La era de las contrarreformas


Los congresos cambian, pero los esfuerzos por retroceder se mantienen


La semana pasada el Congreso aprobó por amplia mayoría la nulidad del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Este es un elemento clave de la reforma educativa que se viene implementando en el país desde hace quince años, la cual cuenta con gran resistencia por parte de un sector del magisterio que se niega a ser evaluado.

Este ataque contra la Carrera Pública Magisterial debe verse dentro de un contexto más amplio. Los últimos tres congresos —el disuelto, el complementario y el actual— han tenido diversa conformación política pero un claro elemento en común: su impulso contra las reformas promovidas por diversos gobiernos y que buscan hacer frente a los graves problemas de nuestro país, como la situación de la educación, el transporte o la contaminación ambiental. 

Veamos ejemplos concretos. En los tres congresos podemos encontrar varios proyectos de ley de diversas bancadas para traerse abajo a la Sunedu y la reforma universitaria. Encontramos también proyectos para petardear la formalización minera, favoreciendo así a la minería ilegal e informal que está destruyendo nuestra Amazonía, o para congelar la ley que regula los plásticos de un solo uso, que tanta contaminación generan en nuestros ríos y mares. 

En materia de transporte encontramos proyectos de ley en contra de cualquier intento de reforma, a favor de los taxis colectivos y otros males que acechan nuestras pistas. Sin importar que en los últimos cinco años más de 14 000 personas fallecieron en accidentes, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo.

También hay iniciativas contra la reforma del servicio civil y contra las tímidas reformas electorales. Ni qué decir sobre la campaña permanente contra el currículo escolar y cualquier reforma que busque incorporar un enfoque de género a las políticas públicas. 

¿Por qué si cambian las correlaciones de fuerzas y las personas que ocupan los escaños, se mantiene en nuestro parlamento este impulso contrarreformista? Hay quienes han reflexionado en extenso sobre este tema y sugiero especialmente el ensayo El páramo reformista de Eduardo Dargent (PUCP, 2021). En lo que yo he podido ver en el Congreso, existen dos motivos claves que se encuentran, además, muy entrelazados: nuestro precario sistema de partidos políticos, y la debilidad de los actores a favor de las reformas.

Sobre lo primero, hay que empezar señalando lo obvio: que en el Perú no tenemos un sistema de partidos. En su mayoría, nos encontramos frente a movimientos electorales sin vocación de permanencia, que se construyen y destruyen alrededor de líderes carismáticos. La única ideología y programa que une a sus militantes y congresistas es la búsqueda de popularidad para llegar y mantenerse en el poder, hasta que desaparecen. La mirada se agota en el hoy, sin prestar mucha atención al mañana. En paralelo, las contrarreformas suelen ser impulsadas por grupos muy bien organizados y financiados. Recordemos que las reformas, por su propia naturaleza, suelen chocar con intereses económicos muy grandes, que no suelen estar dispuestos a que les malogren el negocio y reaccionan con agresividad. Estos grupos movilizan, articulan y pueden resultar atractivos para el futuro electoral de varios políticos cuya ambición está por encima de cualquier noción de bien común.

A ello hay que sumar que quienes originalmente impulsaron las reformas y están en mejor capacidad de defenderlas, suelen ya no estar en el Congreso. Tampoco sus organizaciones políticas. Pensemos en la reforma universitaria, por ejemplo: ni los partidos ni los congresistas que lograron la titánica labor de aprobar la ley de reforma están más en el espectro político del país. Son pocos los que defienden goles ajenos, así sea lo mejor para el Perú. 

Esto nos lleva al segundo motivo: frente a estos grupos, los actores prorreforma suelen estar poco organizados o no suelen ser fácilmente identificables. Traerse abajo la reforma magisterial trae el apoyo y simpatía de los sindicatos de maestros, pero ¿qué colectivo nacional de padres de familia o de alumnos tenemos al frente? Favorecer a los transportistas informales puede implicar para algunos el futuro financiamiento de campañas electorales: ¿dónde están las asociaciones de usuarios del transporte presionando por un servicio de mayor calidad? La débil reacción de la ciudadanía, al estar poco organizada y movilizada, termina favoreciendo la actuación de los contrarreformistas.

Esto es particularmente preocupante en el contexto actual, ya que desde julio hemos perdido uno de los diques de contención contra la marea contrarreformista, y otro ha sido severamente debilitado. Me refiero en primer lugar al Ejecutivo, y en segundo lugar al Tribunal Constitucional. 

En el periodo 2016-2021 los tres presidentes de la República contaron con ministros que respaldaron las principales reformas de Estado, y, en mayor o menor medida, las defendieron en el Congreso y ante la opinión pública. Enviaron opiniones técnicas en contra de los proyectos de ley que las ponían en peligro y, cuando éstas eran aprobadas, lograban que fuesen observadas por el presidente. Si el Congreso insistía con la norma, el Ejecutivo interponía demandas de inconstitucionalidad. 

Este rol de defensa parece haberse terminado abruptamente con el gobierno de Pedro Castillo. Tanto en sus discursos de campaña como ahora, a través la actuación de sus ministros más cercanos, el presidente ha dejado muy en claro que no solo no defenderá las reformas, sino que hará lo posible para que se derrumben. No más observaciones o demandas de inconstitucionalidad.

Y esto nos lleva a hablar del dique debilitado, nuestro Tribunal Constitucional. En los últimos años nuestro máximo organismo de interpretación constitucional ha servido para defender muchas de estas reformas, contra las iniciativas del Congreso o contra los ataques desde otros sectores. En el caso de la reforma magisterial, por ejemplo, existen por lo menos 10 sentencias del Tribunal Constitucional señalando que la carrera y la evaluación docente no solo son constitucionales, sino que se sustentan en la obligación del Estado de prestar un servicio público de calidad. Similares sentencias podemos encontrar a favor de Servir y de la Sunedu. 

El problema está en que la actual conformación del Tribunal Constitucional ya no es garantía de que logrará detener toda contrarreforma. Para declarar una ley inconstitucional se requieren 5 de los 7 votos de los magistrados del Tribunal. Este año falleció el magistrado Carlos Ramos, quien solía ser parte de los cinco votos que siempre defendían las reformas. Sin el doctor Ramos, empezamos a notar cambios. Por ejemplo, el Tribunal solo logró 4 votos para declarar inconstitucional la ley que formaliza a la mala el peligroso servicio de taxis colectivos. Faltó 1 voto para hacerlo, el que usualmente era de Ramos.

¿Qué diques de contención nos quedan? Pocos. Uno de ellos es la prensa, la cual ha ayudado a detener varios de los embates contrarreformistas de los últimos años. Esperemos que la polarización política actual no la distraiga de tan importante rol.

Así las cosas, el panorama pareciera ser muy negativo. Si mantenemos el esquema actual de ciudadanía de baja intensidad, con un sistema político precario e instituciones débiles, no hay reforma que pueda resistir tantos ataques. Y cada día será más difícil lograr esos cambios con los que soñamos cuando pensamos en un mejor país. 

2 comentarios

  1. Estoy de acuerdo, es necesario que la sociedad se organice para contrarrestar los planes antirrefornas del gobierno y grupos de poder con intereses bastante alejados del beneficio social. Los medios de comunicación deben mantenerse firmes. Impulsar una cultura de partidos políticos con mejores filtros ayudaría muchísimo. En Argentina hace poco se aprobó una ley que obliga a los partidos políticos a hacer un filtro de sus candidatos muy similar al que hay para ingresar a trabajar a una empresa. Algo muy positivo.

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