Las implicancias de tratar la discriminación como un delito
La noche que nombré explícitamente a una congresista de la República en uno de mis tuits recibí un tipo de violencia desconocida para mí. No es que no supiera del acoso en Twitter ni que jamás hubiera experimentado discriminación racial, es solo que nunca había estado en la intersección de ambas expresiones de violencia.
El objetivo de mi pregunta inicial en la plataforma era interpelar a un sector de la sociedad que trata como un bloque homogéneo a todas las personas afrodescendientes. El resultado fueron cientos de mensajes que apelaban a mi pertenencia a un grupo racial para “defender”, precisamente, a otra persona tan racializada como yo. Mis notificaciones se poblaron de frases donde me llamaban “negra” y hasta me sugerían dedicarme a vender tamales. En ese momento decidí salir de la aplicación e ignorarlo todo.
Antes he resaltado la importancia de denunciar formalmente la violencia, específicamente la violencia racista, como parte de combatir el problema. Cuando me tocó a mí ser sujeta de una situación de discriminación flagrante, me inmovilicé, consciente de que esa no era la única opción. Cuando compartí lo ocurrido con una amiga y compañera en los esfuerzos antirracistas, ella decidió registrar los actos discriminatorios en mi contra.
El viernes pasado recibimos el mensaje de la plataforma Alerta contra el Racismo sobre el reporte realizado el 20 de julio del 2021, respecto a “un presunto acto de discriminación”. El equipo de esta iniciativa del Ministerio de Cultura informaba que “se habría presentado un trato discriminatorio, debido a que se realizaron comentarios sobre una persona, en razón de sus rasgos fenotípicos y a la pertenencia a una etnia, lo cual denotaría un menosprecio o subvaloración de su identidad étnica-cultural[1]”.
Alerta contra el Racismo saludó la decisión de mi amiga de reportar lo sucedido y le informó que, como testigo, estaba facultada para interponer su denuncia a través de la fiscalía o la comisaría más cercana. En este proceso las pruebas para sustentar lo sucedido serían clave para facilitar su desarrollo. Esta vez tenemos pruebas. La pregunta es si serán suficientes para hacer más fácil llegar a una sentencia.
Desde que Azucena Algendones interpuso una denuncia por discriminación racial hasta que obtuvo una resolución, el sistema de justicia peruano tardó años. Hace un par de meses, Anaí Medrano inició su proceso de denuncia en el caso de acoso por parte del personal de Tai Loy, consciente de que tendría que dedicar tiempo, energías y recursos para lograr justicia. Ambos casos incluyen pruebas que demuestran los delitos cometidos. En este sistema, y sobre todo cuando los derechos de las poblaciones minorizadas son vulnerados, se trata de perseguir a la justicia en lugar de recurrir a ella.
En mi caso, Alerta contra el Racismo me ha informado que corresponde al Ministerio Público formular la respectiva denuncia, de oficio o a pedido de parte. El correo electrónico de Alerta confirma que la discriminación puede configurar un delito pero no inicia ningún proceso, ni se ofrece a hacer seguimiento. Más allá de sentirnos validadas, mi amiga y yo quedamos con nuevas interrogantes que no podrían esperar otras cinco semanas para ser resueltas.
Nunca he puesto una denuncia. De hecho, me da pánico solo pensar en ir a decirle a un policía que quiero iniciar un proceso porque alguien me llamó “negra”. ¿Acaso no es eso lo que eres?, se preguntaría, probablemente. ¿O se reiría en mi cara? Esta vez me toca vivir en primera persona el camino para transformar en ilegal algo por mucho tiempo naturalizado. No, no soy “negra”: soy racializada como tal. Usar eso como argumento en mi contra es un delito de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 323° del Código Penal.
Aún me mantengo escéptica ante la posibilidad de que los actos en Twitter puedan ser procesados por el Ministerio Público o el sistema de justicia en general. Es probable que las cuentas que realizaron los comentarios más agresivos no registren nombres ni apellidos, ni rasgos identificables. Si la justicia fuera efectiva en estas situaciones, más personas recurrirían a ella cada vez que se sienten violentadas dentro y fuera de los medios sociales. Honestamente, tampoco sé en qué instancias la justicia sí funciona.
Por ahora, me alegra saber que para formalizar mi denuncia no necesito la validación de aquellos que nos acusan de victimizarnos. Los mantendré informadas e informados.
[1] No comparto los términos utilizados por la plataforma para enmarcar nuestra denuncia, pero es su forma oficial de explicar cómo funciona la discriminación racial desde el punto de vista de las leyes peruanas.
«Cuando me tocó a mí ser sujeta de una situación de discriminación flagrante, me inmovilicé, consciente de que esa no era la única opción» Totalmente identificada; siento que el punto de vista que irónicamente no consideran es de la persona vulnerada. Estaré atenta al desarrollo de los hechos. Feliz día atrasado de las Personas Afrodescendientes!