Apoye. No castigue

Respuesta a un señor molesto con las personas que usan drogas

Raúl Lescano Méndez es cofundador y editor de Soma, plataforma que acerca a la ciudadanía los debates y acciones más urgentes, novedosos y actuales sobre el complejo mundo de las drogas. Es periodista y editor freelance. Ha trabajado o colaborado para medios como Vice, Bocas, El Espectador, GK y LaMula.pe, entre otros. Fue editor de la revista Poder y becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (hoy Fundación Gabo) y del diplomado en Políticas de Drogas, Salud y Derechos Humanos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México.

Desde hace diez años, cada 26 de junio se celebra la campaña global ‘Apoye. No castigue’, que exige el cambio de las políticas punitivas de drogas por otras basadas en la salud y los derechos humanos. Su crecimiento es constante y este año marcó un nuevo récord: participaron organizaciones en al menos 284 ciudades de 91 países. Lima fue una de ellas. A la espalda del Centro Cívico, en el Centro de Lima, proyectamos en una gran pared algunos datos que suelen desencajar a la gente. Uno de ellos era: “90% de lxs usuarixs de drogas NO generan consumos problemáticos”. Sí, 90%. Este dato se desprende todos los años —varía entre 80 y 90%— de los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La premisa era sencilla: si la verdad nunca nos la pusieron en los salones del colegio, pues la pondríamos inmensa en las calles. 

Si hablar de drogas es difícil, hablar de drogas con la verdad lo es aún más. Sesenta años de “A la droga dile No”, “Las drogas acabarán con tu vida”, “Si las pruebas te volverás adicto” y demás versiones discursivas del prohibicionismo han surtido efecto. No en la prevención del consumo, sino en los imaginarios. Un señor se acercó y nos preguntó, molesto: “¿El narcoestado es un problema?”. “Claro que sí”, le respondimos. Dijo: “¡Entonces, pues! ¡Mientras se consuman drogas, habrá narcoestado, pues!”. El señor rechazó las cartillas gratuitas en las que explicamos nuestros datos y se fue. 

La opinión del señor es entendible. Durante décadas las políticas de drogas no solo han sido contra las drogas, sino contra quienes usan drogas; o sea, contra las personas. Ese discurso se ha traducido en la lógica de ese señor: si, por ejemplo, existe un mercado ilegal de drogas, y este compra políticxs, policías y demás autoridades —felices ellxs— para mantenerse o seguir creciendo, no es por culpa de las políticas prohibicionistas que han entregado todo ese mercado a la ilegalidad, ni de lxs políticxs, policías o autoridades corruptas, o de las empresas que lavan el dinero ilegal. No. La culpa es de un joven que fuma marihuana en un parque para reírse con sus amigxs, o de una trabajadora que el fin de semana se toma una pastilla de éxtasis para relajarse y bailar, o de un taxista que aspira cocaína para completar sus horas de servicio, o de cualquier otro tipo de usuarix de drogas ilegales que usted conozca. 

Esta criminalización no es solo discursiva. Cada 26 de junio también, por ejemplo, la misma ONU celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y sus representantes brindan por “la acción y la cooperación para lograr el objetivo de un mundo libre del uso indebido de drogas”. O sea, un mundo libre de usuarixs de drogas. Como consecuencia de ello, la regla es la vulneración de los derechos de las personas. En el Perú, por ejemplo, el artículo 299 del Código Penal señala claramente que la posesión de drogas para consumo personal no es un delito; sin embargo, el 55% de todas las detenciones por drogas que efectúa la policía son contra usuarixs, como detalla el estudio La lucha contra las drogas en Perú: una batalla perdida (UPC). 

