Una reforma de justicia mejora los cimientos de la economía
La noticia más importante de la semana pasada no fue la demora en la proclamación de resultados de la segunda vuelta: fue la disputa entre el Congreso y el Poder Judicial sobre la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Dos poderes, el legislativo y el judicial, en colisión. En una democracia sólida eso se llamaría “equilibrio de poderes”; en el Perú es la constatación de varios de nuestros pendientes.
(A propósito, debería llamarnos mucho la atención que estemos a dos semanas del cambio de mando y aún no tengamos certeza jurídica del elegido. Sí tenemos otros tipos de certezas –la estadística, por ejemplo–, pero la relevante está demorando porque la perdedora ha adoptado la dilación como estrategia. Ya no le importa ganar, solo demorar. El presidente electo viene siendo trabado antes de entrar a la cancha. Los costos de esto son enormes para el país. Estamos en un momento clave para la vacunación y la reactivación económica, una ventana que permitiría salvar vidas, aumentar la actividad económica y generar empleo. Nos amenaza, además, una pérdida del grado de inversión de nuestra deuda.[1] En el mundo los precios de varios productos están moviéndose por márgenes amplios, algunos a nuestro favor, como el cobre. Son muchas las coordinaciones que debería hacer el gobierno entrante con el saliente).
Pero volvamos a la noticia central: se trata de una disputa en el marco legal sobre unas decisiones acerca de la pieza última y más importante del sistema jurídico, la que se encarga de la interpretación de la Constitución. El Congreso tiene la responsabilidad de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, pero debe hacerlo bien, siguiendo los procedimientos del reglamento.
¿Cuán relevante es esto para nosotros, los ciudadanos? Muchísimo. Los fallos del Tribunal Constitucional determinan el funcionamiento del sistema de justicia. Eso, a su vez, es el punto de partida para varias dimensiones de nuestro bienestar. Voy a resaltar dos: los costos de transacción y la cohesión social.
Sobre lo primero: imagine una sociedad donde las disputas se resuelven predecible y razonablemente. El sistema de administración de justicia recibiría menos carga procesal y, por lo tanto, tendríamos que contratar a menos jueces y secretarios de juzgados que se pagan con nuestros impuestos. Pero el ahorro que trae un mejor sistema de justicia trasciende estos costos. Hay algo más importante. Nuestras transacciones diarias tienen una capa extra de complejidad –que viene con un correspondiente sobrecosto– por razones legales. Si nuestro sistema de justicia fuera más simple, confiable, predecible y razonable sería más fácil y barato comprar y vender bienes –casas, carros, motos, etc.–, celebrar contratos de trabajo, formar sociedades y crear emprendimientos. Los costos de transacción serían menores y la economía se movería con mayor dinamismo.
Sobre lo segundo: un sistema de justicia engorroso y poco transparente se presta a que sus usuarios utilicen estrategias corruptas para ganar la razón de un juez. Esto nos lleva a un mal equilibrio en el que todos dan por sentado que hay que pagar o hacer favores al sistema judicial para obtener fallos favorables. El buen comportamiento ciudadano y luchar en buena lid pasan a ser secundarios porque el dinero puede arreglarlo todo. Obviamente, quien tiene más dinero o poder, puede “arreglar” más. Así perdemos uno de los principios básicos de convivencia: dejamos de ser iguales ante la ley. Detrás de ello vienen varios de los problemas de cohesión social que Alberto Chong ha anotado en esta columna reciente para Foco Económico.
Un sistema de justicia engorroso funciona como arena y piedras en las ruedas de nuestro “triciclo Perú”, y hace más difícil moverlo. Necesitamos reformar el sistema. Hemos tenido reformas parciales, pero insuficientes. A decir de Eduardo Dargent –citando a Montalbetti–, no basta con cambiar algunas manzanas podridas, es probable que sea el barril que las contiene el que necesite cambiarse. La reforma debe ser radical.
Este pendiente es antiguo y no hemos hecho mucho por priorizarlo. La semana pasada, David Rivera apuntó con buena memoria en el pódcast de Sudaca que Moisés Naím, uno de los invitados especiales de CADE el 2015, dijo con claridad que «la reforma del sistema judicial debe ser una prioridad» en el Perú. Por entonces Naím acababa de publicar un análisis de los cambios de la estructura de poder en el mundo y, previo a ello, había publicado otro libro sobre la filtración de los negocios ilícitos en el orden global. Sabía de qué nos estaba hablando.
Esto deja mal paradas a nuestras élites. ¿No comprendieron el mensaje de Naím? ¿O comprendieron, pero no pudieron implementarlo? ¿O comprendieron, pero no quisieron implementarlo? Nos toca a todos, más allá de nuestras élites, exigir la reforma integral del sistema judicial, las manzanas y el barril.
[1] Colombia perdió el grado de inversión de su deuda hace dos semanas. Esto significa que la próxima vez que quieran endeudarse en los mercados internacionales tendrán que pagar intereses más altos. Ojalá no nos pase lo mismo.
Por esta razón, la mayor razón, no debería ser presidenta Keiko. Con ella se incrementaría y perpetuaría la corrupción, su conexión con Hinostroza, Chávarri, Cuellos Blancos, Montesinos, Joaquín Ramírez, todos delincuentes.