Ausencias siempre presentes

El enorme trecho entre la Constitución, las políticas públicas y la protección de la población LGTBIQ+ 

En mi artículo anterior en Jugo de Caigua hice referencia a la noción de ceguera social, es decir, esa posición que nos permite a muchos el privilegio de no tener que prestar atención a los fenómenos sociales que no nos afectan directamente, como la situación política de diversos grupos en nuestra sociedad. Dentro de esta misma ceguera colectiva, muchos de los temas que afectan a la población LGTBIQ+ se han trivializado o sobrerreducido en el debate público. 

Cuando hablamos de políticas públicas o de gestión pública –la estrategia específica de implementar y hacer operativas estas políticas–, el elemento “agenda” es fundamental. La agenda pública es el listado de asuntos o problemas públicos que, dada su trascendencia para la población nacional, o para colectivos específicos, estan sometidas a una decisión o acción por parte del hacedor de políticas o de la autoridad gubernamental pertinente. En este sentido, la “agenda feminista”, la “agenda indígena”, la “agenda afro” o la “agenda de derechos humanos” no son textos secretos y conspiratorios que quieren influir en lo más profundo de nuestros pánicos colectivos e ideologizarnos de una manera u otra; disculparán la leve hipérbole. Son, mas bien, una enumeración de temas que las comunidades en cuestión estiman como prioritarios o de urgente atención por los Estados en los que viven. Quienes creemos en algunas de estas agendas, o en todas, aún si no somos parte de la comunidad propiamente dicha, tenemos la responsabilidad de respetarlas, visibilizarlas y ayudar a impulsarlas desde nuestros campos de acción.

Nuestra ceguera social, sin embargo, es profunda. Y, como mencionaba antes, tiene la capacidad de distorsionar las intenciones, así como los mensajes contenidos en cualquiera de estas agendas. Al fin y al cabo, son aspiraciones y objetivos que afectan –o buscan afectar– el statu quo.

Durante años, la “agenda homosexual” se ha entendido como un listado de punto único: el reconocimiento del derecho al matrimonio civil. Con lo fundamental que es este derecho debido a todos los demás que se derivan de él –derechos previsionales, laborales, hereditarios, patrimoniales, representación en temas de salud, y otros–, lo cierto es que la agenda de la comunidad va mucho más allá de este punto, además de no ser monolítica. Las experiencias y necesidades de las mujeres lesbianas son distintas a las de las mujeres trans, que a su vez son distintas a las de los varones homosexuales y las personas bisexuales. Diferencias que, además, se acentúan si pensamos en ámbitos geográficos distintos, grupos etarios e identidades étnico-raciales.

Nuestra ceguera social, sin embargo, y como es de entenderse, también se refleja en una ceguera institucional, con graves consecuencias para las personas de la comunidad. No solo muchos de sus derechos son limitados o no reconocidos, estrictamente sobre la base de su orientación sexual y/o su identidad y expresión de género – que es la definición exacta de discriminación–, sino que, además, los marcos de gestión pública nacional no han desarrollado herramientas para atenderles. Si bien se les menciona en algunos instrumentos de política como una población vulnerable –aunque vulnerabilizada sería una descripción mucho más precisa–, a nivel de gestión o implementación de políticas, planes y programas, no se ubican servicios particulares para esta población o, por lo menos, protocolos o lineamientos que creen estándares de calidad determinados para su atención diferenciada cuando esta es pertinente. En otras palabras, si bien algunos de los planes o estrategias nacionales identifican explícitamente a la población LGTBIQ+ como un grupo que necesita atención particular, los documentos que implementan estas políticas no desarrollan cómo hacerlo ni en qué casos, derivando así en la ausencia de servicios y programas que les asistan con base en sus necesidades particulares: atención en salud ginecológica y de prevención de ETS para mujeres que no tienen relaciones sexuales con hombres; mujeres a quienes también debe dársele acceso a servicios de salud sexual desde una aproximación diferencial; protocolos de atención específicos para la denuncia de casos de violencia en el caso de las personas trans, para minimizar los procesos de revictimización por parte de los agentes policiales o de administración de justicia; la incorporación de herramientas de medición para consignar episodios de discriminación u hostigamiento laboral basado en orientación sexual en los procedimientos de supervisión de condiciones laborales, entre otras, son solo algunas de las formas en que la particularidad de las experiencias de vida y necesidades de la población LGBTIQ+ son ignoradas por el Estado. Siendo importante anotar, que la implementación de adecuaciones como las descritas no acarrearían “beneficios exclusivos” para esta población, sino adecuaciones necesarias para que esta sea efectivamente incluida en la provisión de servicios estatales ya existentes. 

Nuestra Constitución Política establece que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. El aterrizaje práctico para tan encumbradas palabras debe ser una administración pública que sirva a la ciudadanía, en su diversidad y con base en sus necesidades. No adecuar los servicios y programas estatales en base a estas diversas necesidades es dejar las piedras de siempre en la pista de carreras, y esperar sentados a que quienes se vienen tropezando históricamente lo sigan haciendo.