Las políticas contra las drogas son políticas contra las personas porque son la manera más sencilla de las autoridades de fingir que los millones invertidos —en nuestro país, según OjoPúblico, 2.100 millones de soles solo entre el 2012 y 2017— están siendo usados para ‘salvar’ a la sociedad de las drogas. La verdad es que ese dinero se dirige solo a capturar a los eslabones más débiles, pobres y vulnerables de la cadena (cultivadorxs, microcomercializadorxs, burriers) que no afectan en nada al negocio, y a narcotraficantes muy conocidos que fácilmente son reemplazados; y no a perseguir a las autoridades corruptas y a las grandes empresas que lavan dinero. Pero la verdad más profunda es que el objetivo de la prohibición es de una terquedad, a estas alturas, ya demasiado evidente. 

Las drogas se han consumido, se consumen y se consumirán. Su uso se rastrea con más claridad desde la revolución neolítica. Y desde 1974, cuando a Richard Nixon se le ocurrió declarar que aquello intrínsecamente humano era, más bien, un peligro para la humanidad y prohibió las drogas, la producción y el consumo no han disminuido: según datos de la misma ONU, para el año 2020 lxs consumidorxs de drogas entre los 15 y 64 años aumentaron un 26% respecto a la década anterior. Esto no tendría que ser ninguna alarma. Pero sí lo es por la prohibición, que incrementa los riesgos debido a que ha impedido las investigaciones científicas y la educación en torno al consumo de estas, y sobre todo su control de calidad. Otro factor grave que ha aumentado es la infiltración del narcotráfico en los Estados. ¿Con qué dinero era que se compraban las autoridades durante el fujimontesinismo? ¿Por cuáles indultos es que se investigaba a Alan García? ¿Qué era lo que se encontró en la oficina de Kenji Fujimori? ¿Creemos que fueron solo excepciones? 

La prohibición de las drogas no solo creó el narcotráfico. También lo alimenta y fortalece, mientras enriquece a sus cómplices en la política, la justicia y la economía. Pero, además, altera nuestra noción de la realidad, de lo que significa la seguridad, la salud, el placer, la libertad. Por eso, hablar de drogas es un pretexto para hablar de nuestros derechos. Y como la prohibición le ha mentido a una generación tras otra —con implicaciones devastadoras para millones de personas—, uno de esos derechos, quizá uno de raíz, es el derecho al acceso a la información de calidad.  

Por ejemplo, usted quizá muchas veces se ha topado con ese 80-90% de usuarios de drogas funcionales sin problemas, tranquilos, ciudadanos. Pero se lo ha topado de otra manera. La ONU se lo dice así: 36 millones sufrieron trastornos por consumo de drogas. Alarmante, ¿no? Bueno, esos 36 millones de personas con consumos problemáticos son el 14% de los 275 millones que las usan.

Por ello, desde 2018 en proyecto Soma (www.proyectosoma.com) nos hemos dedicado a acercar a lxs ciudananxs la información más importante, novedosa y actualizada sobre el mundo de las drogas que publican medios periodísticos de calidad, instituciones renombradas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Si usted, por ejemplo, no tiene tiempo de leer ese reportaje de dos mil palabras que, además, está en inglés, nosotros le contamos en cien palabras algunas ideas que no debe perderse de ese contenido. Además, desde 2021 iniciamos otra línea de trabajo que decenas de organizaciones ya practican en todos los continentes: asistimos a las fiestas y entregamos gratuitamente cartillas sobre efectos, dosis, intoxicaciones y cuidados para que lxs mayores de edad que han decidido consumir alguna sustancia en el ejercicio de su libertad puedan hacerlo de manera informada y con los menores riesgos posibles. ¿Drogas? Decida usted, es su derecho. Nosotrxs le brindamos la posibilidad de decidir y opinar de manera informada. 

Señor molesto con los usuarixs de drogas, lo entendemos. Lamentamos mucho que le haya tocado vivir las décadas de mentiras del prohibicionismo punitivo. Le aseguramos que ese engaño está próximo a acabar y el futuro de sus hijxs, sobrinxs o nietxs será distinto.