La pregunta sin respuesta

Ambos candidatos evadieron un tema muy importante. Y eso preocupa.

El domingo se realizó el último debate presidencial de este proceso electoral y, dentro del formato diseñado por el Jurado Nacional de Elecciones, hubo espacio para preguntas directas de algunos ciudadanos. La verdad, en muchos casos estas estuvieron mucho mejor que las intervenciones de los candidatos. Pero hoy quisiera centrarme en una de ellas  en particular. Una que no obtuvo respuesta. Que ambos decidieron evadir. 

            Desde Cusco, Vanessa Escobar preguntó:

            “En un informe reciente, la organización internacional Global Witness ha calificado al Perú como el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental, ya que los asesinatos y amenazas contra ellos se han convertido en un tema del día a día. En un eventual gobierno suyo, ¿qué medidas tomarán para garantizar los derechos humanos de este importante sector?»

            Vanessa tocó un tema crítico, que vincula derechos humanos, medio ambiente, economía y seguridad ciudadana. Habían varios enfoques posibles, pero tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori decidieron ignorar la problemática, y hablar durante minuto y medio cada uno de temas que no tenían que ver con lo consultado. 

            Fujimori sobrevoló de lejitos la consulta, hablando de los jóvenes y su interés ambiental, de la necesidad de que los proyectos de inversión respeten el medio ambiente, y se comprometió con el cuidado de la Amazonía. Y en el momento en que se esperaba que aterrizara con alguna reflexión o propuesta específica sobre la problemática concreta, dio por concluido el asunto. Y señaló que, como le sobraba tiempo, hablaría de desnutrición y anemia infantil.

            Castillo estuvo incluso más lejos que Fujimori. Empezó afirmando que los ronderos defendían el medio ambiente, señaló que “Tía María y Conga no va”, y listo. Ahí terminaron las menciones a temas ambientales. El resto del tiempo lo dedicó a abrazar nuevamente una inaceptable narrativa xenófoba, para terminar esbozando propuestas penitenciarias de corte populista.

            Y con eso terminó el bloque de consulta ciudadana. Ni Vanessa ni los electores recibimos la respuesta que merecíamos.

            Mientras tanto, desde el 2020 se han asesinado a 8 defensores ambientales y decenas más se encuentran en peligro. Personas que deciden comprometerse con el cuidado del medio ambiente frente a amenazas concretas. Ello implica, muchas veces, enfrentarse a mafias vinculadas a economías ilegales como el narcotráfico, el tráfico de terrenos y la tala ilegal, poniendo en riesgo su vida e integridad, ante la mirada usualmente indiferente del Estado.

            En el Perú, además, existe una particularidad que hace que estos casos sean más graves. Muchos de los defensores ambientales en peligro o asesinados son líderes indígenas amazónicos. Con su muerte, desaparecen también saberes ancestrales, y se resquebrajan tejidos sociales que ya se encuentran en grave situación de vulnerabilidad. 

            Desde el Ejecutivo actual se han dado pasos importantes para enfrentar esta situación, con la aprobación hace un mes de un decreto supremo que crea el mecanismo intersectorial para garantizar los derechos de los defensores ambientales. Desde el Legislativo, las noticias son mucho menos alentadoras.

            El año pasado, luego de una impresionante campaña de desinformación en distintos medios de comunicación, el Acuerdo de Escazú fue mandado al archivo por la Comisión de Relaciones Exteriores. Este acuerdo incluía, entre otras cosas, la obligación de proteger a los defensores ambientales, así como de tutelar una serie de derechos fundamentales para que puedan cumplir su importante rol (acceso a la información, acceso a la justicia, y derecho de participación). Fuimos solo tres bancadas a favor del acuerdo, el resto apoyó entusiasta su archivamiento. Entre ellos, la bancada de Fuerza Popular, que preside la Comisión donde el tema fue debatido. 

            A la fecha, están pendientes en la Comisión de Justicia dos proyectos de ley que buscan brindar un marco de protección a los defensores de derechos humanos, incluidos los defensores ambientales. A pocas semanas de concluir la legislatura, no hay fecha cierta para el inicio del debate.

            ¿Qué hará el próximo Ejecutivo? ¿Dará cumplimiento al Decreto Supremo publicado por este gobierno o lo derogará? ¿Revisará el archivo del Acuerdo de Escazú? ¿Impulsarán, junto a la bancada oficialista, nuevos proyectos de ley sobre esta problemática?

            Como vemos por lo ocurrido con Escazú, y por lo dicho en el debate, no hay muchas esperanzas del lado del fujimorismo. Pero tampoco las hay del lado de Perú Libre. A la desconcertante respuesta del domingo último, hay que sumar lo que dice su programa de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. No se encuentra una palabra sobre el tema, pero sí una narrativa que los defensores ambientales conocen bien, pues suele ser utilizada por aquellos que critican su trabajo. El documento señala: “debemos poner en claro la lucha contra el ecologismo oenegero o el medioambientalismo fundamentalista, que creen que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables” (página 34). Ello acompañado, además, de una narrativa contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (página 52). Revisé también la apurada actualización del plan de gobierno, pero no encontré mayor referencia.

            Como vemos, un panorama desalentador con ambas candidaturas. La pregunta sin respuesta nos confirma la indolencia de ambos candidatos frente a esta grave problemática.