¿Matrimonio igualitario o unión civil?


Una mirada realista sobre la lucha por la igualdad


Hace unos días la bancada de Avanza País, por iniciativa del congresista Alejandro Cavero, presentó un proyecto de ley de unión civil. La iniciativa ha recibido críticas desde organizaciones LGBT+, quienes señalan que luego de años de lucha y de avances en el mundo la batalla ya no debería ser por la unión civil, sino por el matrimonio igualitario, sobre el cual hay un proyecto presentado por la congresista Susel Paredes el año pasado.

El proyecto de ley del congresista Cavero plantea permitir que tanto parejas del mismo sexo como parejas heterosexuales puedan unirse civilmente. En ese sentido, la fórmula legal es distinta a la que se presentó en el Congreso peruano el 2013 y a la que presentamos el 2016, pues en esos proyectos restringíamos la unión civil a las parejas del mismo sexo. Así, el camino que propone este nuevo proyecto de ley se parece a la fórmula de unión civil aprobada en Chile el 2015.

Con la unión civil se busca que las parejas que decidan tener un proyecto de vida en común y adopten esta figura se vean reconocidos legalmente y se protejan determinados derechos. Esto incluye asuntos de patrimonio común, derechos de decisión médica, acceso a seguros de salud, etc. Sin embargo, este proyecto no incluye regulación respecto a la posibilidad de tener hijos como pareja, para lo cual se seguirían aplicando las anacrónicas normas vigentes.

Como alguien que en su momento firmó tanto un proyecto de unión civil (2016), como uno de matrimonio igualitario (2017), y trabajó por impulsarlos en congresos altamente conservadores, quisiera dar mi opinión y tratar de acercar las posiciones que hoy parecen irreconciliables.

En primer lugar, voy a sintetizar tanto los aspectos positivos del proyecto, como las críticas que se han dado desde su presentación.

Por supuesto, el principal punto positivo es que, de aprobarse la iniciativa, se estaría protegiendo a las parejas del mismo sexo que hoy no cuentan con ningún tipo de regulación que vele por sus derechos. Recordemos que un estudio realizado en 2020 por IPSOS, por encargo del Ministerio de Justicia, concluyó que el 8 % de la población peruana se identifica como no heterosexual. Son casi 2 millones de peruanas y peruanos que hoy no cuentan con ninguna ley que proteja sus uniones familiares. Es una emergencia permanente.

Por otro lado, algunos han destacado también como aspecto positivo —desde un punto de vista pragmático— que este proyecto podría generar en el Congreso actual mayor consenso que las propuestas anteriores sobre la materia. Resulta interesante constatar que esta propuesta de unión civil está siendo impulsada por una bancada de derecha, donde normalmente priman las posiciones conservadoras. Este es un hecho políticamente relevante, pues, hasta la fecha, para algunos este tema venía siendo visto como algo solamente promovido por algunas organizaciones de nicho, grupos de izquierda y un puñado de liberales solitarios. La presentación del proyecto con la firma de casi toda la bancada de Avanza País, incluyendo la de personas que probablemente en su momento estuvieron en contra de los proyectos de unión civil anteriores, no es algo menor o irrelevante.

Como crítica, desde los activismos LGBT+ se señala que la propuesta es insuficiente y tardía. No se protege, por ejemplo, a los hijos de parejas del mismo sexo, ni se reconocen los derechos de este tipo de familia. Tampoco se explicita que existe un vínculo familiar en este tipo de unión. Muchos han señalado que la propuesta no responde a las expectativas actuales de los movimientos LGBT+, quienes encuentran en el matrimonio igualitario la figura justa y oportuna, pues pone en igualdad de condiciones a las parejas homosexuales y a las parejas heterosexuales, reconociendo todos los derechos y evitando diferenciaciones que resultan discriminatorias. Adicionalmente, los activismo LGBT+ consideran que la propuesta de unión civil distrae o evita que se avance con la del matrimonio igualitario. 

