Urge generar confianzas, exigiendo eficiencia a unos y ética a otros
La semana pasada tuvimos el más reciente (des)encuentro entre lo público y lo privado. Esta vez vino con la discusión sobre las vacunas: ¿debería ser el Estado el único encargado de adquirirlas, distribuirlas y aplicarlas?
En este problema de salud pública es muy claro que el Estado debería llevar la batuta. Hay que vacunar primero a quienes tendrían mayor propensión a contagiar y a quienes podrían tener problemas más severos de salud en caso de contagio. También se debe priorizar a quienes desempeñan tareas esenciales en los rubros de salud, educación, y seguridad.
Cada vacuna suministrada genera beneficios a la persona que recibe la dosis y a los de su entorno. Esto, en economía, se llama externalidades. En estos casos, si la vacuna fuera a comercializarse, los precios de mercado no serían justos. Este es uno de los argumentos clásicos para justificar una intervención del Estado en la provisión de un bien o servicio, sea regulando su precio o actuando de proveedor.
Tanto por el argumento logístico –la secuencia de vacunación importa– como por el económico –es difícil encontrar precios de mercado competitivos–, se recomienda que la provisión pública de la vacuna sea universal y gratuita.
¿Significa esto que hay que obligar a todos a vacunarse? Claro que no. ¿Significa que quienes quieran vacunarse solo lo podrán hacer gratuitamente? Tampoco. Bien puede existir un margen para la provisión privada de vacunas, después de haber cumplido los objetivos de salud pública.
Vale la pena recordar que, en realidad, la gratuidad no existe. Sabemos bien cómo funcionan las cosas en esta hermosa tierra del sol: cuando la vacunación esté en marcha, lo más probable es que quien busque vacunarse deba despertarse a las 4 am. para hacer fila en el hospital o posta médica, esperar 3 o 4 horas hasta que comience la atención y, luego, unas 2 o 3 horas adicionales hasta que le toque el turno. No hará desembolso de efectivo, pero pagará con un tiempo valioso que podría usar para descansar o generar ingresos. Esas horas perdidas no benefician a nadie.
Tiene sentido económico que, una vez vacunadas las poblaciones de riesgo y prioritarias, el resto –que debería ser una minoría– tenga la opción de usar su tiempo de una mejor manera. La libertad de elegir genera mayor bienestar. Si eso, además, descongestiona los servicios públicos de atención, nos beneficiamos más personas. Este es un análisis racional, despejado de extremos dogmáticos.
Se teme que abrir los mercados competitivos para las vacunas incentive la corrupción. Se argumenta, por ejemplo, que trabajadores del sistema de salud podrían robar vacunas de la red pública y venderlas en un mercado negro. Este riesgo es imposible de negar, de hecho ya viene sucediendo en varios países, pero no depende de la existencia de un mercado privado. Hay una confusión de causas detrás de este argumento. Pero hay algo más: ¿saben qué herramienta es efectiva para eliminar parte importante de los problemas de los mercados negros? Legalizarlos.
Se teme que quienes puedan acceder a la vacuna con su dinero puedan hacer mal uso de tal privilegio y luego salgan a las calles con poca responsabilidad. Esto traería tensiones sociales. Aquí también hay confusión sobre las causas de los problemas: esas tensiones sociales ya existen, sin vacunas. No todos podemos enfrentar la pandemia en igualdad de condiciones. Eso es muy injusto, pero no lo vamos a resolver prohibiendo mercados.
Sería ideal que tuviéramos una mejor coordinación entre lo público y lo privado, dejar de pensar en el “versus” cuando nos referimos a ambos. Si esto sucediera, se podría encontrar combinaciones que generen mayor bienestar en la población. Lamentablemente los peruanos tenemos un serio problema de desconfianza frente a ambos (y entre ambos). El Estado ha venido fallando clamorosamente, y los privados han mostrado demasiadas garras y dientes para saciar un apetito por el lucro, lo que ha generado muchos problemas.
Una tarea urgente es generar confianzas, exigiendo eficiencia a unos y un comportamiento ético a otros. Para ello, un paso importante es conocer mejor las posiciones de todos. Por eso me pareció muy lamentable que una de las encuestadores más importantes del país trate de medir la opinión de los peruanos sobre el tema cayendo en sesgos tan marcados en la redacción de su pregunta este domingo.
Acerquemos posiciones, generemos confianzas, mejoremos el debate público.
PS: Ayer por la mañana el ministro de Educación anunció que los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) no tendrán proceso de admisión este 2021, y por la noche dijo que habría una admisión reducida. De ello pende el sueño de decenas de miles de jóvenes de escasos recursos que esforzadamente tratan de salir adelante estudiando. La pandemia viene golpeando fuertemente a los jóvenes y el Estado no debería cerrarles más puertas. La continuidad o no de los COAR es una decisión de trascendencia y no debería ser tomada por un gobierno de transición. #AdmisionCOARYa
No tenía ni idea de los COAR, sin examen de admisión y con admisión reducida cómo podrán elegir a quienes entren este año?? Confuso :/
Lo de los COAR es muy importante y, como digo, trascendente. Hay tantos buenos argumentos a favor como en contra. Hace falta un buen debate al respecto.
La desconfianza es lo que vertebra nuestro país, el Estado debe regular, legalizar el mercado negro quizás sea lo mejor, esta pandemia ha puesto en evidencia las grandes fracturas sociales, confuso lo del ministro de educación, deberían seguir adelante los COAR.