Un reflector sobre una calculada penumbra
El miércoles pasado la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, culminó su mandato como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No se presentó a la reelección, como es la costumbre.
A pocos minutos del término de su gestión se publicó en la web su último informe, el más esperado, por el que había recibido muchas presionales, el mismo al que China se había opuesto frontalmente: el informe sobre la situación de los derechos humanos de los uigures en China.
Pero empecemos por lo básico. ¿Quiénes son los uigures? Se trata de una etnia ubicada en el noeste de China. Son considerados ciudadanos chinos, pero tienen una cultura muy distinta al resto del país. Son predominantemente musulmantes y hablan un idioma que utiliza el alfabeto árabe. Viven principalmente en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, que ocupa un tercio del territorio de China. Pese a ser una zona rica en recursos naturales —gas, litio, zinc, petróleo, así como recursos agrícolas—, es una de las regiones más pobres del país.
La insatisfacción social de los uigures ante esta situación impulsó grandes y violentas protestas en 2009. Desde entonces, el regimen chino señala que en la región hay una gran presencia de grupos violentos, responsables de cientos de ataques terroristas que han generado la muerte de civiles y polícias. Asimismo, indican que se han identificado a uigures participando en los grupos armados en Afganistán y Siria.
En 2014 el gobierno chino generó una campaña de “mano dura” contra el terrorismo en la región, fenómeno que vinculaban con grupos religiosos extremistas y movimientos separatistas uigures. Desde entonces hasta la fecha, el periodo de “mano dura” es el marco temporal en el que se desarrollan las masivas violaciones a los derechos humanos por parte de China que recoge este informe de Bachelet.
El informe inicia con el análisis del marco legal antiterrorista aprobado por China para combatir este fenómeno en la región Uigur. Concluye que se manejan conceptos vagos y muy amplios sobre qué es el extremismo o el terrorismo, lo que permite una interpretación y aplicación bastante subjetiva y peligrosa relacionada a las características sociales propias de los uigures. “Al asociar el ‘extremismo’ con determinadas prácticas religiosas y culturales, también conlleva el riesgo inherente de una aplicación innecesaria, desproporcionada y discriminatoria para las comunidades étnicas y religiosas afectadas”, advierte el informe. Las autoridades encargadas de aplicar esas leyes antiterroristas tienen mucho poder y poco control en cómo lo ejercen, lo que facilita aún más el abuso.
El informe es contundente. Bachelet señala dos formas de privación arbitraria de la libertad: la prisión común y los llamados «Centros de Educación y Formación Profesional”. Estos centros han querido ser difundidos por China como lugares residenciales de resocialización, para ayudar a quienes han sido influenciados por el extremismo a volver a ser ciudadanos de bien. La realidad nos muesta que tranquilamente podrían llamarse campos de concentración: testimonios de tortura y maltrato, ya sea como castigo o como parte de los interrogatorios; golpes, electrocutamiento, privación del sueño, hambre, prolongados confinamientos en solitario. Los testimonios hablan también del consumo forzado de pastillas no identificadas que los hacían sentirse mareados, y se ha recogido también casos de diferentes formas de abusos sexuales.
Quienes eran llevados allá no tenían acceso a un abogado o a un proceso legal con garantías mínimas de defensa. Las personas que fueron entrevistadas y que participaron de esos “centros de resocialización” señalan que acataron plazos que iban desde los dos meses hasta el año y medio, pero que ninguno fue informado de cuánto tiempo duraría su encierro. La mitad señalaron que no tuvieron contacto alguno con sus familias (quienes no sabían dónde estaban); la otra mitad revela que pudieron comunicarse algunas veces o recibir alguna visita esporádica, pero siempre bajo mucha vigilancia.
Las labores de “resocialización” consistían principalmente en adoctrinamiento político y “acciones de autocrítica”.
Pese a la poca colaboración del gobierno chino con el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el informe aplicó diversas metodologías que le permiten señalar que, entre 2017 y 2018, un promedio del 15 % de la población uigur de la región ha pasado por uno de esos centros. Todo vecino conoce a alguien de su barrio, toda familia puede contar un caso cercano.
El gobierno les indicó que los «Centros de Educación y Formación Profesional” se cerraron en 2019 y que todos sus participantes se graduaron, pero la Oficina de la Alta Comisionada no pudo verificar esta información. En paralelo, el propio gobierno señala que desde 2018 hay un aumento de casos penales en la región. En 2018 hubo un aumento de 25 % más que la media de los años anteriores; en 2019, la cifra fue 19 % superior a la media de los cinco años anteriores. A través de Google Maps verificaron que los centros penitenciarios de la zona prácticamente han duplicado el tamaño de sus instalaciones.
¿Cómo es que un uigur terminaba en un “centro de resocialización” o en una prisión? La arbitrariedad es el común denominador. El informe habla de personas que fueron detenidas por usar velo o barba, haber solicitado un pasaporte sin utilizarlo después, querer renunciar a la nacionalidad china, e incluso de personas que fueron detenidas por haber bajado Whatsapp a su celular.
El hermano de una amiga uigur que conocí en la Universidad de Yale fue detenido tras volver de un programa de intercambio en Estados Unidos. Fueron cuatro años sin saber de él. Luego la familia pudo enterarse de que había sido sentenciado a 15 años de prisión por incitar al odio y a la discriminación étnica. Lleva seis años de detención, los últimos tres en confinamiento solitario.
Pero las acciones de “mano dura” van más allá de la privación de la libertad. El informe habla de políticas sistemáticas aplicadas a la población civil en su vida cotidiana que implican restricciones indebidas a la identidad y expresión cultural, lingüistica y religiosa; que afectan sus derechos a la intimidad y a la circulación, sus derechos reproductivos, así como sus derechos laborales.
Luego de leer el informe es imposible no pensar que las acciones “antiterroristas” o “antiextremistas” de China con los uigures, más que estar ideadas para prevenir o sancionar actos criminales, parecen estar destinadas a suprimirlos como cultura, buscando anular toda su diversidad e identidad colectiva. Medidas de control social. El informe abunda en ejemplos: destrucción de mezquitas, represión del uso de su idioma en las escuelas, restricciones a la movilidad y vigilancia extrema en su vida cotidiana, convivencia obligatoria con ciudadanos chinos no uigures en sus propias casas, control forzoso de la natalidad y trabajos forzados.
Pese a todas las presiones y amenazas, Bachelet cumplió con su mandato y ha colocado un reflector donde antes había una calculada penumbra. ¿Qué hará la comunidad internacional ante ello? En estos tiempos de convulsión política e incertidumbre económica, ¿terminarán pesando más los principios o la billetera?
Temo que conocemos la respuesta.
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