Sobre los dos requisitos clave para que tengamos una educación inclusiva
Ricardo Guerrero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y activista en discapacidad y accesibilidad. Su experiencia incluye proyectos enfocados en reconocimiento, visibilización y empoderamiento de personas en situación de discapacidad que fomentan la autonomía y accesibilidad en el entorno físico, así como la implementación de ajustes razonables para el cumplimiento de la cuota laboral en entidades públicas y privadas.
Han transcurrido más de treinta años desde mi incursión en el mundo escolar siendo un niño en situación de discapacidad y en estas tres décadas, si bien se han producido mejoras en la educación, algo no ha cambiado: la falta de presupuesto que se le asigna a este sector.
Aún recuerdo cuando cierto director escolar consideraba que su colegio no tenía presupuesto suficiente para implementar ajustes razonables que garanticen la accesibilidad bajo el principio del diseño universal. Teniendo entonces cinco años, esto me enseñó que existe un sector desatendido completamente, el cual se ha ido incrementando año tras año.
El Censo Nacional de 2017 señaló que el 13.9 % de la población no tiene nivel alguno de educación y solo el 29.6 % —803.840 personas— cuenta con educación secundaria. La falta de apoyo educativo dentro de las escuelas explica la deserción escolar y el bajo nivel educativo.
Solo dos años más tarde, el Censo Escolar de 2019 mostró que en nuestro país cerca de 90 mil estudiantes tienen alguna necesidad educativa especial. De ese total, el 52 % son estudiantes con discapacidad intelectual, población que no es atendida por el sector Educación.
A efecto de atender las diferentes necesidades educativas especiales, la educación inclusiva busca garantizar el acceso y la calidad educativa para todas las personas, sin importar sus características o condiciones. En el Perú, la educación inclusiva es un tema crucial para garantizar el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha planteado diversos servicios de apoyo educativo con el rol de brindar asistencia a los docentes, y a la comunidad educativa en general, para lograr la inclusión efectiva de los estudiantes con discapacidad.
La ausencia de estos servicios de ayuda ocasiona que las familias de los estudiantes con discapacidad asuman sus propios apoyos educativos, y esto se convierte así en una práctica excluyente, pues encontramos colegios que cobran montos extra para recibir a estos estudiantes.
En el presupuesto del sector educativo peruano se asignan recursos para el desarrollo de políticas y programas que fomenten la educación inclusiva. El objetivo es ofrecer oportunidades educativas a todas las personas, incluyendo a aquellas que enfrentan barreras para acceder a la educación, como la discapacidad, la pobreza, la pertenencia a comunidades indígenas, entre otras.
Reconozco que luego de más de veinte años de haber terminado el colegio, han habido avances. Se han desarrollado programas, como el Programa Nacional de Apoyo a la Educación Básica Regular (PRONABEC), que también ofrece becas a estudiantes con discapacidad; el Programa Nacional de Educación Básica Especial (PRONABE), el cual se enfoca en garantizar el acceso a la educación básica a estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales. Además, el PRONABE brinda apoyo económico a las familias de estos estudiantes para que puedan cubrir los gastos adicionales que implican su educación.
Asimismo, se ha creado el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Inclusiva (PRONAFEI), el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación inclusiva en todo el país. Este programa brinda capacitaciones a docentes y directivos para que puedan implementar estrategias pedagógicas que permitan atender las necesidades educativas de todos los estudiantes, sin excepción.
De igual modo, en mayo de 2021 se aprobó el Reglamento de la Ley General de Educación, a través del Decreto Supremo Nº 007-2021-MINEDU, y en octubre de 2022 se aprobó el plan marco que orienta la implementación de la educación inclusiva. Ambos instrumentos dan pie a la transformación de la prestación de apoyos; es decir, la conformación de los Servicios de Apoyo Interno —en cada escuela— y Servicios de Apoyo Externo —en cada UGEL—, la transición de los SAANEE —Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales— a este nuevo sistema de provisión de apoyos; así como la ruta de implementación.
Cada programa creado, además de las adecuaciones normativas, ha demostrado esfuerzos cruciales en inclusión; sin embargo, no pueden quedar en el papel. Los dos pilares requeridos para sostener esta tarea son a) la voluntad de quienes deciden y ejecutan, y b) el presupuesto adecuado. En el año 2021, el presupuesto destinado a educación fue de 34.900 millones de soles, lo que representa un aumento del 0,7% respecto al año anterior. Sin embargo, este incremento no fue suficiente para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes.
Debido a esto, resulta necesario volver a poner el tema en el tapete y reiterar su importancia, para lograr que el Ministerio de Educación incorpore dentro de sus prioridades la asignación de presupuesto para la implementación de los servicios de apoyo externos e internos. Urge seguir trabajando para que la educación inclusiva sea una realidad en el Perú y, para lograrlo, resulta fundamental la voluntad de trabajo y el dinero necesario.
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Importante información sobre el grado de inclusión de la población discapacitada. Increíble que se hayan diseñado políticas públicas para efectos de incluir vía el fomento de la educación, pero no haya presupuesto para ejecutarlas. Más aún, cuando ha quedado demostrado que a mayor discapacidad hay mayor pobreza. Véase: https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ESTUDIO+POBLACION+DISCAPACITADA+DE+JHONATAN+CLAUSEN+PUCP&ie=UTF-8&oe=UTF-8