La protección a quienes nos deberían proteger

¿Habrá alguna repercusión para los agentes del dolor ciudadano?

Hace algunas semanas, cuando escribía sobre mi estancia en Chile participando de la Consulta Regional del Mecanismo de Expertos Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden, algunos compañeros me hicieron llegar una preocupación importante, a manera de pregunta: ¿de qué manera lo que relataba en esta columna era de importancia para el ciudadano peruano de a pie? ¿Cómo el trabajo que estábamos haciendo en el país del sur, por más relevante que yo pudiera encontrarlo, sería de importancia para el peruano promedio? Creo que un escenario perverso como el que estamos viviendo, en el que la represión policial y militar, violenta y arbitraria, es justificada por muchos sectores y celebrada por otros, me permite explicar exactamente por qué esas conversaciones fueron y serán relevantes en el futuro.

Lo que ha pasado, ya lo sabemos. El presidente Castillo pretendió cerrar el Congreso. Esta es una medida ilegal y contraria a la Constitución, lo que le dio al Congreso la munición perfecta para vacarlo. Vacado el presidente, y de acuerdo al proceso regular de sucesión constitucional, asumió la titularidad de la presidencia de la República la señora vicepresidenta Dina Boluarte. Así, en menos de lo que dura la película Titanic, se interrumpió el orden constitucional y se volvió a reestablecer. ¡Excelente servicio!

Sin embargo, estos episodios no se dieron en el abstracto. Todo tiene un contexto social. En nuestro caso, una maraña de negociaciones, acuerdos, desacuerdos y descontentos. Todo lo que Castillo dejó pendiente fue ahora heredado por Boluarte. Y muchos de estos pasivos, como lo llaman los analistas, incluyen la gestión del descontento social generalizado en diversos puntos del país, ocasionado por múltiples razones válidas y agravado por la indiferencia intencional que históricamente ha mostrado el Estado, la prensa y la sociedad ante estos temas. Asumió Boluarte, que genera otros desacuerdos y descontentos por mano propia, y llegamos aquí. En el interim, la señora presidenta no ha mostrado una postura dialogante o siquiera de escucha hacia la ciudadanía, sino que está dejando pasar y avalando una serie de violaciones de derechos civiles y colectivos de nuestros conciudadanos y ciudadanas en varios puntos del país; vulneraciones que, como sabemos, vienen teniendo consecuencias letales para muchos de ellos.

Es difícil responder a la pregunta de qué va a pasar, o cómo va a terminar esta crisis. Los cientistas y analistas políticos no pueden predecir el futuro, pero hay algunos elementos legales, más concretos, que se pueden prever, aun si en este momento no están siendo parte de la discusión: qué va a pasar con los policías y militares —si son identificados— que produjeron las muertes o que causaron lesiones graves a nuestros conciudadanos.

A pesar de la labor de la prensa en Lima, gracias a las redes sociales muchos estamos siendo testigos de abusos importantes por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas: disparos directos a personas no armadas, a menores de edad, allanamientos arbitrarios, autoridades no uniformadas o identificadas dirigiendo operativos, entre otros. Por cierto, la denominación de actuación arbitraria de las autoridades del orden no es un juicio de valor cotidiano que se le ocurre a unos pocos, o nace de poco información: resulta de una evaluación de las normas aplicables, el contexto de actuación y cuáles son los protocolos de actuación oficiales frente a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la protesta. Lo cierto es que, y esto era precisamente el punto que hacíamos frente a los comisionados en Chile, la institucionalidad de nuestro país, cuando se trata de la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta, tiene falencias sustanciales. 

Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1186 es un instrumento legal promulgado en 2015 que regula el uso de la fuerza por la Policía Nacional del Perú. Este instrumento establecía los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que debían ser observados por las fuerzas del orden, de manera concurrente, en el caso de su respuesta a operativos como los que hemos visto en los últimos días. Elementos interesantes en este instrumento son encontrar que, dado que el derecho a la protesta existe y la labor de la fuerza policial es defender los derechos de las personas, luego del uso de la fuerza (en el grado que sea necesario) las autoridades policiales siguen teniendo una responsabilidad para nuestros conciudadanos. Por ejemplo, adoptar medidas para que se les brinde asistencia y servicios médicos, comunicarse con los familiares de los heridos o fallecidos y presentar informes detallados de los hechos; estos últimos hechos, indica la norma además, generan una investigación administrativa inmediata. 

En marzo de 2020, sin embargo, este decreto fue modificado por la Ley de Protección Policial (Ley 31012). Si bien este texto es claro en que el uso de armas u otros medios de defensa genera responsabilidad penal si contraviene la Constitución, esta modificación eliminó el principio de proporcionalidad en la respuesta policial y militar, además de eximir de responsabilidad penal a los agentes del orden que causen muerte o lesiones a los ciudadanos, cuando estas incidencias se dan en el cumplimiento de sus funciones. En efecto, el objeto de la norma es: “otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte (a los ciudadanos)”. ¿Cuáles son entonces los incentivos de los agentes del orden para, efectivamente, respetar nuestros derechos en la vida diaria y, en particular, en un contexto de protesta ciudadana? 

Este no es un texto que busque echarle tierra a las fuerzas policiales o militares. Si acaso, en casos de profunda crisis como la que estamos viviendo, las fuerzas del orden se vuelven un actor expiatorio colocado entre una espada y una pared: entre la inacción de las autoridades políticas y las demandas exaltadas de una población harta de esta inacción. Sin embargo, he buscado ofrecer un elemento más de información y una perspectiva que no solemos ver. No se sabe muy bien a dónde estamos yendo o cómo vamos a llegar ahí, pero algunas cosas se van haciendo claras desde ya: no todos los responsables serán llevados a la justicia.   

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