El paro agrario nos recuerda la continuidad de las deplorables condiciones en las que viven quienes trabajan la tierra en el Perú.
Uno de los estereotipos más difundidos sobre la población afroperuana es que su lugar de origen es Chincha, en Ica. Ahí radicaría su “esencia”. “¡Vamo’ pa’ Chincha, familia!” o que es “Cuna del arte negro” son frases tan manidas que pasan inadvertidas en lo cotidiano. La última vez que me crucé con un peruano en Estados Unidos me preguntó de dónde era. Me miró con una mezcla de sorpresa/sospecha cuando le dije que de Lima (en lugar de responderle que de Chincha).
Desde que comenzó el paro agrario, el 30 de setiembre, el nombre de esta provincia ha vuelto a la conversación pública.
Aun con el cliché “chinchano” de por medio, es difícil imaginar que las actividades agrarias involucran a la población afroperuana. El 22% de afroperuanos y afroperuanas trabaja en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. De hecho, la mayoría de los que se emplean en la agricultura se encuentran en Puno, San Martín y Cajamarca (según la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Mincul). La realidad numérica rebate el estereotipo. Al mismo tiempo, Ica alberga 33.280 personas que se autoidentifican como afrodescendientes. De ellos y ellas, el 22,4% se dedican a lo mismo.
Hace siglo y medio los africanos y sus descendientes ya trabajaban la tierra en el Perú. ¿Cómo puede extrañarnos que aún hoy sean afectados por las condiciones desiguales que esa labor implica? De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la agricultura es la actividad económica con mayor tasa de empleo informal (96,3%). Aunque informalidad no equivalga a pobreza, son dos fenómenos usualmente relacionados (Diagnóstico del empleo informal en el mercado de trabajo peruano 2007-2018). Es decir, las y los afrodescendientes que trabajan en ese sector son perjudicados por la informalidad rampante y vulnerables a la pobreza.
“¿Por qué nos tienen olvidados?”, dijo una trabajadora agrícola a la presidencia del Consejo de Ministros. Sus palabras me recordaron las mías de hace algunas semanas, cuando escribía sobre los “olvidados” del Perú y las protestas. No quiero decir “se los dije”, pero ahora vemos que esa aparente unión entre peruanos se desmorona. La señora citada por los medios de comunicación como “trabajadora agrícola”, sin nombre ni apellido, le reclamaba a los funcionarios del Estado por dejar desamparados a las y los trabajadores de las agroexportadoras que, casi literalmente, les dan de comer. “Una rica manzana, una rica uva, un tomate, una papa” recitó la vocera de los trabajadores.
Irónicamente, quienes trajinan la tierra día tras día desde las cuatro de la mañana no son los únicos que reclaman. Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica (2015-2018), también se ha manifestado en “protesta firme” pero por diferentes motivos. Con indignación, el candidato a la presidencia se pregunta: “¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Por qué tanta mansedumbre? ¿Por qué tanta pusilanimidad frente a vándalos que están destrozando la infraestructura productiva de nuestro país?”. En su retórica, los vándalos son la ciudadanía que ha cerrado una carretera para llamar la atención hacia sus preocupaciones. Trabajan más de ocho horas y ganan menos del sueldo mínimo. Lo espectacular, para mí, es que alguien como Cillóniz, con acceso a todos sus derechos, se queje de la ausencia del Estado por no reprimir a aquellos que protestan por no tener nada.
Hoy, 3 de diciembre, conmemoramos 166 años de la abolición de la esclavitud en el Perú (3/12/1854), y es un buen momento para recordar que, aunque no sean visibles, los agricultores y agricultoras afroperuanas están ahí. En estos días he leído y oído hablar de semiesclavitud para describir las condiciones laborales y de vida de quienes se ocupan en agricultura y agroindustria. La semiesclavitud no es un evento contemporáneo y disociado de nuestra historia. Observo una continuidad. Lo que viven los descendientes de africanos e indígenas hoy, haciendo un trabajo similar, se parece mucho a lo que vivían sus ancestros hace menos de dos siglos. Eso es indignante.