Y en esta controversia, ¿cuál es mi posición?

En primer lugar, creo que cometemos un error si planteamos este debate como una dicotomía: “aprobar la unión civil o aprobar el matrimonio igualitario”. Pienso que en el país debería existir unión civil y matrimonio igualitario. Las dos figuras. Eso ocurre actualmente en Chile, por ejemplo. La entrada en vigencia del matrimonio igualitario (2022) no ha desaparecido la figura de la unión civil (2015). Ambas conviven, brindándole opciones a quienes quieren formalizar legalmente su relación.

Segundo, como alguien que intentó impulsar proyectos de esta materia en congresos conservadores —lamentablemente sin resultados positivos— pienso que el aspecto político realista debe ser tomado en cuenta. Con este Congreso y la conformación actual del Tribunal Constitucional, decir “matrimonio igualitario o nada” significa elegir la “nada”. Y aquí quisiera hacer referencia a mi posición de privilegio: yo tuve la oportunidad de casarme el año pasado en Estados Unidos y tengo la certeza de que, si algo me llegase a pasar, mi familia trataría a mi esposo como viudo, con el reconocimiento legal y social que ello conlleva. Desde este privilegio me sería fácil asumir el “matrimonio o nada” pues, en la práctica, mi realidad no se ve amenazada o perjudicada ante la ausencia de avances.

Pero esa no es la realidad de muchas parejas del mismo sexo en nuestro país. Conozco muchos casos muy dolorosos donde la falta de reconocimiento legal ha dejado a gente en situación vulnerable, especialmente en el contexto de la pandemia. Pensando en esos casos, ¿no es mejor contar con algo de protección legal, como lo otorga la unión civil, a seguir teniendo nulo reconocimiento? 

Tercero, entiendo que una de las preocupaciones es que este proceso legislativo distraiga esfuerzos y atención a lo que es la figura plenamente justa y necesaria: el matrimonio igualitario. Entiendo y comparto la preocupación. Pero creo que la estrategia política y la narrativa alrededor del proyecto debe tener siempre presente que el norte es y seguirá siendo la aprobación del matrimonio, y que la unión civil no es un camino distinto sino un paso en la misma dirección.

Cuarto, un argumento de corte jurídico. Se dice que la Corte Interamericana se ha pronunciado en contra de la unión civil. Eso no es exacto. Se ha pronunciado en contra de que exista una figura exclusiva para parejas del mismo sexo y otra para parejas heterosexuales. En este caso, la figura legal estaría disponible para ambos tipos de pareja. Y la propia opinión de la Corte señala que la unión civil es una figura que permite avanzar por el camino correcto. Esto, evidentemente, no cambia el hecho de que se debe lograr que tanto la unión de hecho como el matrimonio también estén disponibles para parejas homosexuales, y que el Estado peruano está vulnerando derechos al no permitirlo.

Dicho esto, entiendo la frustración de quienes ven en la presentación de este proyecto de ley la constatación de que nuestro país sigue a la cola en el reconocimiento de derechos para las parejas LGBT+. Incluso, nada garantiza que el proyecto presentado no naufrague: si nos atenemos a lo ocurrido con los proyectos presentados en los congresos anteriores, todo haría indicar que correrá esa misma suerte. Pero creo que, incluso si la figura legal no nos convence o si no se logran los votos para conseguir un dictamen favorable, debemos ver la presentación de todos estos proyectos de ley como oportunidades para seguir visibilizando a las parejas homosexuales, seguir hablando de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, y seguir ganando aliados para nuestra causa.

El camino a la igualdad es el mismo, la controversia entre las dos propuestas está en cuánto se cree que se puede avanzar por dicho camino. No nos quedemos parados discutiendo si avanzaremos poco o mucho, caminemos hoy todo lo que sea posible hacia ese horizonte común.


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