Crímenes salvajes


Hay una economía ilegal que está pasando desapercibida y nos hace mucho daño


En el Perú, operan una serie de economías ilegales que generan un gran daño a nuestra sociedad. Está plenamente documentado el impacto negativo de actividades como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de terrenos. Se conoce cómo sus oscuros intereses generan violencia, muertes y corrupción, frente a un Estado que no termina de enfrentarlos como debería. 

Hasta aquí, nada nuevo. Todos somos conscientes en mayor o menor medida de estos problemas. Pero hay una economía ilegal que no recibe la misma atención y que no se encuentra presente en el imaginario de la opinión pública cuando nos referimos a este delicado asunto. Me refiero a las mafias de tráfico de vida silvestre que operan en las diferentes regiones del país.

​​Se suele tener una idea bastante superficial de este problema: personas humildes que, para ganar unos soles, venden en los mercados tortugas o loros extraídos de sus hábitats naturales y traídos a la capital en crueles condiciones. Sin embargo, estamos ante algo mucho más grande y complejo: poderosas mafias nacionales e internacionales que mueven millones de dólares al año a costa de nuestros frágiles ecosistemas y de la vida que ahí habita. Como ocurre con toda economía ilegal, este proceso trae consigo la mencionada violencia, muerte y corrupción, a lo que se suma el final trágico de la mayoría de los animales que se intenta traficar.

No hay cifras oficiales que nos permitan cuantificar con exactitud el impacto de estas mafias en nuestro país, pero tenemos indicadores que dan indicios sobre la magnitud del problema. De acuerdo con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), cada año se logran decomisar más de 5 mil animales vivos que están siendo traficados. Las aves silvestres son comúnmente las más decomisadas.

Pero no todos son animales vivos: en el 2019, por ejemplo, más de doce millones de caballitos de mar disecados, con un valor de 6 millones de dólares, fueron incautados en el puerto del Callao cuando iban a ser enviados a Asia. Y la ONG de conservación marina Oceana nos advierte hace años del tráfico de aletas de tiburón, donde un kilo puede valer en el mercado final hasta 1.400 dólares.

La mayoría de datos aquí reseñados hace referencia a los casos que pudieron detectarse y evitarse, habiendo plena conciencia de que el problema es muchísimo más grande que las acciones de control que puede realizar nuestra débil institucionalidad ambiental. De acuerdo con SERFOR, son más de 300 las especies amenazadas por el tráfico ilegal en el país: tortugas, iguanas, guacamayos, loros, osos de anteojos, monos, ranas y un diverso etcétera.

Asimismo, la degradación ambiental que esta actividad ilegal genera es un gran problema para un país biodiverso como el Perú. Recordemos que una de las lecciones que debimos aprender con la pandemia del Covid-19 es que la manipulación de ecosistemas y especies silvestres pueden tener consecuencias nefastas para la salud humana. No se trata de pensar solamente en un lejano mercado en Wuhan a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo van las cosas por el mercado de Belén en Iquitos?

¿Y qué hacer ante esto? En la esfera personal queda claro: no incentivar estos mercados ilegales comprando especies silvestres para nuestra diversión o consumo. Pero la magnitud del asunto requiere actuar más allá de la responsabilidad individual, se necesita fortalecer las acciones del Estado para enfrentar a esta economía ilegal. El congresista Edward Málaga ha rescatado un proyecto de ley del periodo pasado que se quedó “en la puerta del horno”, a poco de convertirse en ley. Se trata de una iniciativa para que estos delitos sean perseguidos por lo que son: delitos de crimen organizado. Ello implica darle mayores herramientas a la policía, los fiscales y los jueces para perseguir y sancionar a todos los que integran la cadena de tráfico, desde el vendedor final, pasando por los responsables del acopio, hasta el “pez gordo” que organiza la operación.

La Interpol, que persigue el delito a nivel mundial, ya considera estos delitos como de crimen organizado. De acuerdo con esta organización, “se estima que el comercio ilegal de vida silvestre tiene un valor de hasta USD 20 mil millones por año. Los delincuentes pueden explotar la flora y la fauna silvestres a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la caza furtiva y el transporte hasta el procesamiento y la venta. Otras actividades ilegales a menudo se asocian con delitos contra la vida silvestre, incluido el lavado de dinero, la corrupción y el fraude de documentos”.

La iniciativa legislativa impulsada por el congresista Málaga cuenta con el respaldo de las instituciones del sistema de justicia, de diversos ministerios, así como de organizaciones de la sociedad civil involucradas en la protección ambiental. El proyecto debe debatirse pronto en la Comisión de Justicia, cuya presidenta Gladys Echaíz -que viene de una carrera pública como fiscal- ha tenido el acierto de priorizar su estudio y discusión. Su aprobación sería un paso muy importante en la lucha contra esta economía ilegal y deberá venir acompañada de un mayor presupuesto para las instituciones involucradas. Este es uno de esos temas en los cuales el ruido político de la coyuntura no debe distraernos, porque el costo será cada día más alto, hasta convertirse en irreversible.

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