Las batallas por la memoria continúan

El cierre del LUM no es un caso aislado en Perú y en la región

Desde hace quince años dicto en la universidad un curso que lleva por título Terror y terrorismo de Estado en América Latina, y en él mis alumnos comparan los casos de lo sucedido durante dictaduras en la Argentina, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador, y trazamos comparaciones con hechos acaecidos en Nicaragua, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Estados Unidos y Cuba. Cada año, mientras observo lo que sucede en la región, me queda muy claro que las batallas por la memoria están lejos de llegar a su final.

Lo sucedido esta semana con el LUM (Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión social) no es un incidente aislado ni tampoco es algo que tenga que ver únicamente con lo que sucede en el Perú, aunque el detonante sea muy específico. La campaña de un sector de la derecha por silenciar y desarticular el proyecto de memoria que pone al medio la reparación real y simbólica a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos no es nueva. Lo que han logrado ahora es hacerse del poder a nivel local en ciertas municipalidades distritales, así como en la municipalidad de Lima, además de coincidir con un gobierno débil que se sostiene de la mano de los militares y los sectores más recalcitrantes de la derecha.

El incidente particular —una inspección municipal y un cierre temporal— no es ni siquiera lo más importante, pero no deja de ser peligroso porque le da pie a los perpetradores de este atentado de construir un discurso muy sencillo: “No es nada contra el LUM, es simplemente que incumplen una norma municipal”. Sin duda, haber elegido hacer la diligencia el día en que se presentaba el informe de Amnistía Internacional sobre los asesinatos en el Perú desde la llegada al poder de Dina Boluarte, no parece ser una casualidad; así como tampoco el hecho de que la municipalidad haya incumplido su propia normativa al no dar las 48 horas para subsanar la falta y cerrar el local a 5 horas de la inspección.

Mucho más llamativo es que al juramentar en enero, el alcalde de Lima le pidiera al alcalde de Miraflores que cerrara el LUM. Y mucho más problemático es que la intención de cerrar este espacio haya sido una de sus promesas de campaña, no solo al sillón municipal, sino a la presidencia cuando postuló en el 2021. Peor, incluso, es que esta no sea una estrategia limitada a su grupo político, sino que tenga un alcance mucho más grande, pues son numerosas las voces que piden que se impongan las verdades a medias, con mentiras o, incluso, el olvido.

Como le digo todos los años a mis alumnos, el pasado no es realmente pasado y la historia es donde se disputa permanentemente la memoria. Si bien tradicionalmente quienes cuentan lo sucedido suelen ser los vencedores, en el siglo XX y en el XXI la lucha para que se reconozca la verdad y se alcance la justicia en América Latina se ha dado y se sigue dando desde muchos espacios; el esfuerzo para que los muertos y desaparecidos que suman cientos y miles no queden en el olvido es incansable. 

Las batallas comenzaron con las dictaduras, cuando en los 70 en Argentina y Chile —además de Uruguay, Paraguay y Brasil— desaparecieron personas a diestra y siniestra y las madres salieron a las calles a reclamar por sus hijos. En el caso de la Argentina, el hecho de que fueran mujeres —a las que llamaban ‘las locas’— hizo más difícil callarlas, ya que, por un lado, no se les creía capaces de lograr nada y, por el otro, porque culturalmente es casi imposible negarle a una madre el pedido de encontrar a sus hijos. Tristemente, esto se vio replicado en casi todos los países de la región y, en el caso peruano, con Mama Angelica y ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú).

Desde entonces los organismos de derechos humanos luchan incansablemente por la verdad y han sentado las bases para los procesos de justicia. Una vez más, el ejemplo lo dio la Argentina, donde el nuevo gobierno democrático organizó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que produjo el Informe del Nunca Más en 1984, que devino en el juicio a nueve de los militares que dirigieron las juntas en 1985. Cinco de ellos fueron condenados —dos a cadena perpetua— y los otros cuatro fueron absueltos.

Pero la solución no fue tan sencilla. En 1986, Raúl Alfonsín dio la Ley de Punto Final para terminar con los procesos judiciales en contra de los militares que habían perpetrado crímenes. Un año más tarde promulgó la Ley de Obediencia Debida, que dictaminaba que quienes solo acataban órdenes no fueran considerados culpables. En gran medida, se decidió no seguir buscando justicia por temor a otro levantamiento militar: ya lo habían amenazado los “cara pintadas”. Su sucesor, Carlos Saúl Menem, llegó aún más lejos y en 1989 y 1990 indultó a varios de los sentenciados. Así, el retroceso en cuanto a la política de derechos humanos en la Argentina fue tremendo. 

En los 90, cuando Chile tuvo su transición, las posibilidades de justicia y reparación se vieron tremendamente limitadas por la posición de poder de Augusto Pinochet, quien se mantenía como jefe de las Fuerzas Armadas y contaba con inmunidad de por vida al ser senador vitalicio. No fue hasta que decidió viajar a Londres para un tratamiento médico cuando se dio con la sorpresa de que una corte española pedía su arresto. Este momento marcó un hito muy importante, no solo en Chile, sino en toda la región, porque de pronto nadie resultó intocable. Se dieron juicios en el Perú, se levantó la amnistía en Argentina y los juicios comenzaron de nuevo.

Todas estas luchas son parte de los procesos en los que todos los ciudadanos nos vemos insertados y, una vez más, nos toca enfrentarnos contra quienes buscan el olvido y la tergiversación de los hechos. Este año, en que se cumplen veinte años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es innegable que ciertos sectores quieren cerrar y silenciar espacios como el LUM, pero el LUM sigue abierto en línea y haciendo eventos. Por ello invito a todos a visitar su página web, a conocer su repositorio de documentos o hacer una visita virtual: https://lum.cultura.pe/

Una vez más, corresponde volver a alzar nuestras voces y repetir que no nos cansaremos de buscar justicia y de luchar por la memoria. 

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