Una vez más, una sentencia internacional nos recuerda lo mucho que nos falta para lograr la equidad
Hace unos días me enteré de que el reciente martes 11 de abril se llevaría a cabo el acto de notificación de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del ciudadano peruano Crissthian Olivera Fuentes —o, como será conocido en lo sucesivo, el caso Olivera Fuentes v. Perú—. Ese día me conecté justo a tiempo para escuchar expresiones como las siguientes:
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró la responsabilidad internacional del Estado de Perú, por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, y protección judicial en agravio de…” y “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad, declaró, el Estado es responsable de…”.
Luego de escucharlas, confieso que me invadió un profundo sentido de júbilo.
Crissthian Olivera Fuentes no es diferente de cualquier ciudadano peruano que busca justicia en nuestro país, pero sí estuvo expuesto, como lo están tantos otros, a algunas de las vejaciones más reprensibles y deshumanizantes a la que muchos de los operadores del sistema exponen a los que no consideran ciudadanos de primera categoría. Como a muchos de nosotros antes y después de Crissthian, el sistema nacional de justicia le falló. Es solo que dependiendo dónde estés y cuánto requieras del sistema para afirmar no solo tus derechos sino el respeto de tu existencia misma, hay fallos que se sienten más contundentes que otros.
Los hechos que nos ocupan ocurrieron en 2004, cuando, en la cafetería de un supermercado, con su pareja de entonces, Crissthian hizo lo mismo que las parejas heterosexuales que se aman hacen en público: fue afectuoso. Luego de algunas quejas, de una mala decisión corporativa y de una invitación a retirarse, Olivera presentó una queja formal ante Indecopi, además de la consiguiente denuncia ante la Corte Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la República; todas sin éxito.
Diecinueve años después, Crissthian escuchó a la distancia, acompañado de muchas personas como yo, que siempre tuvo razón. Que los prejuicios de nuestra sociedad que se entretejieron en todas las etapas y se activaron en su caso, eran eso mismo, prejuicios; y que fue por ello y no por la materia argumentada que no obtuvo una tutela judicial adecuada. Que ante los indicios de discriminación por orientación sexual no le tocaba a él desvivirse por demostrar la vulneración, sino que le competía a la empresa acusada demostrar que el tratamiento que le dieron no tuvo un propósito o un efecto discriminatorio, o, en cualquier caso, que existía una justificación objetiva y razonable.
Y, sin embargo, el día no terminó siendo feliz. Bajo la obligatoriedad de asumir la defensa de la persona y el respeto de su dignidad como un principio constitucional primario, el Estado peruano debe embarcarse constantemente en la labor legal y política de garantizar progresivamente, como exigen los instrumentos internacionales en la materia, los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas. No obstante, y por diversas razones ya de larga data, ciertos grupos poblacionales ven la garantía de sus derechos fundamentales como una tarea estatal aún pendiente. De estos grupos, la población LGTBIQ+ constituye uno de los más vulnerables. Hace poco, Yefri Peña y Gabriel de la Cruz nos contaron sobre la realidad de un grupo de mujeres trans en Lima Este. Su juguero de caigua de los martes y esta servidora también hemos abordado, varias veces ya, algunos de los temas que afectan a otros grupos y personas de la comunidad en diversos momentos y desde diversas aproximaciones.
En efecto, sobre esta población pesan no solo los estereotipos, roles asignados y expectativas de género que forman parte de nuestro tejido social, y las diversas violencias que su “disidencia” social provoca, sino también una estructura sistémica que, vulnerando sus derechos más básicos, genera escenarios de discriminación estructural, agravada por una falta de protección jurídica a sus derechos más básicos. Esta sentencia es un paso gigante en la lucha por la afirmación, promoción y protección de los derechos de la población LGBTIQ+ en el Perú y en la región.
No obstante, lo más probable es que mañana la cotidianidad de las personas en la comunidad será la misma que la de hoy. El Tribunal Interamericano ya había establecido que el Perú es un país hostil para las personas LGBTIQ+. ¿Recuerda el caso de Azul Rojas Marín? (se lo conté hace algunas columnas). Esta sentencia lo reafirma. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer usted?
Pensar, escribir, editar, diseñar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos (y sus pódcast) cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar. Haz click en el botón de abajo para contribuir y, de paso, espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.
El Perú está rezago en relación a los avances que esta comunidad ha avanzado en Latinoamérica. Somos un país muy conservador que en 18 años solo ha logrado apenas avances tímidos, avances que por lo menos ha puesto en el tapete a qué están expuestos estos grupos.
Se requiere mirarl con otro prisma, el de la tolerancia.
El Estado, la educación y la sociedad en general necesitan hacer la tarea de vencer hostilidades, discriminaciones y, sobretodo, embarcarse en una genuina tolerancia.