¿Por qué debemos estar tan atentos cada vez que se dispara un arma policial en territorio peruano?
Luego de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional tomó conciencia de la vulnerabilidad de las personas frente a sus propios estados y acordó protegerlas de, entre otras amenazas, el ejercicio abusivo del poder estatal. Reconociendo que todos los seres humanos tienen una serie de derechos universales, inherentes, indivisibles y no regresivos, los estados acordaron ejercer su soberanía de manera instrumental a estos derechos, obligándose jurídicamente a respetarlos y garantizarlos, sin discriminación.
La obligación de respetar exige al Estado abstenerse de realizar acciones que vulneren los derechos de las personas. Por otro lado, la obligación de garantizar implica que el Estado tome y realice todas las acciones y medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar a los ciudadanos frente a las violaciones de derechos cometidas por los propios agentes estatales, así como por particulares.
Los estados son, por lo tanto, los destinatarios directos de las obligaciones en materia de derechos humanos. Esto no significa que los particulares no estén obligados a cumplir con los mandatos que se desprenden de ellos, sino que, frente a su incumplimiento, es el aparato estatal el que debe adoptar las medidas necesarias para que tales violaciones no vuelvan a ocurrir y sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas.
Pensaba en todo esto a propósito de la discusión cotidiana sobre las responsabilidades gubernamentales respecto a las y los ciudadanos heridos o muertos en el contexto del estallido social vigente. Muchas voces se han alzado a comparar las muertes y el uso de la fuerza y las violencias de uno y otro lado. Algunas voces las han señalado equivalentes, algunas resaltan unas sobre otras; y otras se han concentrado únicamente en unas, ignorando o negando la existencia de las demás. Sinceramente, no sé si usted, amable lector, requiere esta explicación, pero sospecho que nunca está de más.
Desde ya, demos por sentado que toda violencia es condenable, y que mi intención con este texto no es defender a nadie. Sin perjuicio de ello, concentrémonos hoy en el uso de la fuerza estatal y en cómo, desde el punto de vista del sujeto que la ejerce, no es posible hablar de una violencia equivalente.
Miremos las cosas desde un punto de vista medianamente objetivo: el uso de violencia por parte de un grupo de manifestantes no es responsabilidad, u otorga responsabilidad, a todas las personas que participan de dicha manifestación. Visto de otra manera, si en una familia, uno de sus integrantes “no tuviera buenas juntas” no afirmaríamos que es una mala familia, solo que el integrante en particular es, o seria, un mal elemento. Desde esta mirada, una marcha pacífica donde hay facciones o episodios concentrados de violencia no se vuelve una marcha violenta o violentista: seguirá siendo una marcha pacífica donde se encontró o se identificó un grupo de personas violentas.
¿Por qué, entonces, cuando hablamos de la Policía Nacional, somos tan rápidos para hablar de la responsabilidad de la institución? ¿Por qué la policía no podría gozar de este mismo “beneficio” de deslindar responsabilidades en algunos “malos” elementos?
Hay varias razones. No obstante, la principal es que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado. En ese sentido, no hay diferencia entre un policía en funciones, cinco o diez. La Policía Nacional es una institución estatal; como tal, todos sus integrantes tienen la obligación de hacer cumplir estas obligaciones a las que hacíamos mención antes: respetar y garantizar derechos.
En tanto destinatario directo de las obligaciones en materia de derechos humanos, sobre el Estado recae directamente la obligación de limitar su propia capacidad de violencia y de tomar acciones oportunas para que, haciendo su labor, no se vulnere su obligación de respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Los agentes de la policía, como son los agentes de las fuerzas armadas, y como son los servidores y funcionarios públicos, representan y personifican al Estado peruano. En el caso de las fuerzas del orden, en efecto, estos dan cuerpo a la fuerza coercitiva del Estado. Por eso, un disparo policial, intencional o no, es de responsabilidad estatal.
Así, no pueden ejercer desmedidamente sus facultades para mantener el orden: no pueden detener personas arbitrariamente, ni ejercer violencia sexual contra ellas, ni ejecutarlas extrajudicialmente. Recordemos que aun los ciudadanos que quebrantan la ley conservan sus derechos a la vida, a la integridad y a un debido proceso. Y recordemos también que un estado que se entiende a sí mismo sin límites y que viola impunemente las obligaciones que él mismo se comprometió a cumplir es un riesgo para la humanidad de todas y todos.
Según su misión, la Policía Nacional responde al propósito de defender a la sociedad y a las personas a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. En este sentido, la represión desproporcionada de la cual venimos siendo testigos, sobre todo la que utiliza la violencia indiscriminada contra personas que, al parecer, no conllevan riesgos a la vida y la salud —como los periodistas, personal de socorro o transeúntes y personas en retirada, además de manifestantes pacíficos— es tan problemática.
Pensar, escribir, editar, diseñar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos (y sus pódcast) cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar. Haz click en el botón de abajo para contribuir y, de paso, espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.
Es falso que exista represión desproporcionada, este es el cuento de la izquierda para azuzar a la población y amedrentar a la policía con el fin de lograr en las calles lo que no pueden con los votos.. La violencia y el salvajismo de los manifestantes están probados hasta la saciedad con cientos de videos de todo calibre en los que atacan con piedras y huaracas que para que se enteren por acá, son armas tan letales como las pistolas. Los policias han actuado correctamente en las marchas, en resguardando del orden púbico y en defensa legítima de su propia vida, ante violentos que con sus piedras los han atacado a matar, tal como hicieron con Sonco.
Todos los heridos sin excepción, incluyendo a un par de periodistas afines, se encontraban dentro de la primera linea de la zona de agresión y desobedeciendo las ordenes de la policía de retirarse, sin hablar de que estaban violando el Estado de Emergencia que es delito. Fueron sus propios actos los que los pusieron en situación de riesgo previsible, cuando lo razonable era abandonar ese lugar de violencia, o expulsar a los violentos, cosa que jamas hicieron y no hacen porque en el fondo apoyan esa violencia, y lo ratifican al quedarse allí con ellos.
Con estos análisis tan sesgados e irracionales, la gente puede comenzar a dudar de la capacidad e inteligencia de estos escritores, que ya están llegando a defender los absurdos más evidentes.