Buscando un hijo, buscando un país

Reflexiones sobre la agresión contra Raida Cóndor

Eduardo González es sociólogo y defensor de derechos humanos. Ha contribuido al diseño y operación de comisiones de la verdad, procesos de memoria histórica y reparaciones post conflicto en todos los continentes. Es profesor de investigación de la Universidad George Mason, en los Estados Unidos.

Cuando mi hija mayor empezó a ir sola a la escuela sufrí muchos temores. Al principio, la acompañaba hasta la vereda opuesta a la escuela y la dejaba cruzar la pista sola. Luego, salía con ella a la puerta de la calle y la acompañaba con la mirada hasta la esquina. Al final, la despedía en la puerta del departamento.  Desde el momento mismo en que se cerraba esa puerta sentía todo tipo de angustias: que algo le podría pasar, que si algo le ocurría tal vez no me enteraría, temores que me acompañaban hasta la hora en que volvía.  

Todo padre o madre tiene una experiencia similar, al cruzarse con una multitud, al jugar en un parque, en la compra cotidiana. Dejar de ver a los hijos por apenas minutos, con la más mínima inseguridad sobre dónde puedan estar, es sentir que el alma se va del cuerpo. Raida Cóndor lleva treinta años en esa tortura. 

Su hijo Armando estudiaba en la Universidad La Cantuta. Dormía en la residencia universitaria en la época en que el campus estaba intervenido y, en teoría, protegido por patrullas militares. Raida no tenía, pues, ninguna razón para pensar que su hijo pudiera estar en peligro. Todo cambió con el secuestro y desaparición forzosa de Armando, ocho estudiantes más y un profesor de la universidad. Las patrullas militares protegían a los estudiantes del aparente peligro del terrorismo senderista, pero no del terror de estado encarnado en el Grupo Colina, que entró a la residencia, escogió a sus víctimas y se las llevó al lugar de su presunta ejecución.

Raida no ha podido encontrar los restos de Armando y, por lo tanto, no tiene forma de culminar su duelo: no puede realmente resignarse al fallecimiento y no puede sino imaginar cada día todos los destinos posibles de su hijo en un choque permanente entre la resignación y la inverosímil esperanza.

Raida, como Mamá Angélica o Cromwell Castillo, –como los familiares de 20.000 desaparecidos en tiempos de conflicto, como los familiares de miles de mujeres y niñas que desaparecen cada año en tiempos que solemos llamar “de paz”– es el símbolo al extremo de la entrega inherente a la vocación de madre o padre. Por cumplir con esa vocación y con el mandato elemental de buscar a su hijo, Raida ha sido victimizada junto a los demás familiares del caso La Cantuta. Los han acusado de ser integrantes de grupos terroristas, de difamar al Perú, de buscar beneficios económicos indebidos y una letanía de cargos despreciables.

Esta mujer, cuyo rostro es ampliamente conocido en el Perú porque lleva treinta años caminando en los pasillos crueles del poder con la foto de su hijo al pecho, ha vuelto a ser victimizada y atacada por gente que todavía se llama a sí misma “prensa”. Lo escalofriante de la última difamación es, sin embargo, que el blanco no es ella, sino la funcionaria pública que aparece a su lado en una foto. Es decir: en el colmo de la violencia que se le ha infligido a lo largo de tres décadas, esta vez la tratan como el rostro genérico del miedo. Si se ve así, dice la prensa y su alegada fuente policial, debe de ser una terrorista. No importa ella como persona, no importa su verdadera identidad, tal como no le importa a este país el destino, la persona y la identidad de los desaparecidos y desaparecidas.

Así trata el Perú a la gente que busca a un ser querido. ¿Cuanto tiempo ha tratado así nuestro país a quienes buscan a un ausente? Por largo tiempo. ¿No relatan los tacneños que en los arenales del Campo de la Alianza suele verse huesos de combatientes insepultos? ¿No hablan los trujillanos de las fosas de 1932? El Perú es un país marcado por el sino de buscar a los que no están y de no encontrar ni siquiera un mínimo de respeto a la persona que sufre.

Esta no es meramente una reflexión moral sobre la falta de honor de quienes maltratan al sufriente: es también una reflexión política, porque implica que somos un país en el que nos ensañamos con quienes no tienen poder. No hay ciudadanos: existen los que importan y aquellos cuyo sufrimiento, voz y rostro no cuentan. No somos solamente un país con una básica anomia moral, sino política: el ser humano y su correlato político, la ciudadanía, devienen en instrumento, un arma arrojadiza para los poderes de facto.

Ser padre o ser madre implica una búsqueda permanente: de conexión con los hijos, con el sueño de su felicidad. En nuestro país implica también para demasiados padres y madres la búsqueda física de sus cuerpos, haciendo preguntas que nadie responde. Ser ciudadano es también una búsqueda: de derechos, de consideración hacia los demás, sus proyectos y sus sentimientos. No encontrar esas conexiones es lo que nos debilita como país. Mujeres como Raida Cóndor, hombres como Cromwell Castillo, sintetizan esa búsqueda doble: del cariño del hijo y de la dignidad ciudadana. Un país feliz es aquel en el que el sufrimiento de cada uno engendra la solidaridad de todos, uno infeliz sería este en el que vivimos.

Esa búsqueda y sus pocos hallazgos resumen nuestra historia. Esa que –como dice el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación– es “la historia de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser”.