Un hecho inusual ocurrirá hoy para recordarnos cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado
Hoy, jueves 3 de noviembre de 2022, hacia las 2:45 de la tarde, la ciudadana peruana Azul Rojas Marín tomará asiento en el auditorio central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La rodearán titulares y altos representantes del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial, además de representantes de misiones diplomáticas y congresistas de la República. Sobre las tres de la tarde, luego del himno nacional y de las palabras protocolares de saludo, la ciudadana Rojas Marín escuchará una palabra que rara vez se escucha por estas tierras, por parte de una autoridad nacional: perdón. En efecto: el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos reconocerá públicamente la responsabilidad del Estado peruano en la violación de los derechos humanos de la ciudadana Rojas Marín y le pedirá perdón a nombre del Estado y la Nación.
No le culpo si no sabe quién es la ciudadana Azul Rojas Marín, o por qué las disculpas públicas son necesarias. No obstante, vale la pena empezar a evaluar qué mas no sabemos y por qué. En este caso, por ejemplo, los hechos se remontan a hace 14 años. En el 2008, la ciudadana Azul Rojas Marín, en ese momento identificada como un hombre gay, fue obligada a subir a un auto de la policía. Sin mediar alguna acusación delictiva o sospecha de delito, y sin registro de su detención, fue mantenida por cinco horas en la comisaría de Casa Grande, La Libertad, donde fue vejada sexualmente por agentes del orden. Luego de este hecho, Azul denunciaría a sus agresores en repetidas ocasiones. Un informe de la misma comisaria, sin embargo, afirma que la denunciante se habría autolesionado con el fin de causar daño al efectivo policial que la intervino, un argumento que fue repetido en un informe de la Inspectoría Provincial de Pacasmayo. El juzgado, por su parte, indicaría que la versión de Azul no tenía credibilidad porque uno de los imputados participó en un juicio contra uno de sus hermanos. Además, tampoco consideraba creíble que Azul hubiera regresado a sus labores habituales de trabajo al día siguiente. Esto causaba, para el juez, una duda razonable. Es decir, Azul no era una víctima porque no actuó “como víctima” luego de los hechos. En la misma línea fue escrito el informe del Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial, que determinó no sancionar a los policías involucrados porque, dada la frecuencia de la vida sexual de la denunciante, no era posible acreditar que sus lesiones corporales pudieran haber sido causadas por los acusados.
Durante todo el proceso, Azul y su madre fueron violentadas, amenazadas y revictimizadas. Es la historia de la mayoría de las mujeres que se atreven a denunciar una violación sexual en el país, agravada por el contexto de discriminación estructural contra las personas LGTBIQ+ en el Perú. Pero en este caso, los victimarios, además, eran agentes de la Policía Nacional del Perú. Luego de dos tortuosos procesos penales, el caso tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde, luego de otro largo camino, se encontró al Estado Peruano responsable de la detención arbitraria de Rojas Marín y que la violencia sexual sufrida por Azul —que incluyó constantes insultos referidos a su orientación sexual y a amenazas de violación colectiva— constituyó un acto de tortura. La responsabilidad del Estado no se agotó en lo anterior. Incluye, además, la falta de una debida diligencia para investigar los hechos; el uso de estereotipos discriminatorios durante todo el proceso investigativo a cargo de los múltiples agentes involucrados; omisiones probatorias, y la falta de garantía a la tutela jurídica que le correspondía como ciudadana peruana, de una respuesta judicial adecuada y oportuna; como lo dice la Corte en su sentencia.
Es probable que una total reparación sea imposible. Incluso después de lo resuelto por la Corte Interamericana, la ciudadana Azul Rojas Marín ha tenido que esperar hasta hoy para el cumplimiento de solo una fracción de la sentencia. Otras partes de este documento instan al Estado peruano a que se renueven las investigaciones que den sanción efectiva a los responsables de los hechos de tortura, que se le brinde el tratamiento psicológico o psiquiátrico que Azul requiera, que se adopte un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, que se cree e implemente un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI para servidores y agentes del orden; además de eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y diversos distritos del Perú.
Hay muchas formas en las que el Perú le falla a las mujeres peruanas todos los días. Mujeres en toda su diversidad. Azul Rojas Marín no es solo una víctima, es una sobreviviente: una mujer valiente que se atrevió a denunciar al Estado por la violencia y tortura cometida sobre su cuerpo, por su orientación sexual y su expresión de género. Una violencia cometida contra ella, precisamente, por las personas llamadas a cuidarnos. Te mereces mucho más que nuestras disculpas Azul: mereces nuestra admiración.
Lo más probable es que recién a partir de este artículo usted conozca la injusticia cometida contra Azul y su larga batalla. Quizá cuando este tipo de atentados sean denunciados por los medios predominantes podremos decir que vamos por buen camino rumbo a ser un país más justo. Por ahora, le toca a usted ser un vocero de la justicia, compartir esta historia, lograr que esa palabra pronunciada en un auditorio adquiera una onda expansiva y dinamite de a pocos los cimientos de la inequidad.
De todos depende, y ese “todos” le incluye a usted.
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Indignante historia. Admirable Azul. Magnífico texto que nos recuerda lo fundamental que es el respeto de la dignidad de la persona humana para poder vivir en una sociedad justa.