¿Nos tenemos que poner de moda?


El círculo vicioso para las personas con discapacidad


Ricardo Guerrero Custodio es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y activista en discapacidad y accesibilidad. Su experiencia incluye proyectos enfocados en reconocimiento, visibilización y empoderamiento de personas en situación de discapacidad que fomentan la autonomía y accesibilidad en el entorno físico, así como la implementación de ajustes razonables para el cumplimiento de la cuota laboral en entidades públicas y privadas.


El 3 de diciembre de 1992 cayó jueves, pero no fue uno cualquiera: fue declarado como el “Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad” por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas en esta condición en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Se deduce que también se pretendía hacer tomar conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural y así acercarnos a ser una sociedad inclusiva y accesible.

Tristemente, han pasado treinta años y, pese a que en la actualidad más del 15 % de la población mundial se encuentra en situación de discapacidad, la tarea sigue pendiente. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), eligió para este año el lema “La innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Bajo dicho precepto, uno pensaría que la consigna es no dejar a nadie atrás, siguiendo las enseñanzas de un buen marine.

Sin embargo, pese a que nuestro país ha suscrito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —un tratado internacional que busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por este grupo—, hay brechas que no hemos podido superar. Por ejemplo, de acuerdo a la Ley General de la Persona con Discapacidad, las oficinas municipales y regionales de atención a las personas con discapacidad deben llevar un registro de la población señalada en su jurisdicción para facilitar su atención y asistencia, pero no todas las municipalidades ni gobiernos regionales cuentan con esas oficinas.

Pese a representar el 10.5 % de la población peruana, esta comunidad vive diariamente la vulneración de sus derechos. Para muestra, caminemos unos minutos por las calles para notar las fallas de diseño que hacen del tránsito por la ciudad una situación de riesgo constante. Por ejemplo, lo reto a usar una silla de ruedas y descubrir el desafío de desplazarse de forma autónoma sobre los adoquines utilizados en el plan de peatonalización urbana. 

Otra muestra de esta vulneración se da ante servicios básicos de la administración pública: no todas las entidades cuentan con intérpretes de señas, lo cual impide que una persona sorda pueda ejercer sus derechos ciudadanos en forma autónoma. 

Ante este constante olvido e invisibilización, hace solo unos meses se organizó la campaña #PorUnMunicipioConNosotros, con el objeto de hacer visibles las barreras físicas y sensoriales que las personas con discapacidad enfrentan cada día, las mismas que nos han llevado a lo largo de la historia a escenarios de desigualdad.

Existen múltiples tareas por hacer y, desde luego, se requieren recursos para ejecutar cada una de ellas; sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos de que designar presupuesto a este colectivo es cuestión tanto de números como de voluntad. 

Anualmente se debate la Ley de Presupuesto para el año entrante, y en él se define a cuánto asciende el presupuesto institucional que deben utilizar los gobiernos regionales y locales en gasto de obras destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a través de infraestructura urbana a quienes se encuentren en situación de discapacidad. Sin embargo, en la propuesta que el Ejecutivo presentó a inicios de noviembre para el presupuesto de 2023 se había eliminado la disposición complementaria que, en los últimos 14 años, otorgaba recursos a las municipalidades para realizar estas obras. ¿La razón? Algunas autoridades locales han considerado, en muestra clara de desconocimiento y poca capacidad de gestión, que ese porcentaje, más que necesidad, significa dinero desperdiciado. ¿Será que representa un porcentaje sujeto a más fiscalización —CONADIS, sociedad civil, Comisión de Inclusión Social y Personas en situación de discapacidad, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República— y, por ende, con menos posibilidad de ser indebidamente utilizado?

Afortunadamente, las organizaciones que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos del Perú, así como diversos congresistas comprometidos, han alzado su voz y exigido a la Comisión de Presupuesto y a las bancadas del Congreso reincorporar la disposición que otorga recursos a las municipalidades para realizar obras digiridas a las personas en dicha situación. El objetivo se ha logrado y se ha materializado en la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 31368, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

Haber eliminado el escaso 1 % del presupuesto nacional para la accesibilidad del entorno, así como para la implementación de programas y servicios a ejecutarse por los gobiernos locales, habría significado desconocer compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y configuraría el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Sin embargo, el dinero asignado a los gobiernos regionales y locales resulta insuficiente ante las necesidades de este colectivo. Además, el desconocimiento en gestión pública y proyectos de inversión, y la nula ejecución en beneficio del colectivo en situación de discapacidad, generan que el presupuesto asignado retorne al tesoro público. Así, no hay accesibilidad porque no hay presupuesto suficiente, no hay presupuesto suficiente porque lo poco que se asigna no se ejecuta y se revierte a las arcas nacionales; y no se ejecuta, por desconocimiento o por falta de voluntad de las autoridades locales.

En suma, ¿qué hay que hacer para que nos hagan caso y revertir este círculo perverso? 
¿Ponernos de moda de la manera más trágica? 


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2 comentarios

  1. Carlos Miguel Caro Custodio

    Excelente artículo. Duele mucho ver y saber que no hemos avanzado en la accesibilidad en nuestro país. Confío en que la sociedad civil pueda hacer algo, porque desde el gobierno tengo claro que no haya mucho…

  2. Cesar Guerrero G

    No hay una cultura de prevención en la curricula escolar. Ni mucho menos los colegios de profesionales. Una persona
    no da lo que no tiene. Allí se tiene que trabajar porque el beneficio es para
    Todos!

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