25 años después, un día clave

Natalia Sobrevilla
enero 10, 2021


Las esterilizaciones forzadas de los 90 avanzan hacia su desenlace


Mañana, lunes 11 de enero, a las 9:30 am., se realizará la audiencia de sustentación de cargos del fiscal Pablo Espinoza ante el juez Rafael Martínez sobre las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Han pasado veinticinco años desde que se dio inicio a la política de control de la natalidad por parte de aquel gobierno y, tras muchos avances y retrocesos, finalmente nos acercamos al inicio del juicio oral. ¿Pero cómo llegamos hasta este momento y qué esperamos de la justicia?

En 1995, el recientemente reelecto presidente Fujimori fue el único jefe de Estado varón que participó en la 4ta. Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en Beijing. En dicho encuentro presentó su política de población, considerada como una de las más modernas en la región porque incluía la posibilidad de la esterilización voluntaria tanto de hombres como de mujeres. Las feministas y los grupos progresistas celebraron, mientras que la Iglesia Católica se posicionó inmediatamente en contra.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar fue aprobado en 1996 y, en los cuatro años siguientes, un aproximado de 300,000 mujeres y 30,000 hombres fueron esterilizados, muchos sin el consentimiento apropiado e, incluso, en contra de su voluntad. La mayoría eran campesinas indígenas y amazónicas y, en por lo menos 25,000 casos, no se les informó que el proceso era irreversible. Tampoco contaron con información en su lengua materna y, para mayor irregularidad, se les pidió un consentimiento firmado a quienes no sabían leer y escribir. 

El incentivo para llegar a estos extremos podría calificarse de perverso:  se establecieron premios y sanciones para que el personal médico se asegurara de que el número de esterilizaciones fuera elevado. Hubo ferias donde se ofrecieron recompensas a quienes participaban y castigos a quienes se negaron y, en algunos casos, el mismo personal de enfermería se esterilizó para llegar al número exigido. 

Los problemas de la implementación comenzaron casi de inmediato. Hubo mujeres que denunciaron lo que estaba sucediendo y también hubo víctimas, como Celia Ramos –madre de tres hijas, que falleció en 1997– y MaméritaMestanza –quien murió en 1998, dejando a seis hijos huérfanos–. La Iglesia Católica fue la primera en dar la voz de alerta, pero Fujimori acusó a los líderes religiosos de estar en contra del progreso. Algunas feministas comenzaron a investigar lo sucedido y Giulia Tamayo, de la organización DEMUS, presentó el primer informe detallado sobre este hecho en 1997. Algunos medios de comunicación, El Comercio en particular, comenzaron también a investigar y se toparon con algo muy diferente a lo que se anunciaba en la propaganda oficial. 

A pesar de la oposición, el programa continuó, pero fue perdiendo fuerza hasta concluir junto con el período de Fujimori el año 2000. El Gobierno de transición y el de Alejandro Toledo terminaron con el programa y buscaron un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte agravada de Mamérita Mestanza. En dicho acuerdo, de 2003, el Estado peruano se comprometió a liderar una investigación sobre los hechos sucedidos, además de reparar a las víctimas. Sin embargo, mucho tiempo ha pasado y los reclamos aún no han sido atendidos. El término “esterilizaciones forzadas” no volvió a hacerse público hasta las elecciones presidenciales de 2011, cuando Keiko Fujimori debió rendir cuentas por lo hecho durante el gobierno de su padre, cuando ella era la primera dama. La candidata debió explicar entonces por qué uno de sus allegados más cercanos era uno de los ministros de salud de su padre, Alejandro Aguinaga. En las últimas semanas de dicha campaña este tema se convirtió en uno de los principales en la discusión política y Fujimori terminó derrotada en las urnas.

Cuando Ollanta Humala llegó al poder, las esterilizaciones se convirtieron hasta cierto punto en un tema prioritario, pero, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones de víctimas y a la difusión que obtuvieron, los casos no avanzaron en el sistema judicial. En noviembre de 2015, a pocos meses de terminar su mandato, Humala creó el Registro de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Su implementación entre el 2016 y la actualidad ha tenido, como es de esperarse, avances y retrocesos ligados, en gran parte, a los problemas políticos vividos en el país. 

El proceso judicial ha seguido un camino paralelo y finalmente, después de muchos años de lucha y enfrentamientos a todo tipo de trabas, estamos muy cerca de oír los alegatos del fiscal ante el juez y esperamos que esto pueda dar paso al juicio oral. En él responderían ante la justicia los exministros de salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta. Además de Alberto Fujimori, por supuesto.

1 Comentario

  1. Gloria Dunkelberg

    Mucha información que no tenía…Terrible…que llegue pronto la justicia. Recuerdo que haciendo trabajo voluntario con Violeta Correa en el Pueblo Joven de Betania, propuso charlas de control de la natalidad y no se pudieron hacer porque se opuso el Arzobispo , no recuerdo quién era en ese entonces.

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Natalia Sobrevilla

Estudió Historia en la PUCP y es PhD en la misma materia por la Universidad de Londres. Actualmente tiene a su cargo la cátedra de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent. Viene investigando sobre la formación del Estado y la cultura política en los Andes desde fines de la Colonia hasta el siglo XIX. Es autora, entre otros, de los libros Santa Cruz, caudillo de los Andes y Los inicios de la república peruana.