Un repaso de cómo se revivió el indulto de PPK a Fujimori
El pasado jueves 17 de marzo el Tribunal Constitucional emitió un fallo con referencia al habeas corpus presentado por Alberto Fujimori en relación al indulto que le concediera Pedro Pablo Kuczynski en 2017. El habeas corpus es un antiguo concepto legal que protege a las personas de la detención arbitraria. Sin embargo, aquí comenzamos con un problema fundamental porque, según la Corte Suprema peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alberto Fujimori no está preso arbitrariamente, sino que cumple una condena por graves violaciones a los derechos humanos.
El año 2009, Fujimori fue sentenciado por una corte peruana a 25 años de cárcel por los asesinatos y desapariciones de Barrios Altos y La Cantuta. No podemos olvidar que los comandos del grupo Colina abalearon a un grupo de personas que no tenían nada que ver con el terrorismo, incluyendo a un niño de 8 años. A los estudiantes y al profesor los descuartizaron, los echaron en un basural y sus familiares todavía buscan sus restos.
En 2018 se inició el juicio por el caso Pativilca, donde seis comuneros fueron asesinados en enero de 1992. A Fujimori se le imputa ser autor mediato del delito, lo que viene a ser una acusación de homicidio calificado, y la fiscalía arguye que se tratan de crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto son imprescriptibles. El fallo del Tribunal Constitucional deja sin posibilidad de alcanzar justicia a los familiares de este caso, porque aquel indulto plagado de irregularidades otorgado por Kuczynski incluye una gracia por la cual no se le podría juzgar por ningún otro crimen que se le impute.
Esto quiere decir que las miles de victimas de las esterilizaciones forzadas de los noventa que aún esperan alcanzar justicia y que se juzgue a Alberto Fujimori por su participación en estos crímenes se quedarían sin la opción de que se reconozca el daño que se les ha hecho. Tras veinticinco años de buscar justicia, una vez más esta les sería denegada.
El jueves mismo en que se conoció el fallo del Tribunal Constitucional, miles salieron a la Plaza San Martín gritando “el indulto es un insulto”. También hubo manifestaciones en el Cusco y se volvieron a ver camisetas que decían “Se metieron con la generación equivocada”. Hoy, sábado 19 de marzo, mientras escribo este artículo, se ha convocado a otra marcha y se están organizando reacciones en diversos puntos del país y el mundo.
El antifujimorismo es el movimiento político más fuerte del país, una fuerza que ha impedido tres veces que Keiko Fujimori llegue al poder y que, por más que quienes conformamos este colectivo amorfo no tengamos demasiados puntos en común, todos los que en él participamos tenemos muy en claro que los crímenes cometidos por Alberto Fujimori no se pueden olvidar y que la justicia debe seguir su curso. Las normas internacionales lo dejan muy claro: los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser perdonados por un presidente de turno.
Recordemos, además, cómo aquel indulto del 2017 al que hoy se le ha otorgado validez fue negociado por Kuczynski con Kenji Fujimori en un desesperado intento por salvar su presidencia, y que la forma burda y apresurada en que se dio entre gallos y medianoche minutos antes de que los peruanos nos sentáramos a celebrar la Navidad llevó a que tres meses más tarde Fujimori regresara a prisión y a que Kuczynski renunciara a la presidencia en medio de un escandalo de corrupción.
El habeas corpus que reconoce la legalidad de ese indulto de 2017 llega en medio de una tregua en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la que igual se sigue barajando la posibilidad de declarar una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en perjuicio del actual presidente. Este es una atribución contemplada en la Constitución, cuestionada en el último quinquenio, y sobre la cual el mismo Tribunal Constitucional no quiso pronunciarse en su momento, dejando la espada de Damocles pendiendo eternamente sobre la cabeza del mandatario.
Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores, y es lo que parece estar sucediendo. El fallo del Tribunal Constitucional no se dio por mayoría y como en este momento solo tenemos a seis magistrados en funciones, se dio un empate: tres de ellos –Ledesma, Miranda y Espinosa– juzgaron improcedente la demanda, mientras que Blume, quien además la presentó, Sardón y Ferrero la declararon fundada. Debido al empate, Ferrero –quien preside el Tribunal– emitió el voto dirimente para que la demanda fuera aprobada.
El debate sobre qué puede y debe hacer el Ejecutivo ya se ha iniciado. El presidente Castillo publicó un tuit el 18 de marzo que decía que el fallo del Tribunal Constitucional refleja nuestra crisis institucional y que “los órganos de justicia institucional a los que el Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”. El premier Aníbal Torres ya ha declarado en público que la sentencia del Tribunal Constitucional no puede seguir en pie.
Ahora nos toca observar si esto altera el tablero de ajedrez donde el cálculo político de cada parte nos deja a los ciudadanos a la espera de una resolución. Entre tanto, el Ejecutivo y el Legislativo siguen tremendamente enfrentados. Hay quienes sospechan que el Ejecutivo está negociando con los fujimoristas; otros piensan que esta es una oportunidad de oro del presidente para congraciarse con la mayoría antifujimorista y que esta medida le daría oxígeno.
Lo que suceda en los próximos días nos dará mayores luces. Mientras tanto, quien escribe, y muchos más, seguiremos repitiendo cuantas veces sea necesario: “Fujimori nunca más”.
Nunca olvidar