¿Se necesita un ingreso libre para la educación superior pública en el Perú?
Jorge Mori es especialista en políticas de educación superior. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrado en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Exdirector de Educación Universitaria del Ministerio de Educación. Ha sido asesor técnico del Congreso de la República para la elaboración y aprobación de la Ley Universitaria. Fue reconocido por la red de innovación social ASHOKA con un fellowship por su trabajo para la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las universidades públicas.
Empecemos aclarando un punto importante: el ingreso libre para las universidades e institutos públicos que ha propuesto el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU) y que ha generado un debate público en las últimas semanas, no involucra un ingreso universal y masivo, como se da en otros países de la región como Argentina. Un ingreso universal en el Perú pondría en peligro los iniciales avances que se han logrado en la mejora de la calidad a partir de la reforma de la educación superior iniciada en 2014.
Por el contrario, el proyecto de ley para la estrategia de ingreso libre focalizado y gradual que se ha presentado plantea una modalidad de admisión que convivirá con las otras que ya existen (como el examen de admisión). Lo que la estrategia propone es que se aplique para los estudiantes con alto rendimiento académico y que no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a la educación superior pública. Cabe señalar que esta modalidad ya la aplican desde hace varios años algunas universidades privadas reconocidas en el sistema peruano, las cuales envían cartas de invitación de admisión a los estudiantes de los mejores colegios de Lima.
Es cierto que el nombre utilizado para la medida puede llevar a la confusión en los argumentos y puede generar, de manera contraproducente, una expectativa en la población. Como decía Majone (1989)[1], la argumentación es esencial en todas las etapas del proceso de formulación de las políticas.
Ahora, intentemos responder a la pregunta que plantea el subtítulo de este artículo: ¿se necesita un ingreso libre para la educación superior en el Perú? El tema no es nuevo, porque ya fue planteado dentro de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (PNESTP) aprobada por el MINEDU el 2020.
La evidencia recogida y analizada en dicha política permite construir argumentos a favor del ingreso libre. El primer problema estructural que afrontamos como país es que solo 3 de cada 10 egresados de la educación básica transita a la educación superior o técnica. Es decir, casi el 70% de nuestros jóvenes están camino a ingresar al mercado laboral sin pasar por una formación profesional o para el trabajo.
Esta tasa es una de las más bajas de América Latina: Colombia está en 5 de cada 10, y Chile en 8.
Pero no solo la tasa de acceso es baja, sino que, además, es desigual e inequitativa. Según la ENAHO, en el caso de los jóvenes que provienen de las familias bajo la línea de pobreza, solo 2 de cada 10 logran acceder, mientras que en las familias de altos ingresos esa tasa se eleva a 5 de cada 10.
Por otro lado, cuando uno analiza la composición solo de la universidad pública, un 84.9 % de los estudiantes provienen de familias que no son pobres, mientras que solo un 15.1 % provienen de familias bajo la línea de pobreza. Ello, a pesar de que la educación superior pública es gratuita.
Según un estudio de 2020 encargado por el MINEDU, cerca del 40 % de los estudiantes de alto rendimiento no postulan a la universidad. ¿Por qué un porcentaje tan significativo de estos estudiantes no lo hacen? La hipótesis central que sostiene la estrategia del ingreso libre es que hay un porcentaje de egresados con alto rendimiento de la educación básica que no postulan por las barreras económicas. En el caso de las universidades públicas, los costos para la admisión o la matrícula de los centros preuniversitarios se han convertido en inaccesibles para miles de familias que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, una situación que se ha agravado como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.
En ese sentido, una modalidad de admisión como la del ingreso libre les brindaría oportunidades de ingresar, sin afectar la exigencia o la calidad de las instituciones de educación superior que los admitan.
Pero esta modalidad no se ha planteado de manera aislada. Se ha propuesto junto con otros componentes: una plataforma de orientación vocacional, becas de nivelación a través de PRONABEC, así como mecanismos de ampliación y optimización de la oferta de la educación superior pública. Sobre este último punto, el MINEDU viene entregando desde 2021 un financiamiento especial a las universidades públicas para el incremento del número de vacantes anuales, que les permitan mantener las condiciones de calidad logradas como parte del licenciamiento de la SUNEDU. Se trata no solo de repartir las actuales vacantes entre las diversas modalidades de acceso que existen, sino de incrementar las oportunidades de una manera gradual.
Un detalle importante es que el gobierno decidió presentar el ingreso libre como un proyecto de ley, por lo que todavía tiene que ser aprobado por el Congreso de la República para su implementación.
En ese contexto, es importante reconocer que la propuesta tiene una justificación técnica solvente y busca resolver un problema real que están afrontando los jóvenes de alto rendimiento académico para acceder a la educación superior pública. El reto, como en toda política pública, va a estar en su implementación en universidades e institutos.
En educación superior, conceptos como calidad y acceso siempre son difíciles de conciliar. Pero el proceso de reforma de la educación superior y la implementación de la PNESTP al 2030 obliga al Estado a diseñar alternativas innovadoras para resolver los problemas que se vienen afrontando en el sistema. Es urgente seguir debatiendo y colocar en agenda pública estos importantes temas para el futuro de los jóvenes y del país.
[1] MAJONE, Giandomenico. “Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas”. Fondo de Cultura Económica, 1997.
Esta propuesta de ley les da acceso libre a las personas más vulnerables, pero en el transcurso de la vida universitaria tiene que solventar comida, materiales educativos, etc. Asi que lo más probable es que desistan de seguir estudiando.