Mientras tanto, también hemos olvidado que por meses el distrito de Challhuahuacho ha organizado paros para exigir que se cumplan los compromisos de la minera Las Bambas. La minería es un sector con mucho más empleo formal que la agricultura. Ambos, sin embargo, comparten un rasgo en común: menoscabar la importancia de las vidas de quienes trabajan para ellos.
Recordemos estas históricas desigualdades cuando hablemos del Perú.
Entonces pasamos a bloquear calles, pistas, veredas y carreteras como el medio mas democratico y civico de ser escuchado.
Asi ya no podre ir pa Chincha.
Lamentablemente, los reclamos tienen años sin ser escuchados.
Este mismo paro ya tiene meses. Es terrible que el Estado y la prensa solo «escuche» cuando empieza la destrucción.
Pasa aquí y pasó en Chile.
Las reglas deben ser más equitativas desde la base para no llegar a este extremo indeseable.
es cierto, lamentablemente solo te escuchan cuando terceros salen afectados por las protestas, es cierto que quemar buses, etc talvez es extremo, pero es la desesperación de este grupo de personas que no se sienten escuchadas … en vez de exigir que ellos dejen de realizar dichos actos, se debe exigir al estado que realice medidas para formalizar a dichas empresas que les pagan miserables remuneraciones.
Lo más democrático y cívico es mejorar el país para todos y todas. Como dice Yenny y GR, exigir que los derechos se respeten, estar atentos a las necesidades de las poblaciones.
A informarse mejor: Challhuahuacho está parado solicitando tres cosas según su propia plataforma: cumplimiento del DS 005-2016 (prioriza la inversión pública en esta zona), asignación de canon minero especial y cambio de Constitución. Ninguno de estos pedidos corresponde a Las Bambas sino al Estado. Y la derogatoria de la Ley de Promoción agraria incentivará que se incremente aún más ese 96.3% de informalidad o por arte de magia y sin una ley de por medio se formalizarán?
Gracias por la información adicional. En el texto cito la fuente según la cual los reclamos son tanto por la empresa MMG y el Estado. Lo cierto, en ambos casos, es que Challhuahuacho es un problema también «olvidado».
Tampoco creo que la derogación de una sola ley vaya a solucionar 500 años de explotación.
Creo que la frase a estudiar aca es «Trabajan más de ocho horas y ganan menos del sueldo mínimo»
Los empresarios formales indican que estan pagando mas que el minimo por las ocho horas y al final con horas extra se paga bastante mas.
El problema con el paro agrario es que se han ido contra los grandes que si cumplen. Han derogado al caballazo una ley y ni siquiera pensaron una nueva. Ahora ya salio una nueva ley pero no tengo alcances de la misma y si resuelve todo lo que ambas partes senalaron.
Sobre la solucion para los afroperuanos, entiendo la indignacion de un grupo que fue marginado y vejado en una buena parte de nuestra historia, pero mejorar las leyes del agro ya no soluciona ni mejora su condicion. Las propias cifras citadas muestran que la minoria se dedica a esta actividad, ya no es como antes donde casi todos trabajaban en el agro. Es mas cuando veia las entrevistas a un lider de estos reclamos, la frase que corono mi mala impresion de todo esto fue: «que se apuren los senores agroexportadores porque pierden su cosecha», es decir, extorsion pura.
Volviendo a las leyes en general, cada dia que los legisladores y gobernantes piensan que por decreto se mejora las cosas, lo unico que logran es mas informalidad. Que la gente acuerde las cosas por fuera, que volvamos a las epocas de las planillas formales y el sobre con los adicionales. Las leyes tienen que ser realistas, poner mas controles sobre el mismo grupo dejando de lado a todos los que ya obraban chueco genera:
1. Inversion para minimizar trabajo manual en los que demandaban ese trabajo
2. Incentivo para no contratar mas gente, sino laborar con menos por horas mas extendidas
3. Incentivo para ver como salirse de la formalidad, etc.