¿Qué (otras) cosas dificultan que nuestra Policía proteja nuestro derecho a la protesta?
Nicolás Zevallos es criminólogo, especializado en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales. Fundador del Instituto de Criminología. Ha sido jefe de gabinete y viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior.
Han pasado poco más de dos años desde que fuera seriamente cuestionada la intervención policial en las manifestaciones ciudadanas durante el 14N en Perú. Hubiera sido deseable que aquel contexto fuera un punto de quiebre para estas situaciones. Sin embargo, durante las últimas semanas hemos vuelto a vivir escenarios críticos, donde el enfrentamiento con las fuerzas del orden —sumando esta vez a las Fuerzas Armadas— se encuentra nuevamente asociado a consecuencias más que lamentables.
En efecto, los sucesos de noviembre de 2020 debieron marcar un hito de no repetición de escenarios de protesta donde la intervención policial se encuentre asociada a situaciones que merezcan ser investigadas. De hecho, ese fue uno de los compromisos asumidos durante el pasado gobierno de transición de Francisco Sagasti, y uno de los aspectos incluidos en las bases para el fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú, elaboradas con la activa participación de la institución policial.
Y no es que antes la policía no hubiera contado con un marco para la adecuada actuación en manifestaciones. El Manual de Derechos Humanos con el que actúa nuestra policía es reconocido por su detalle y precisión al abordar el progresivo uso de la fuerza en diferentes escenarios. Basados en este manual, los planes de operaciones suelen ser cautelosos al momento de determinar los medios y procedimientos a utilizar en cada momento de las manifestaciones, de acuerdo con las apreciaciones de inteligencia que se reciben.
Pero existe una enorme distancia entre los documentos y la práctica. Los testimonios de los policías dan cuenta de diversas barreras. Hace pocos días se hizo viral un audio sobre el desabastecimiento de pertrechos durante una de las manifestaciones. El únicorochabús que queda fue comprado a mediados del siglo pasado y se encuentra inoperativo. Asimismo, uno de los últimos kaspires operativos —portatropas blindados— fue incendiado en Juliaca.
A esto hay que sumar la preparación de los policias que participan en las manifestaciones. Los integrantes de las Unidades de Servicios Especiales (USE) no solo requieren equipamiento. La complejidad de los escenarios que enfrentan demanda un entrenamiento y preparación sostenida en el uso de los medios disponibles y pertinentes, pero, especialmente, en la toma de decisiones que pueden conllevar a desenlaces de distintas magnitudes. Al respecto, en varias de las conversaciones con policías, uno de los temas mas críticos que aparece es la salud mental y el manejo del estrés de quienes operan en uno de los contextos más tensos y lamentablemente recurrentes de nuestra historia reciente. Todo esto se hace mas complejo cuando, por necesidad del servicio, se debe disponer de personal de otras unidades no necesariamente preparados para estos fines.
A pesar de tener una ruta trazada para mejorar estas condiciones, durante los meses que duró el gobierno saliente, la política seguida con la Policía Nacional del Perú solo precarizó las condiciones. La politización de las decisiones detrás de los continuos cambios en el sector Interior y el Comando Policial, además de un sostenido mensaje de desprecio hacia las fuerzas policiales, hicieron imposible que se puedan poner en marcha iniciativas positivas para una mejor actuación de la Policía Nacional.
Entonces, por más buenas intenciones y excelentes planes de operación que se pueda tener, la precariedad de las condiciones en las que se opera a veces escapa a las posibilidades del buen manejo policial. Esta situación no es justificación alguna para las responsabilidades inmediatas en el manejo de los conflictos y que deben estar siempre sujetas a fiscalización. A pesar de las precariedades, alguien siempre tiene el manejo de las órdenes que se siguen. Sin embargo, también plantea la necesidad de mirar responsabilidades a largo plazo.
El objetivo debe ser siempre que el ejercicio de la protesta no decante en situaciones violentas con consecuencias lamentables. Y si las protestas son instrumentalizadas para fines subalternos, la labor policial debe enfocarse en separar la paja del trigo y evitar que esa instrumentalización deslegitime a las demandas ciudadanas.
Bajo este incontestable parámetro es necesario pensar qué medidas deben tomarse de inmediato para dar un giro de 180 grados en esta materia. Entre los diversos aspectos, existen experiencias que van más allá del equipamiento y entrenamiento. Algunas prácticas pueden integrar mecanismos que convoquen de manera formal y sostenida a entidades como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, o a la misma sociedad civil en el seguimiento y monitoreo de las manifestaciones.
Debe entenderse que con esto no solo serán beneficiados tanto los ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta como aquellos que deciden no involucrarse. Son también beneficiados los policías que participan en estos servicios, al contar con mejores medidas de protección física, psicológica y legal en sus intervenciones. Sobre todo, pensando en la necesidad de mantener la moral alta en el cuerpo policial y las relaciones constructivas con su comunidad. Pero también entendiendo que, cuando las cosas se ponen complicadas, la pita se rompe siempre por el lado más débil. En otros términos, el beneficio es general si contamos con mejores medidas y mecanismos firmes para cautelar siempre el derecho a la protesta.
Para muchos estas ideas resultarán prematuras, pues aun nos encontramos en medio de la tensión. En realidad resultan reiterativas, pues lamentablemente nos toca regresar cada cierto tiempo a repetir la importancia de superar estas situaciones con un adecuado manejo de los escenarios de conflicto.
Si terminamos de aceptar que la policía es el pueblo hecho ley, deberíamos preocuparnos de que tenga las condiciones adecuadas para cautelar el derecho a la protesta. Pero tal vez lo más necesario en este aspecto pasa por entender que los conflictos políticos requieren soluciones políticas. Que por más que la policía deba intervenir para cautelar el derecho a la protesta, la solución nunca será policial, sino política.
Casi medio centenar de peruanos muertos y los cientos de heridos entre civiles y policías en estas últimas manifestaciones deberían ser un definitivo llamado de alerta para todos nosotros.
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No es justificación, de acuerdo, pero sí un valioso artículo para la comprensión de los hechos.
Saludos