Sobre la urgencia de un proyecto político que incorpore a todas, todos y todes
Sofía Carrillo Zegarra es periodista y activista afroperuana. Estudios de maestría de Gerencia Social de la PUCP. Especialista en incidencia política, género e interseccionalidad. Reconocida por su labor en la defensa del pueblo afroperuano y las mujeres por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Semana Interamericana de Afrodescendientes y el Ministerio de Justicia, respectivamente. En la actualidad es parte de la campaña de la Cadena de Televisión Telemundo #MuchasNacionesUnSoloDestino, que destaca a mujeres latinoamericanas comprometidas con la lucha por los derechos humanos en la región. Fue conductora de programas televisivos en 2017 y 2021 y desde 2019 es conductora radio.
Cada vez es más evidente la urgencia de construir un proyecto político común que reconozca la imbricación de las opresiones que hacen persistir las desigualdades estructurales en una sociedad jerarquizada por las identidades étnico-raciales, el género y la sexualidad. Y estando próximos a las elecciones municipales y regionales es importante pensar que estas podrían ser la oportunidad para construir y reconstruir, planteando algunas cuestiones previas: ¿dónde están las mujeres en las alternativas electorales?, ¿qué mujeres son las que tendrán la posibilidad de tentar un cargo político?, y ¿hay representaciones de los pueblos indígenas y afroperuanos, o se seguirá minimizando su existencia?
Incorporar la complejidad de todas las diversidades tiene que ser prioritario para una propuesta política que aspira llegar al poder, lo cual no debe ser una simple suma de actores, sino el conocimiento y el reconocimiento de sujetos políticos heterogéneos víctimas de los sistemas de dominación: mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad; ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a vivir en un estado de bienestar con condiciones de vida que permitan su desarrollo personal y colectivo.
La desconfianza en la clase política, acentuada en las últimas décadas, hace prever desinterés de un gran sector de la ciudadanía con miras a los próximos comicios; sin embargo, debemos recordar las razones que últimamente han movilizado a mujeres, indígenas y agricultores para que sean parte de la agenda de los partidos y movimientos políticos en este escenario de disputa. El hastío visto en las calles debe tener respuesta del Ejecutivo y del Legislativo, pero también de quienes aspiran a contar con el respaldo de las y los electores en los comicios de octubre de 2022.
Desde los movimientos feministas se ha demandado la participación política de la mujer y, luego de un largo proceso de incidencia, en 2020 el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley Nro. 31030 que garantiza la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas y candidatos para cargos de elección popular de nivel nacional y subnacional, y establece la paridad en las candidaturas para cargos de dirección de los partidos.
Antes de esta ley, entre 2002 y 2018, “solo el 3.2 % de quienes ejercieron el cargo de gobernador regional fueron mujeres. De manera similar, para los cargos de nivel provincial, se reconoce que el porcentaje de mujeres electas para ser alcaldesas o regidoras fue de 3.2 % y 24.7 %. Asimismo, en los puestos de nivel distrital, las alcaldesas representaron 3.5 % y las regidoras 28.6 % del total” (Paridad y Alternancia. Elecciones Generales 2021).
Es así como la Ley Nro. 31030 debería ser favorable para las mujeres en las elecciones municipales y regionales, pero la experiencia en los últimos comicios generales nos da cuenta de que los cambios normativos son importantes, pero no suficientes si de igualdad de género hablamos. Además, vale la pena decir una vez más que la categoría “mujer” no es única y desde el feminismo también es preciso recordarlo, no solamente en el discurso, sino en la acción política. ¿Participarán mujeres diversas? ¿Indígenas, afroperuanas, trans, lesbianas?
Las propuestas partidarias para los gobiernos nacionales y subnacionales tampoco pueden olvidar los resultados del censo de 2017, que confirmaron que las condiciones de empobrecimiento siguen marcadas por la identidad étnico-racial de las peruanas y los peruanos. El 16.6 % de personas autoidentificadas mestizos/blancos y otros se encuentra en situación de pobreza, en contraste con un 46.8 % de indígenas de la Amazonía, un 33.4 % de afroperuanos/as y un 28.1 % de indígenas de los Andes (INEI, 2017).
El empobrecimiento marcado por el color, la raza, la etnia, el género y/o la orientación sexual, no es casual: es el resultado de la ausencia de políticas diferenciadas y acciones afirmativas que respondan a las demandas específicas de los pueblos y colectivos.
Por este motivo, no es sostenible que se siga evadiendo la urgencia de contar con un proyecto político común donde participen todas, todos y todes, entendiendo que son los colectivos, las comunidades y los pueblos históricamente excluidos y minimizados en sus conocimientos y aportes los que deben participar activamente en la construcción de una sociedad con justicia social.
