su reciente manoseo
Una de las innovaciones más bienvenidas de la cuestionada Constitución peruana de 1993 fue la introducción de la figura de la Defensoría del Pueblo, un organismo dedicado al cuidado de los derechos de los ciudadanos. Los antecedentes de este tipo de entidad se encuentran en el Ombudsman sueco, que existía ya de alguna manera en el siglo XIX y que encontró su forma definitiva en el país nórdico en 1974. En España, por su lado, la Constitución de 1978 tenía espacio para un alto comisionado de las Cortes, pero no se llegó a crear la Defensoría del Pueblo como tal hasta 1981.
En Guatemala se creó una Defensoría de los Derechos Humanos en 1985, como parte de una estrategia en la búsqueda de paz. La Constitución de Brasil también la contempló así en 1988, y su mandato se ha modificado varias veces desde entonces. Es claro que en los años 90 en América Latina se desató un furor por la creación de las defensorías: Colombia instaló la suya en 1991 con su nueva constitución; El Salvador adoptó la suya en 1992 en los acuerdos de paz firmados en Chapultepec, y ese mismo año México creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con un mandato similar al del Defensor del Pueblo.
En el Perú, durante los debates de la Constitución de 1993, la Defensoría se planteó como un ente autónomo —desde 1979 sus facultades las asumía el fiscal de la Nación— mucho más en línea con lo que existía en Colombia, España y Suecia. La propuesta provino de Cambio 90, el partido oficialista de Fujimori, y se presentó como una innovación acorde con las tendencias mundiales y regionales en materia de defensa a los derechos humanos, algo irónico considerando que fue ante ese mismo Congreso Constituyente Democrático que llegaron las denuncias sobre la desaparición de los estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán Valle conocida como “La Cantuta” en 1992. Ante esto, los partidos de oposición lograron formar una comisión investigadora dentro de aquel congreso dominado por los fujimoristas, quienes buscaron limpiar su imagen proponiendo la Defensoría del Pueblo.
Carlos Ferreyros de Cambio 90 dejó en claro que la propuesta de separar la Defensoría de la Fiscalía contaba con el apoyo de todos los partidos políticos —incluyendo a los opositores Frente Independiente Moralizador y Movimiento de Izquierda Democrática— y citó sus orígenes en Suecia. El congresista declaró que:
“No todos los derechos humanos son resultado de un proceso judicial. Es decir, se puede vulnerar los derechos humanos sin necesidad de que ello se produzca dentro de un proceso judicial. Claro, no se niega que los derechos humanos también se puedan vulnerar en un proceso judicial, pero esa no es la esencia del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es el defensor de los derechos humanos, en cualquiera que sea la circunstancia de los hechos que se produzcan, y no necesariamente como resultado de un proceso judicial”.
Como sabemos, la moción fue aprobada y Jorge Santistevan de Noriega fue nuestro primer Defensor del Pueblo, elegido en 1996 luego del largo proceso que estableció la Ley Orgánica que regía el cargo, tras una fallida primera elección el año anterior. Santistevan se convirtió en un candidato de consenso coyuntural y precario, pero necesario, porque para ser elegido requería tener el apoyo de dos tercios de los legisladores.
Su elección podría explicarse por haberse encontrado ausente del Perú por tres lustros debido a su trabajo en el sistema de las Naciones Unidas y por su amplia trayectoria como catedrático, abogado laboralista e investigador, además de haber ejercido en grandes estudios al servicio de grandes empresas, lo que explica que fuera bien visto tanto desde la izquierda como de la derecha. Su ejercicio en el cargo, en momentos en que Fujimori buscaba perpetuarse en el poder con la Ley de Interpretación Autentica de 1997, fue tan cuidadosa como valiente, alineándose con las personas cuyos derechos habían sido vulnerados, con quienes estaban injustamente encarcelados, con las víctimas de la violencia política, con los pueblos de la Amazonía y con los derechos de la mujer.
El papel que jugó la Defensoría en el complicado periodo de 1998 al 2000, y su esfuerzo por mantener el dialogo ante las crecientes amenazas del aparato fujimorista no debe ser soslayado. En los años siguientes, Walter Albán, Beatriz Merino, Eduardo Vega, e incluso Walter Gutiérrez Camacho, siguieron los pasos de Santistevan.
Hasta hace poco, el cargo lo ocupaba una funcionaria de larga data en la institución, Eliana Revollar Añaños, que esta semana fue reemplazada por Josué Gutiérrez, elegido por el actual Congreso en un cuestionado proceso en el que la legisladora Maricarmen Alva cambió su voto a último minuto. No han sido pocos quienes cuestionan si Gutiérrez se puede considerar independiente, ya que fue legislador del partido de Ollanta Humala, abogado defensor de Vladimir Cerrón y hasta hace unos días militante de Perú Libre.
El camino a este desacierto ya había quedado libre en febrero, cuando el Tribunal Constitucional —con un voto en oposición de Manuel de Monteagudo— declaró que el Congreso tenía la competencia de decidir en la elección del Defensor del Pueblo, algo que el Poder Judicial había buscado impedir en respuesta a la acción de amparo interpuesta por el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo.
Así, los mismos funcionarios de la entidad consideran que el Defensor elegido no es idóneo para el cargo, y que el proceso no ha seguido los requisitos mínimos de “publicidad”, “transparencia” y “participación de la sociedad civil”.
En este escenario de autoritarismo creciente y de vulneración de los derechos humanos, ¿nos defenderá el nuevo Defensor?
Quizá no haya mejor ejemplo de lo debilitada que está nuestra democracia que este manoseo en la elección de un personaje que simboliza el pare a los abusos en contra de los ciudadanos.
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Veraz, preciso y valiente artículo de Natalia Sobrevilla